Mancera evalúa a su gabinete, pero a él no lo evalúa nadie: activistas y analistas

Ciudad de México a 13 de Julio (SinEmbargo).– Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), también debería ser evaluado en su gestión, lo mismo que su gabinete, pues la capital del país sufre una severa crisis de seguridad y derechos humanos aunque él y su equipo no lo quieran admitir, dijeron activistas y analistas consultados por SinEmbargo.

Mancera pidió la renuncia a su gabinete hace varios días. Y la semana pasada explicó que, del resultado del análisis de su equipo, dará a conocer nuevos nombramientos o ratificaciones, esto antes de su Tercer Informe de Gobierno, que se realizará el próximo 15 de septiembre.

Pero analistas políticos, representantes de organizaciones sociales y activistas dijeron que él también debería ser sometido a una evaluación. La mayoría de las encuestas dan a Mancera una aprobación tan baja como la que no ha tenido ningún Jefe de Gobierno desde 1997, año en el que se extinguió la figura de Regente.

La revocación de mandato ha sido una petición permanente de la izquierda para el Presidente de la República. Pero no en la capital, donde gobierna.

Los entrevistados dijeron que, de hecho, no sólo su gabinete debe pasar por una evaluación, sino que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) debería revisar el papel que ha jugado el Jefe de Gobierno en la capital.

“Debe renovar en serio su gabinete, sino será pura demagogia. En seguridad están reprobada no sólo la Procuraduría: Mancera también está reprobado, por ello nos gustaría ver acciones contundentes, porque si la situación no mejora, lo mejor que puede hacer Mancera es pedir una disculpa y la renuncia”, dijo Virgilio Bravo Peralta, director del Centro de Negociación, Mediación, Conciliación y Arbitraje (CENCA) del Instituto Internacional de Estudios de Derecho y Jurisprudencia (IIEDJ).

El analista afirmó que si la evaluación de Mancera Espinosa es real, seguridad pública y todos los niveles de la impartición de justicia en la ciudad, incluso él, están reprobados.

El “talón de Aquiles” de Mancera durante la primera parte de su gobierno, de acuerdo con los expertos, son la seguridad y los derechos humanos.

Alejandro Cerezo Contreras, del Comité Cerezo México, recordó que Mancera tiene pendientes con los derechos humanos desde que era Procurador General de Justicia del DF en la administración de Marcelo Ebrard Casaubón (2006-2012).

Con él, dijo, se agravaron las detenciones arbitrarias durante las manifestaciones en las calles de la Ciudad de México.

“Como organización siempre lo hemos dicho: debe ser evaluado por todos los operativos. La situación de los derechos humanos es grave, la misma Comisión de Derechos Humanos del DF publicó que en 2014 hubo 22 presuntas desapariciones forzadas. La policía aún utiliza la tortura como método de investigación en la ciudad”, expuso.

Para Cerezo Conteras lo ideal sería que al cumplir tres años el Jefe de Gobierno se sometiera a un referéndum.

“Ese sería el ideal, que la gente lo evaluara. A la Comisión de Derechos Humanos[CDHDF] le tocaría también, pero no sé si quiera porque hay resistencia de parte de ellos de pronunciarse y recomendar sobre las detenciones en las manifestaciones”, argumentó.

MANCERA Y LA CRISIS DE SEGURIDAD

Miguel Ángel Mancera anunció que todo su gabinete está bajo análisis y está semana se darán a conocer los nombres de quiénes se van y quiénes se quedan. Foto: Cuartoscuro

Justo antes de cumplir seis meses de gobierno, la fundación City Mayors (que examina el gobierno de las ciudades) lo nombró Alcalde del mes de junio y según la página de Internet de la organización. Uno de los motivos que se tomaron en cuenta para su elección fue porque “cuando en diciembre de 2012 Miguel Ángel Mancera asumió como Alcalde de la Ciudad de México era inevitable que fuera comparado con sus dos predecesores inmediatos. Después de todo, tanto Manuel López Obrador (2000-2006) como Marcelo Ebrard Casaubón (2006-2012) implementaron cambios radicales en la ciudad”.

La organización justificó que Mancera supo “tomar lo hecho por López Obrador y Ebrard como una base sólida para comenzar a construir una ciudad que pueda competir de manera exitosa con otras metrópolis como Nueva York, Sao Paulo, Londres y Tokio”.

