El día 28 de junio de 1995 la Policía Motorizada y Judicial del estado de Guerrero, masacró a 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, la matanza fue ordenada por el entonces gobernador del estado Rubén Figueroa Alcocer.
Con ello se pretendía frenar, intimidar y disgregar a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, la cual exigía a las autoridades estatales apoyo a la producción, láminas, carreteras, escuelas, centros de salud, servicios, la protección de bosques y áreas naturales y justicia por los desaparecidos de la guerra sucia.
ANTECEDENTES
La OCSS se constituyó en enero de 1994. Desde los primeros días se distinguió por su capacidad de convocatoria entre los habitantes más pobres de la sierra, de todas las edades, muchos jóvenes y adolescentes, hombres y mujeres, y por sus manifestaciones públicas con métodos considerados como radicales, como la toma de carreteras y de palacios municipales.
Demandaban apoyo para la producción de alimentos, láminas para techar las viviendas, carreteras, escuelas, centros de salud, servicios, y se proponían la defensa de los bosques y de los recursos naturales. Pero también pedían participar en la elección de autoridades en los pueblos, exigían la salida de los grupos policiacos y del Ejército de las comunidades y la presentación de los desaparecidos de la guerra sucia de la década del 70.
El gobernador Figueroa se movía en una lógica de guerra, y puso a la OCSS en la mira de su política de contrainsurgencia, como lo hizo con otros sectores de oposición que no se sometieron a su control.
Durante su gobierno, de menos de tres años, la lista de militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dirigentes sociales asesinados por motivos políticos llegó a 84, además de diez asesinatos colectivos en los últimos ocho meses de su administración, casi todos con intervención de grupos policiacos del estado, que sumaron 67 víctimas.
Rápidamente la nueva organización –que se fundó en Tepetixtla, la comunidad más poblada de la sierra guerrerense, con 20 mil habitantes, la mayoría muy pobres y que fue el lugar donde tuvo más desarrollo– se dio a conocer por sus acciones radicales.
Expulsó al grupo de la Policía Motorizada de Tepetixtla y tomó el cuartel de esa corporación, destruyó las grúas y maquinaria pesada de una empresa privada que explotaba los bosques comunales, paró las actividades de los camiones que transportaban madera de esos bosques, tomó el Palacio Municipal de Coyuca de Benítez y de Atoyac, donde quedaron encerrados varias horas los alcaldes y los principales funcionarios, y reiteradamente bloqueó la carretera federal de la Costa Grande, única vía de comunicación de la región y de los centros turísticos de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, dos de los principales del país.
Ingresaron a la nueva organización campesinos que se habían salido del PRD, con cuestionamientos a algunos de sus dirigentes locales porque no defendían los intereses del pueblo, y otros siguieron en las filas de ese partido pero con una actitud crítica. Algunos de sus miembros también pertenecían o habían pertenecido a la Coalición de Ejidos de la Costa Grande, la organización social más importante de la región, a la que los fundadores de la OCSS consideraban limitada en sus objetivos porque luchaba por la producción y por demandas económicas pero dejaba de lado las demandas sociales, la defensa de los derechos humanos y de los derechos políticos.
Figueroa vio en esta organización el germen de un nuevo movimiento guerrillero, o por medio de su aparato de espionaje creía descubrir vínculos con antiguas organizaciones armadas como el Partido de los Pobres o el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP).
Desarrolló una política para golpear a la OCSS. Buscó intimidar, corromper y coptar a sus dirigentes, y el primer resultado fue una escisión, de la que se formó la Organización Benito Juárez, auspiciada por Figueroa, que después fue acusada de asesinatos de militantes de la OCSS en la sierra de Tepetixtla.
Encarceló a uno de sus integrantes, José Guadalupe Guzmán Martínez, hermano del principal dirigente, Benigno Guzmán Martínez, y lo tuvo como rehén para que la OCSS no se movilizara en las elecciones presidenciales de 1994.
Intentó quitarle bases a la organización mediante la respuesta parcial a demandas inmediatas como fertilizantes y despensas, y también trató de dividirla, respondiendo a las demandas sólo del núcleo principal, el de Tepetixtla, mientras relegaba a los de otros municipios.
Recurrió a los métodos más arcaicos de represión como la desaparición forzada. La OCSS atribuye a Figueroa la desaparición de Gilberto Romero Vázquez, uno de los representantes de la sierra de Atoyac, que fue visto por última vez el 24 de mayo de 1995.
Llegó a la matanza del vado de Aguas Blancas, cuando la organización tenía un año y medio de actividad, y ya era conocida la hostilidad de Figueroa hacia la OCSS.
