La investigación sobre contratistas que vendieron casas a EPN, su esposa, y Videgaray, "no va a llevar, desde el punto de vista jurídico, a ninguna parte", aseguró el politólogo.
(Foto: Cuartoscuro/ Archivo)
La legislación en materia de conflicto de interés y la legislación en general en materia de responsabilidades en México, es sumamente débil, pues no hay posibilidades de poder llegar a una conclusión que no sea la exoneración del funcionario, sostuvo Mauricio Merino, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Durante su participación en una mesa de análisis sobre ese tema, esta mañana en Noticias MVS primera emisión, señaló que la actual legislación pide a servidores públicos que se abstengan de intervenir, “es una legislación definida por acción y omisión. Si los servidores públicos no han intervenido de manera directa, personal, en la asignación de contratos, o de asignación de recursos públicos”. Lo que resulta es que los funcionarios se vuelven inculpables de haber caído en conflicto de interés, “para que eso sucediera, el Presidente tendría que haber personalmente asignado esos contratos, y obviamente no lo hizo”, señaló.
Por otro lado, la responsabilidad que atañe al trabajo de los subordinados del Presidente, tampoco está suficientemente regulada.
Además, la Constitución establece que al Presidente de la República sólo se puede juzgar, durante el periodo de su encargo, por traición a la patria o delitos graves del orden común; es decir, “tiene el más amplio fuero imaginable, y desde luego ese fuero le protege ampliamente de cualquier acusación sobre conflicto de interés“.
“No se necesita tener un panel de expertos, para saber que esto no va a llevar, desde el punto de vista jurídico, a ninguna parte”, sostuvo Merino.
Este panorama “nos convoca a la acción”, a buscar opciones, “para tratar de imputar a los funcionarios poderosísimos del país, que a través de sus actos han dañado la confianza pública de México”, mencionó el politólogo.
“A mí me parece que ya es hora de que cobremos conciencia que nuestro marco jurídico es muy deficiente en esta materia”, indicó.
Subrayó que hasta ahora no han prosperado las denuncias penales presentadas contra diversos funcionarios de la administración pública.
“Nosotros seguimos creyendo que con el marco jurídico que tenemos basta para levantar la cara y luchar contra la corrupción… nos estamos equivocando”, sostuvo.
Respecto al reciente nombramiento de Virgilio Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública, Merino consideró que “la crisis de credibilidad es mucho mayor de lo que la respuesta del presidente alcanza a cubrir o a responder… el discurso quiere salir del paso, del momento, pero no alcanza ni remotamente a resolver el problema de fondo de corrupción, que no es que esté en las sombras del sistema, es que es el sistema, y mientras no modifiquemos esas condiciones, vamos a seguir nadando en escándalos cotidianos”.
Ante lo que estamos es “una exoneración anticipada” del Presidente, por el caso de las casas adquiridas a contratistas del gobierno, aseveró.
“El daño de la corrupción es brutal en México, daña la democracia, daña la credibilidad de los partidos, daña las inversiones, daña profundamente la redistribución del ingreso en México”, apuntó.
Durante su participación en una mesa de análisis sobre ese tema, esta mañana en Noticias MVS primera emisión, señaló que la actual legislación pide a servidores públicos que se abstengan de intervenir, “es una legislación definida por acción y omisión. Si los servidores públicos no han intervenido de manera directa, personal, en la asignación de contratos, o de asignación de recursos públicos”. Lo que resulta es que los funcionarios se vuelven inculpables de haber caído en conflicto de interés, “para que eso sucediera, el Presidente tendría que haber personalmente asignado esos contratos, y obviamente no lo hizo”, señaló.
Por otro lado, la responsabilidad que atañe al trabajo de los subordinados del Presidente, tampoco está suficientemente regulada.
Además, la Constitución establece que al Presidente de la República sólo se puede juzgar, durante el periodo de su encargo, por traición a la patria o delitos graves del orden común; es decir, “tiene el más amplio fuero imaginable, y desde luego ese fuero le protege ampliamente de cualquier acusación sobre conflicto de interés“.
“No se necesita tener un panel de expertos, para saber que esto no va a llevar, desde el punto de vista jurídico, a ninguna parte”, sostuvo Merino.
Este panorama “nos convoca a la acción”, a buscar opciones, “para tratar de imputar a los funcionarios poderosísimos del país, que a través de sus actos han dañado la confianza pública de México”, mencionó el politólogo.
“A mí me parece que ya es hora de que cobremos conciencia que nuestro marco jurídico es muy deficiente en esta materia”, indicó.
Subrayó que hasta ahora no han prosperado las denuncias penales presentadas contra diversos funcionarios de la administración pública.
“Nosotros seguimos creyendo que con el marco jurídico que tenemos basta para levantar la cara y luchar contra la corrupción… nos estamos equivocando”, sostuvo.
Respecto al reciente nombramiento de Virgilio Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública, Merino consideró que “la crisis de credibilidad es mucho mayor de lo que la respuesta del presidente alcanza a cubrir o a responder… el discurso quiere salir del paso, del momento, pero no alcanza ni remotamente a resolver el problema de fondo de corrupción, que no es que esté en las sombras del sistema, es que es el sistema, y mientras no modifiquemos esas condiciones, vamos a seguir nadando en escándalos cotidianos”.
Ante lo que estamos es “una exoneración anticipada” del Presidente, por el caso de las casas adquiridas a contratistas del gobierno, aseveró.
“El daño de la corrupción es brutal en México, daña la democracia, daña la credibilidad de los partidos, daña las inversiones, daña profundamente la redistribución del ingreso en México”, apuntó.