Sin embargo, a dos años y medio de gobierno, el Distrito Federal parece que se le salió de las manos.

Los primeros síntomas ocurrieron cuando desaparecieron 12 jóvenes de Tepito del bar Heaven, en la Zona Rosa, en 2013, una de las más vigiladas de la ciudad, parecía estar “blindado” ante los enfrentamientos, asesinatos y secuestros del crimen organizado en el resto de las entidades.

Mancera heredó de su antecesor Marcelo Ebrard la imagen de una ciudad segura, una “isla” donde el crimen organizado parecía no penetrar. Pero la ineficiencia de la policía capitalina para enfrentar el caso de los 12 jóvenes desaparecidos y la del propio Mancera y su equipo cercano –quien debería ser el primero en mostrar experiencia en el manejo del caso, pues estuvo al frente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)–, lo colocaron en desventaja ante la opinión pública.

“Debe haber resultados concretos en los primeros 24 meses, es decir en unos siete u ocho meses más. Si la población observa que se incrementa la violencia, los problemas de contaminación y las deficiencias policiacas, la imagen de Mancera se desgastará”, opinó Luis Miguel Pérez Juárez, profesor Investigador de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey en 2013.

Pero los resultados no llegaron, al contrario, un nuevo escándalo sacudió a Mancera luego de que el periódico Reforma publicara, a raíz de la ejecución de Marco Antonio Cardona Utrilla, dueño del bar Life ubicado en la colonia Condesa, que los restauranteros de la zona son extorsionados.

El rotativo publicó que existe una red de extorsión en donde les cobran entre 5 y 10 mil pesos a los dueños de los establecimientos, a cambio de no hacerles daños a ellos y a sus familiares.

“Lo que sucede en la Condesa es escandaloso y negar que estas prácticas de la delincuencia organizada, como el cobro de derecho de piso existen. Hay una crisis en seguridad pública y se debe aceptar. Hay una cifra negra de ciudadanos que no denuncia, entonces se deben renovar las estructuras y al personal que toma decisiones en seguridad”, dijo Bravo Peralta

El analista recordó que Mancera no colocó entre sus estrategias de gobierno desde el inicio de su gestión, el combate a la delincuencia organizada en la ciudad.

RENUNCIA DE GABINETE: REACOMODO DE FUERZAS

Para otros expertos, la solicitud de renuncia que hizo Mancera a todo el gabinete, para someterlo a evaluación, obedece al reacomodo de fuerzas políticas en la ciudad, después de las elecciones del 7 de junio y a la búsqueda de nuevas alianzas.

Antes del anuncio, fuentes dijeron que la solicitud de renuncia era a un grupo compacto, empezando con el Secretario de Gobierno Héctor Serrano Cortés, un hombre polémico. Distintos actores políticos pidieron antes su cabeza.

“Los he llamado para aclarar lo que se ha informado de manera extraoficial en medios de comunicación. Hoy pedí la renuncia de todo mi gabinete para someterlo a una evaluación de cara al Tercer Informe de Gobierno”, dijo Miguel Ángel Mancera, sin aceptar preguntas.

Gustavo López Montiel, experto en partidos políticos del Instituto de Estudios Superiores del Tecnológico de Monterrey, expuso que la solicitud de renuncia de Mancera a su gabinete se debe principalmente a que su equipo de trabajo responde a “alianzas viejas”.

“Hay que rehacer el Gobierno local. Los gabinetes son alianzas que le dan viabilidad a los gobiernos a largo plazo. En este contexto toma sentido la modificación del gabinete, porque el PRD [Partido de la Revolución Democrática] perdió gran parte de las delegaciones y a la Asamblea Legislativa [del Distrito Federal]. Esto hace que su equipo deje de ser funcional y tenga que recurrir a nuevos acuerdos, que seguramente está construyendo”, dijo.

Antes de que Mancera anunciara su solicitud a todo el gabinete, transcendió que entre los funcionarios que podrían irse estaban contemplados Joel Ortega Cuevas, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y la Secretaria de Desarrollo Social Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

El pasado 16 de junio, legisladores del PRD, entre ellos el coordinador del sol azteca en el Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, solicitaron a Mancera Espinosa la renuncia de Serrano Cortés y de los otros dos funcionarios.