En septiembre de 1994 se reunieron con el gobernador los dirigentes de Tepetixtla, Benigno Guzmán y Gabino Luna, que le presentaron un pliego de demandas. Figueroa les dijo que les iba a dar todo lo que pedían, pero que a los desaparecidos de la década del 70 “ya se los había llevado la chingada, ya no tienen vuelta”. Y los amenazó: “Está duro el problema con ustedes. En cualquier rato se los puede llevar la chingada”.
En abril de 1995, cuando la OCSS se movilizó contra la explotación de los bosques comunales de Tepetixtla, Figueroa se reunió en Acapulco con los representantes Marino Sánchez Flores y Jesús Maldonado Luna, y en tono de acusación les dijo: “Se dice mucho que ustedes son guerrilleros”.
El 3 de mayo, Figueroa subió a Tepetixtla, a una reunión con miembros de la OCSS, acompañado por el comandante de la Novena Región Militar, general Enrique Tomás Salgado Cordero.
Representantes campesinos de los municipios de Coyuca, Atoyac, Petatlán, La Unión y Coahuayutla presentaron al gobernador sus pliegos de demandas. El petitorio general de la OCSS fue leído por Gilberto Romero Vázquez, originario de la sierra de Atoyac, que 21 días después fue desaparecido.
A Benigno Guzmán le tocó plantear la exigencia de la salida del Ejército y de las corporaciones policiacas de la sierra. También expresó: “Estamos cansados de tanta marginación, si el gobierno no responde al pueblo, si para mejorar las condiciones de vida de los campesinos hay necesidad de una revolución, estamos dispuestos a hacerla con gusto”.
El general Salgado Cordero acusó a Benigno Guzmán de llevar “ideas extrañas a los campesinos”.
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LA VERSIÓN OFICIAL
Desde la perspectiva que ofrece el distanciamiento histórico con respecto de los hechos objetivos, observamos en primer término, que el mismo día de los hechos, según consta en la conclusión emitida por la comisión respectiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Comunicación Social del gobierno del Estado de Guerrero y el Sistema de Radio y Televisión del gobierno del mismo Estado distribuyeron un video con "la versión oficial", en cual se aprecia la imagen de los cuerpos de los campesinos tendidos en el camino, muertos, con tomas de acercamiento de las manos inertes empuñando pistolas, mismo que de inmediato fue profusamente difundido a través de los medios masivos de comunicación.
Al siguiente día, el 29 de junio, el entonces gobernador del estado concedió una entrevista telefónica para un programa de televisión a través de la cual manifestó públicamente que "el problema se presentó cuando una persona brincó con un machete sobre un policía y casi le cercenó el brazo".Posteriormente, en una entrevista televisada, el licenciado Antonio Alcocer Salazar, entonces Procurador de Justicia del Estado leyó un documento con un discurso previamente diseñado con la finalidad de establecer los términos de un escenario, sobre todo creíble pero, por el contrario, la versión ofrecida al público por el entonces Procurador del Estado configuró un versión absurda en la cual destaca la habilidad sobrehumana de un policía para esquivar la trayectoria de una bala disparada en su contra por un provocador infiltrado dentro del grupo de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, quienes finalmente fueron asesinados y heridos.Junto con el resto de la propaganda que el gobierno del estado se encargó de difundir para posicionar su versión del genocidio, el video y las declaraciones del gobernador y del procurador de justicia constituyen la base de la versión oficial.El análisis pericial de los peritos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también conoció el otro video que constituye la matriz original de la versión oficial y al cual la Comisión denominó "toda la verdad", mismo que esencialmente fue conocido por la opinión pública nacional e internacional a través del programa televisivo Detrás de la noticia, conducido por el periodista Ricardo Rocha.
Un análisis elemental de la diferencia entre el video "versión oficial" y el video denominado "toda la verdad" arroja los siguientes resultados:
"Versión oficial"
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"Toda la verdad"
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Diferencia
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Tamaño del video: 4,287 cuadros
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26,635 cuadros
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22,378 cuadros
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Tiempo de duración: 2 mins 22 segs.
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14 mins. 48 segs.
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12 mins. 26 segs.
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Al respecto, resultó evidente una diferencia de 22,378 cuadros y de 12 minutos 26 segundos de duración que fueron suprimidos dolosamente, aunque se desconoce --porque no hubo evidencias de ello-- quién o quiénes fueron los responsables intelectuales y materiales de tal manipulación.
