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| El voto de castigo. Cartón: Rocha |
MÉXICO, D.F. (Proceso).- México es un claro ejemplo de la indisociable relación entre una democracia deficiente y un gobierno disfuncional. El origen de esa nociva mezcla es la permanencia de los vicios típicos del régimen autoritario –corrupción política y electoral, conflictos de interés, abuso de autoridad, censura, matanzas perpetradas por la fuerza pública, tortura, violación de derechos humanos, impunidad–, con el agravante de que la idiosincrasia y las prácticas del priismo hegemónico parecen haberse enquistado en la totalidad del cuerpo político nacional.
El caso de México tiene características especiales, pero no es único en el mundo. Durante la última década, muchos países que transitaron del autoritarismo a la democracia han permanecido en lo que el politólogo Thomas Carothers ha llamado “la zona gris”, un estadio intermedio entre los dos sistemas que provoca estancamiento político y económico e impide el desarrollo democrático. Más allá de la realización de procesos electorales limpios –requisito indispensable de la democracia–, lo que suele fallar en este tipo de regímenes híbridos o “autoritarismos competitivos” es el respeto a las libertades civiles, la legalidad y los derechos humanos, lo mismo que el control de la corrupción y la fortaleza de la sociedad civil.
En su estudio sobre “la recesión democrática”, Larry Diamond enumeró 25 países en los que la democracia se ha derrumbado de 2000 a 2014, entre los que se hallan: Venezuela, Rusia, Tailandia, Filipinas, Honduras, Nicaragua y Turquía (“Facing up with Democratic Recession”, Journal of Democracy, enero de 2015). México no aparece en esa lista, aunque los trágicos y escandalosos acontecimientos de los últimos meses lo exigirían: Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, los conflictos de interés en que incurrieron el presidente y dos de sus secretarios de Estado –aún no aclarados– por haber obtenido beneficios inmobiliarios otorgados por contratistas del gobierno; la destitución de Carmen Aristegui de su noticiario radiofónico; el desplome de la credibilidad y legitimidad de la administración de Enrique Peña Nieto; la infiltración del crimen organizado en procesos electorales y la cooptación de funcionarios en los tres niveles de gobierno.
Tales hechos podrían adscribirse a lo que Diamond llama “degradación presidencial” (Executive degradation) o “abuso del Ejecutivo” (Executive abuse), al igual que la creciente violencia, la tortura y la violación de derechos humanos, que según el politólogo propician el colapso de la democracia.
A ello debe agregarse la desconfianza ciudadana en los procesos electorales. De acuerdo con un estudio de opinión solicitado por el Instituto Nacional Electoral, la mitad del electorado piensa que los procesos comiciales en el país no son confiables, el 23% opina que han sido parcialmente confiables y sólo una cuarta parte (27%) considera que sí han sido confiables. El 38% del electorado afirma que votará el próximo 7 de junio, casi la mitad (47%) no tiene voluntad de hacerlo y 15% aún no lo decide. Cerca de la mitad de los ciudadanos (46%) piensa que habrá violencia en los comicios de junio, al tiempo que 68% estima que la violencia ha aumentado. (Reforma, 27/IV/15.)
¿A qué se debe que la libertad y la democracia estén sufriendo una regresión en muchos países?, se pregunta Diamond. Su respuesta es contundente: el mal gobierno (bad governance). ¿Y cuál es la principal causa de la mala gobernanza? La corrupción y el abuso del poder.
Coincido con su diagnóstico. La falta de un verdadero estado de derecho, de transparencia y rendición de cuentas, así como la corrupción impune son el origen de los gobiernos fallidos.
Evidentemente, ello repercute en el mal desempeño económico, la desigualdad social y la pobreza que prevalece en los países, como México, que padecen una democracia degradada y gobiernos corruptos e ineficaces que impiden el desarrollo de sus pueblos. El magro crecimiento económico, la baja productividad y competitividad, la economía informal en la que trabaja más de las mitad de la fuerza laboral de México, el desempleo y los elevados índices de pobreza son problemas ancestrales que se agravan a causa de gobernantes ineptos y expoliadores. Mientras la nación naufraga, el negocio de esos truhanes va muy bien, como lo muestra Gabriel Zaid: De 2013 a 2014 los estímulos a servidores públicos aumentaron 96% (Reforma, 26/IV/15).
Y qué decir de los diputados, que en el mismo lapso recibieron mil 193 millones de pesos para gasto discrecional. He ahí una muestra patente de la inoperancia del principio de representación política, uno de los pilares de la democracia, que en México es mera ficción.
Lo anterior también es prueba de la insuficiencia de un criterio estrictamente procedimental para definir la calidad de la democracia con base en la celebración de elecciones libres y regulares. Se cumple con el proceso electoral para colocar en las curules de la representación popular a granujas ocupados sólo en satisfacer su irrefrenable codicia, como lo muestra la fotografía de Carlos Romero Deschamps hojeando un catálogo de yates mientras se discutía en el Senado el Sistema Nacional Anticorrupción. El senador priista y magnate del proletariado –con su fuero inmune y apapachado por el presidente y el director de Pemex– es el paradigma de la ominosa impunidad que prevalecerá en México, al menos durante el presente sexenio.
De acuerdo con Juan Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, y de Mauricio Merino, especialista en la materia, los indiscutibles avances del Sistema Anticorrupción tardarán una generación en rendir frutos plenos. La pregunta es si el país y la ciudadanía aguantarán 15 años más de fuero para legisladores, gobernadores y funcionarios deshonestos que no están obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, además de la impunidad selectiva que seguirá siendo prerrogativa metaconstitucional del presidente en turno.
Ninguna nación que se precie de ser democrática puede tener gobernadores (en funciones o con licencia) como el perredista Ángel Aguirre (de Guerrero), el priista Fausto Vallejo (de Michoacán) o el panista Guillermo Padrés (de Sonora) –virreyes de la corrupción, presumiblemente coludidos con el crimen organizado– gozando de total impunidad.
Una pseudodemocracia y un gobierno fallidos merecen ser castigados en las urnas. Que cada elector opte consciente y responsablemente por votar, abstenerse de hacerlo, tachar la boleta o boicotear el proceso electoral. El justificado hartazgo ciudadano debe hacerse sentir, pacífica pero enérgicamente, en los comicios de junio.