Barbosa Huerta justificó, en esa ocasión, que se solicitaba la renuncia de Serrano, debido a que la Secretaría que encabezaba “fue instrumentada bajo un gobierno mayoritario en delegaciones y mayoritario en la Asamblea, cambió la circunstancia”, por lo que se tenía que considerar una nueva relación entre las fuerzas políticas.

Un día después, Héctor Serrano sostuvo que no presentaría su renuncia al cargo “por recomendación”, y recriminó que la única obligación que él tiene es con el Jefe de Gobierno capitalino.

“Mi única obligación es responder a mi Jefe de Gobierno, nada más. Ni tengo que responder ni satisfacer los ánimos de nadie, me voy a conducir de manera vertical en ello”, arremetió. “Fui invitado al Gobierno de la Ciudad por Miguel Ángel Mancera, nadie me recomendó para ostentar el cargo que él me designó. Por supuesto tampoco creo que por recomendación tenga que irme, tampoco he presentado la renuncia”.

En cuanto a Ortega, Barbosa detalló que debía irse desde que estalló el escándalo de la Línea 12, mientras que Rosa Icela es señalada por los perredistas como una de las operadoras de Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al interior del Gobierno de la ciudad.

“Obviamente estas secretarías son cuestionadas, deben irse, al menos que mantengan relevancia en términos de las personas que las ocupan. Las secretarías dependen de los acuerdos que se constituyen con los grupos: la Secretaría de Gobierno y Finanzas, son operadas por gente cercana al Jefe de Gobierno. Veo complicado que cambie al Secretario de Gobierno, porque sacarlo implicaría aceptar que hubo algún mal manejo en el proceso electoral. Si lo hace será a cambio de que salgan otros, Mancera tratará de mantener el control”, dijo López Montiel.

Inminentes cambios en el gabinete

29. septiembre, 2013 Miguel Badillo * / @badillo_contra Oficio de Papel

Sin cumplir todavía 1 año en el cargo como presidente de la República, Enrique Peña Nieto prepara los primeros cambios en su equipo más cercano del gabinete. Algunos por enfermedad, otros por edad y los más por negligentes e incompetentes.

En esferas gubernamentales se menciona que entre los que en breve podrían quedar separados de sus responsabilidades están el secretario de la Defensa Nacional, general de División Salvador Cienfuegos Zepeda, de quien –aseguran– enfrenta una grave enfermedad que lo imposibilita para seguir al frente de las Fuerzas Armadas del país; el comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, dependiente de la Secretaría de Gobernación, quien por su edad el retiro es inminente y ya tiene una larga lista de aspirantes para sucederlo, varios de ellos militares; el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, quien ha cumplido con su propósito de la reforma educativa y el encarcelamiento de la corrupta líder del magisterio, Elba Esther Gordillo, aunque su grupo directivo con Juan Díaz a la cabeza aún permanece al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) manipulando ilícitamente los fondos de los maestros.

También en el gabinete se menciona a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien podría dejar su cargo ante las críticas de varios secretarios de Estado que cuestionan su gestión al frente de los programas sociales en contra de la pobreza extrema, quienes sostienen que hasta la fecha, lejos de atender el problema, éste se ha agravado y ahora con los huracanes y tormentas ha sido más que evidente.

Otros dos funcionarios que están en duda en sus responsabilidades son el vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (Fovissste), José Reyes Baeza, de quien dicen el cargo es una cuota que el presidente concedió al partido oficial, pero ha llegado el momento de removerlo. El otro es el criticado director del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), José María Tapia Franco, quien se divertía en Las Vegas, estados Unidos, cuando México se ahogaba en medio de las tormentas.

Sin duda alguna la separación más sentida para el jefe del Ejecutivo es la de su titular de la Defensa Nacional, quien –dicen en el Hospital Central Militar–enfrentaría su última lucha contra el cáncer, porque es uno de los amigos y colaboradores de mayor confianza de Peña Nieto, a quien éste defendió hasta el final para que se mantuviera como secretario de Estado responsable del manejo de las Fuerzas Armadas y confió en él para hacer frente al crimen organizado y a la industria del narcotráfico.