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LOS HECHOS
En la sierra de Coyuca de Benítez, cerca del poblado de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995 fueron asesinados 17 campesinos y heridos 21, por efectivos de la policía Motorizada y Judicial del estado que pusieron un retén, por órdenes del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, para impedir una manifestación de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
Los campesinos se dirigían a Atoyac de Alvarez, el municipio vecino en la Costa Grande de Guerrero. Iban a exigir la presentación de uno de sus compañeros, Gilberto Romero Vázquez, que estaba desaparecido, y la entrega de fertilizantes, láminas de cartón, despensas, herbicidas y otros insumos agrícolas para comunidades de cinco municipios.
Más de 400 policías los estaban esperando para detenerlos en el vado del río de Las Hamacas, a 3 kilómetros de Aguas Blancas, encabezados por algunos de los principales funcionarios del área policiaca del gobierno del estado.
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Los sobrevivientes aseguran que los heridos fueron ejecutados con un tiro en la cabeza. Dieciseis campesinos resultaron muertos, otro falleció posteriormente. Después de la matanza los policías colocaron armas de fuego en las manos de los campesinos muertos y aseguraron que ellos habían actuado en legítima defensa.
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LOS RESPONSABLES
En el lugar de los hechos se encontraba un helicóptero en el cual estaban a bordo el secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán y el director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy. En el momento que se escuchó el primer disparo, el helicóptero levantó el vuelo. El comandante Manuel Moreno González, director de Protección y Vialidad del Estado, responsable de la policía Motorizada, dirigía el operativo.
Todo indica que la masacre fue planificada cuidadosamente. La tarde del martes 27 de junio, los responsables del hospital municipal de Atoyac recibieron instrucciones del gobierno estatal para que estuvieran preparados para cualquier contingencia en las próximas horas. Al mismo tiempo varios grupos de policías salieron por la noche hacia Coyuca de Benítez. Este mismo día, el gobernador habló con la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, y le dijo que ya había tomado providencias para que el grupo de la OCSS no llegara a la manifestación de Atoyac y que iban a tratar de detener a la gente de Tepetixtla «a como dé lugar». Después de la masacre, tuvieron otra conversación telefónica y el gobernador dijo «¡Venían a la guerra y guerra tuvieron! ¿Somos o no autoridad?».
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PROTEGER A LOS RESPONSABLES
La matanza de Aguas Blancas causó indignación en México y en el mundo. Organizaciones sociales y políticas de oposición, organismos civiles defensores de los derechos humanos, e incluso organismos gubernamentales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA se sumaron a las exigencias de justicia.
Sin embargo, en todo momento, las instancias de procuración de justicia y judiciales, a las que corresponde lo jurídico del caso, protegieron a Figueroa y a sus principales colaboradores; lo mismo los diputados y senadores priístas federales y locales, que en tribuna y comisiones rechazaron las demandas de juicio político; y los gobernadores, presidentes municipales priístas, las estructuras del gobierno federal, los obispos de la Iglesia católica guerrerense y el presidente de la República Ernesto Zedillo.
El leve maquillaje que se hizo a la injusticia, con el encarcelamiento de 28 policías y cuatro funcionarios de nivel medio fue sólo una forma para desviar la investigación y la atención de la sociedad. Pronto, ese maquillaje se fue desvaneciendo. Un año después, el 11 de julio de 1996, quedó en libertad el primero de los cuatro, el delegado de Gobernación en la Costa Grande, Gustavo Martínez Galeana, quien grabó en video la matanza.
En abril de 1999 fueron liberados 15 de los 28 policías motorizados que estaban presos por homicidio de los 17 campesinos y el ex subprocurador de Justicia, Rodolfo Sotomayor Espino, el funcionario de mayor rango que fue encarcelado.
El director de la Policía Motorizada, Manuel Moreno González, quien personalmente encabezó a los policías que dispararon contra los campesinos, quedó en libertad el 25 de agosto de 2002.
En septiembre y octubre de 2003 salieron de la cárcel de Acapulco seis policías más. Sólo quedaban siete y el director de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos, que fueron trasladados a cárceles lejanas de la vigilancia pública para facilitar su libertad.
Quedó al descubierto que aun el enjuiciamiento de una pequeña parte de los autores materiales fue sólo para distraer y esperar un poco de tiempo.
No hubo voluntad de hacer justicia. Todas las estructuras gubernamentales intervinieron para justificar, proteger y apoyar a Figueroa, el responsable intelectual y político de la matanza de 17 campesinos, de 21 heridos, de la violación al derecho de libre tránsito, de manifestación, de organización y de información.
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