Este caso del general Cienfuegos vuelve a traer a la discusión el tema de que la salud de los miembros del gabinete es un asunto de seguridad nacional, pues toman decisiones que afectan a todos los mexicanos, por lo cual aunque la salud de las personas sea un asunto privado, en esta circunstancia de servidores públicos debe informarse a la sociedad cuando estén en riesgo y ellos mismos aceptar el cargo bajo un acuerdo de que esa información sea del dominio público.

Pero quién es el general Cienfuegos Zepeda. Asumió el mando del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana –las dos fuerzas militares organizadas y administradas por la Sedena– el 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto protestó como presidente de la República.

Este general se abrió paso como secretario de la Defensa Nacional en medio de un accidentado proceso de auscultación en el que, por primera vez, las disputas internas de los grupos de generales provocaron fugas de información de seguridad nacional y se ventilaron hechos de corrupción ocurridos al interior de las Fuerzas Armadas.

Durante el sexenio de Felipe Calderón –cuando al frente de la Sedena se encontraba el general Guillermo Galván– se desempeñó como Oficial Mayor de la Secretaría. A finales de 2012, cuando Enrique Peña Nieto ya era presidente electo, fue finalista en la carrera interna por la Sedena junto con el también general de División Augusto Moisés García Ochoa, entonces director General de Administración.

En la decisión final de Peña Nieto no sólo habría pesado la amistad que el hoy presidente de la República trabó desde su época de gobernador del Estado de México con Cienfuegos, cuando éste era comandante de la Primera Región Militar (que además del propio Estado de México y el Distrito Federal integra a las entidades de Morelos e Hidalgo). También habría sido determinante el respaldo que recibió Cienfuegos de la entonces plana mayor de la Sedena: el subsecretario de Defensa Nacional Carlos Demetrio Gaytán Ochoa (hoy director de Banjercito); el inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea Marco Antonio González Barrera (hoy director general del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas), y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Luis Arturo Olivar Cen (hoy oficial mayor de la Sedena).

Elba Esther 1, Murillo Karam 0

Sólo era cuestión de tiempo. Cuando fue capturada y acusada por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, la abusiva Elba Esther Gordillo se enfrentaba así a una decisión política por su actitud amenazante y retadora en contra del presidente de la República y sus políticas públicas. Desde ese momento el problema para el gobierno fue que ambos delitos que pretendían fincarle estaban muy mal fundamentados por parte del Ministerio Público federal, a cargo del procurador Jesús Murillo Karam, lo que ahora pone con un pie en la calle a la corrupta lideresa.

Es cierto que la Maestra analfabeta estaba preocupaba por su pésimo manejo financiero de miles de millones de pesos que durante más de 20 años le ha exprimido a las cuotas de los trabajadores de la educación, y lo mismo ha hecho con las partidas presupuestales especiales que le entregó la Secretaría de Educación Pública por instrucción de los presidentes de la República Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

Durante años, la Gordillo había sido muy cautelosa para ocultar los recursos en cuentas bancarias en el extranjero con nombres apócrifos y prestanombres. Es ahí en donde está acumulada la verdadera fortuna obtenida de manera ilegal de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

 El día de su detención escribíamos que lo encontrado hasta ese momento, los 2.6 mil millones de pesos, era apenas una pequeña parte del dinero robado a los trabajadores, y era tan visible su manejo porque servía como caja chica para las necesidades inmediatas de la Maestra: compra de residencias; adquisición de joyas, arte, ropa, zapatos y bolsas; cirugías, y diversión. Toda la opulencia en la que vivía Gordillo y su familia.

El 4 de marzo señalamos en esta columna que nadie en su sano juicio, a excepción de la familia de la Maestra y de los beneficiarios del desfalco público, puede estar en contra de que la lideresa del SNTE rinda cuentas ante la justicia. Sin embargo, había varias dudas sobre el debido proceso que se le debe seguir a cualquier detenido, sobre todo en la integración del expediente que involucraba en ese momento a Elba Esther Gordillo Morales y tres de sus cómplices: Isaías Gallardo Chávez, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez y José Manuel Díaz Flores, en los delitos de blanqueo de capitales y delincuencia organizada.

 En los delitos financieros, el Ministerio Público Federal debe dar al acusado el derecho de audiencia, para permitirle que explique el origen y el destino de los recursos, como sucede en la acusación por lavado de dinero. Esto, por ejemplo, no ocurrió con la Maestra, a quien la autoridad le armó con mucho sigilo la acusación y la consignó ante un juez federal, quien liberó las órdenes de aprehensión, sin permitirle a los acusados probar el origen de los recursos, que en el caso que nos ocupa son simple y llanamente lícitos, pues provienen de cuotas sindicales y de las arcas públicas. A esto, de acuerdo con la decisión del juez que lleva la causa, se agrega que hubo errores de la Procuraduría General de la República en la presentación de las evidencias.

De tal manera que mientras no haya una acusación formal de los propios trabajadores miembros del SNTE, que señalen a sus dirigentes del desvío de recursos de las cuotas sindicales y se abra un proceso penal en su contra, no existe el delito previo que es necesario para configurar el otro delito que es el uso de recursos de procedencia ilícita. Es decir, no basta con que la Unidad de Inteligencia Financiera haya descubierto que con dinero de las cuotas sindicales la Maestra adquiriera múltiples inmuebles en México y en el extranjero o que se comprara vestimenta muy costosa o que el dinero de los trabajadores fuera utilizado para las operaciones y cirugías que Gordillo acostumbraba realizarse cada determinado tiempo.

 Lo peor aún, es que ante las pifias de la Procuraduría y su titular se impone la cerrazón y ahora amenazan y acusan al juez que dictaminó las pruebas y emitió un amparo a favor de Gordillo, por lo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que salir a la prensa para detener la embestida orquestada por Murillo Karam desde su búnker de Reforma. Este caso vuelve a enfrentar a dos poderes, el Judicial y el Ejecutivo, y abre al presidente de la República otro frente que debe atender.

Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/09/29/inminentes-cambios-en-el-gabinete/

Represión, cooptación, alianzas oscuras y venta de garage, sello del nuevo gobierno

Jesusa Cervantes
30 de noviembre de 2012 · 14 Comentarios
Análisis

Coldwell, Robles, Chong y Cienfuegos. El gabinete de Peña.
Foto: Xinhua / Pedro Mera

MÉXICO, D.F. (apro).- Al minuto de haberse dado a conocer los integrantes del gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto, las burlas arrancaron en las redes sociales, especialmente en Twitter. Los tuiteros preguntaron con ironía cuántos años de cárcel había en la tarima de presentación o cuántos especímenes del paleolítico habían resurgido.

Pero más allá de la burla y el sarcasmo, lo cierto es que el nuevo gabinete encierra represión, cooptación, venta de garaje y alianzas poco claras.

La gran sorpresa fue el exgobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, quien luego de un tranquilo paso por la gubernatura empezó a tener reuniones con empresarios de cuestionable enriquecimiento. Martínez y Martínez formó parte del círculo de exgobernadores que en una exclusiva residencia de Missión, Texas, dio todo su apoyo a Enrique Peña Nieto para que –por encima de Manlio Fabio Beltrones Rivera–, fuera el candidato presidencial del PRI.

No se puede prejuzgar a nadie por sus simpatías políticas. Ese no es el punto con Martínez y Martínez, sino su gran amistad que entabló –como lo hizo en su momento el también exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández–, con el empresario originario del convulsionado Valle Hermoso, Tamaulipas, Carlos Castillo Cervantes, alías “El Dragón”.

De este personaje se han dicho varias cosas, la principal es que tiene un gran poder corruptor y lo mismo ha engatusado a perredistas que a priistas para que, mediante dudosos acuerdos, le dejen repavimentar todo el estado. También se dice de él que ha embaucado a empresarios estadunidenses en negocios no muy derechos que digamos. Incluso, que ha vendido más de una casa a exgobernadores priistas para que luego las revendan o vivan en ellas.

Entre el círculo de gobernadores que le son afectos y fieles seguidores está justamente Enrique Martínez y Martínez, el nuevo secretario de Agricultura.

Ahora, quienes conocen a “El Dragón” se preguntan si con la llegada de sus amigos al poder, Peña Nieto y el exgobernador de Coahuila, el empresario se adueñará de todo Tamaulipas.

Para la venta de garaje está un joven: Emilio Lozoya Austin, quien es ahora el nuevo director de Pemex. Y con la reforma energética que se avecina, en la cual la iniciativa privada tendrá manga ancha para comprar e invertir en petróleo –aunque la Constitución lo prohíba–, pues el joven Lozoya Austin podrá poner en práctica lo que aprendió de la empresa española OHL, de la cual hasta el 12 de septiembre de 2012 fue secretario del Consejo de Administración.

La poderosa empresa española es la que llevó a cabo las grandes obras realizadas en el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México y se le acusó de sobrevalorar el precio de las mismas para, de ahí, obtener millonarios recursos y hacer, presuntamente, “el cochinito” para la campaña presidencial del mexiquense.

OHL está en todo el Estado de México; ahora, con su exsecretario del Consejo de Administración no dudemos que estará en todo México, principalmente como inversionista en el devaluado Pemex, que cada día le aparecen nuevos yacimientos de petróleo qué administrar.

Uno más para la venta de garaje será Gerardo Ruíz Esparza, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este personaje está ligado política y empresarialmente al grupo Atlacomulco. Es socio desde hace muchos años de uno de los tíos de Peña Nieto: el exgobernador mexiquense, Alfredo del Mazo.

Proceso publicó que Ruíz Esparza fue uno de los operadores para entregarle a OHL las grandes obras del gobierno mexiquense y donde, además de beneficiarla con multimillonarios recursos y entregarle por más de 30 años el manejo de algunas obras, como ciertos hospitales, lo hizo su aliado, presuntamente para hacer “el cochinito electoral”.

Veremos ahora a cuáles empresas el concesiona el gobierno a Ruíz Esparza.

En la captación, tenemos nada más y nada menos que a Rosario Robles. Ella está en Sedesol, conoce a viejos líderes que por años hicieron trabajo de base en las zonas más pobres del país, no nos sorprendamos ver en los próximos días a exizquierdistas trabajando a su lado y elaborando la estrategia para llegar a las zonas más pobres; pero también y de pasadita, trabajo político a favor de su nuevo partido, el PRI. O ya de plano, rompiendo esquemas de ayuda comunal para debilitarlos. Como sucedió con Carlos Salinas de Gortari y Pronasol.

Y finalmente tenemos a la mano dura. A los hombres del régimen que todos temerán: Miguel Ángel Osorio Chong en Gobernación, a cargo de la policía federal, la gendarmería y el Cisen.

El otro personaje es Jesús Murillo Karam, un hombre que mantiene contactos con el sector castrense pero que hoy estará en la Procuraduría General de la Republica. A este hidalguense se le recuerda no por haber hecho un buen gobierno en su estado, sino más bien por dejar pasar enfrentamientos comunales, linchamientos de gente inocente y por no poder contener nunca a la turba. Ahora, con cientos de agentes a su mando, seguramente la palabra represión, la escuchará cotidianamente, así como la de violación a los derechos humanos.

Este será el gobierno de Peña Nieto: de cooptación, represión y venta de garaje. Si alguien pensó que la pesadilla había terminado, se equivocó; la pesadilla, más bien regresa. El PRI está de nuevo en Los Pinos con lo más antidemocrático y autoritario que tiene: su origen mismo.

Posdata. El 29 de enero de 2012, Proceso ubicó al general Salvador Cienfuegos Zepeda entre los primeros nombres para ocupar Sedena, en caso de que Peña Nieto lograra llegar a la Presidencia. Este viernes se confirmó. Peña Nieto colocó a su gran amigo en la Sedena.

La amistad entre ambos se dio por medio de Jaime Camil, un exproveedor de la Sedena en la época en que el titular era Juan José Arévalo Gardoqui. El empresario tenía casa en Acapulco, donde conoció a Cienfuegos Zapata cuando este ocupó la comandancia de la IX Regional Militar de Guerrero.

El lazo entre el político Peña Nieto y el general se fortaleció cuando él primero llegó a la gubernatura del Estado de México y Cienfuegos como comandante de la I Regional Militar del Distrito Federal que abarca la entidad mexiquense.

El gobernador se mostró generoso con el Ejército y el 29 de abril de 2009 firmó dos convenios con la Sedena mediante los cuales le entregó en permuta dos grandes predios para la construcción de instalaciones militares. Pero el camino hacia la Sedena se le pavimentó a Cienfuegos cuando el pasado 16 de enero fue nombrado Oficial Mayor de la Sedena. A partir de ahí su paso hacia la Secretaría de la Defensa se ensanchó más y más. Hoy es el nuevo titular y cabeza de los militares.

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