El Fovissste aún no da alternativas viables a acreedores de préstamos

Se vulneraron garantías de los trabajadores con la aplicación de cobros ilegales: CNDH

 

En la recomendación 60/2012 indica que las ganadoras con el fraude fueron las inmobiliarias y da nombres de los responsables de las irregularidades que derivaron en más de 4 mil créditos

Ángeles Cruz Martínez

 

Periódico La Jornada
Viernes 2 de noviembre de 2012, p. 36

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) sigue sin dar alternativas viables a los servidores públicos que entre 2005 y 2008 obtuvieron créditos hipotecarios por un monto superior al que les correspondía de acuerdo con su nivel salarial, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el organismo violó la Constitución por no seguir un proceso de desahogo de las anomalías ni otorgar a los empleados el derecho de audiencia.

Las garantías fundamentales de los trabajadores se vulneraron por la aplicación de cobros ilegales, de hasta 50 por ciento de sus salarios, indica la recomendación 60/2012 que la CNDH envió al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Sergio Hidalgo Monroy Portillo, y a las autoridades del Fondo. En la misma recomendación plantea que se deben iniciar demandas penales en contra de los funcionarios que tenían bajo su responsabilidad verificar y garantizar que los préstamos se otorgaran con base en la normatividad, y no lo hicieron, lo cual generó un fraude y daño patrimonial al Fovissste.
Las ganadoras fueron las inmobiliarias que vendieron casas y departamentos de alto costo a personas que en realidad no tenían la capacidad económica para adquirirlos, señalaron algunos de los afectados y ahora beneficiarios de la recomendación de la CNDH. Insistieron en que están en la mejor disposición de cubrir la demasía de su préstamo hipotecario, pero en condiciones acordes con su nivel de ingresos y no como pretende el Fovissste que se haga en unas cuantas exhibiciones y por montos para nosotros impagables.
En su investigación, la CNDH corroboró que los trabajadores no tuvieron ninguna responsabilidad en haber obtenido créditos por cantidades superiores a los que les correspondían, pues nunca tuvieron acceso al sistema informático donde se generaron los expedientes y las autorizaciones. Eso lo hacían, en aquellos años, empleados del Fovissste y representantes de la Sociedad Financiera de Objeto Limitado, indica la CNDH.

Más de 4 mil 800 personas obtuvieron créditos hipotecarios

El ombudsman recibió en agosto de 2011, 150 quejas suscritas por 478 trabajadores al servicio del Estado que se encuentran entre las más de 4 mil 800 personas que obtuvieron en sus créditos entre 200 mil y 500 mil pesos de más.

El Fovissste ha presionado a los afectados para que en un solo pago liquiden el excedente del adeudo, pasando por alto el número de trabajadores con la misma problemáticaFoto José Carlo González

Los afectados señalaron que el Fovissste nunca les notificó de esta situación ni del aumento en el monto de los descuentos a sus salarios para el pago del débito. Algunos otros se enteraron de las anomalías cuando les llegaron citatorios de la Procuraduría General de la República, a fin de que respondieran a la demanda por delitos de fraude y falsificación de documentos, que el Fovissste interpuso en su contra. Dichos recursos ya han empezado a ser desechados en los juzgados por no existir elementos para tipificar tal ilícito.
De ello tuvo conocimiento la CNDH, así como de que el Fovissste ha presionado a los afectados para que en un solo pago liquiden el excedente del adeudo pasando por alto el número de trabajadores con la misma problemática y que la autorización del empréstito y deficiente revisión e integración de expediente devino de la propia autoridad.
El ombudsman resolvió que se vulneraron garantías fundamentales de los trabajadores por la falta de certidumbre jurídica respecto de la propiedad y posesión de los inmuebles adquiridos.
Recomendó al Issste y al Fovissste la adopción de medidas de control y capacitación para evitar que acciones de este tipo se repitan; se corrija el tema de los descuentos, que no deben rebasar 30 por ciento del salario de los empleados, e informe si al haber aumentado tales descuentos fue útil para la amortización de la demasía. Además, el organismo deberá presentar propuestas de solución viables y acordes con la capacidad de pago de los acreditados.
Señaló entre los presuntos responsables de las irregularidades que derivaron en 4 mil créditos con demasía a la ex jefa de Servicios de Otorgamiento de Crédito en el Fovissste, al jefe del Departamento de la zona 1 y a nueve empleados con cargos de coordinadores, analistas especializados y jefes de área en procesos hipotecarios. Con ellos, dice la recomendación, procede denuncia ante el Ministerio Público de la Federación.

Acusa el Fovissste de fraude a empleados

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Jueves 29 de septiembre de 2011, p. 42
Miles de empleados públicos que obtuvieron créditos del Fovissste son acusados por fraude y falsificación de documentos; decenas han sido detenidos y penden órdenes de presentación y de aprehensión sobre cientos de ellos, pues constructoras los engancharon con “créditos ampliados” que la institución primero aprobó y luego desconoció.

La Unión de Trabajadores Defraudados por Fovissste señaló lo anterior e indicó que el organismo desató una acción legal sin precedente para demandar a trabajadores y responsabilizarlos de fraude, cuando fue el instituto el que tramitó los créditos, pagó a constructores y ahora los desconocen.

Según explicó se trata de unos 4 mil 500 trabajadores de más de 20 dependencias de gobierno, que de manera legal y legítima obtuvieron créditos hipotecarios del Issste para adquirir casas de interés social con las nuevas reglas que el gobierno federal instrumentó para su otorgamiento. Conforme a las mismas, se les notificó ser beneficiarios de un crédito con una las Sociedades Financieras de Objeto Limitado. Sin embargo, constructoras que hacían efectivos estos créditos señalaron que el monto de los mismos era insuficiente y los plazos para ejercerlos eran de menos de seis meses.
Las constructoras al saber que a los trabajadores les otorgaron 260 mil pesos de crédito en promedio, ofrecieron ampliaciones de los préstamos hasta 700 mil pesos “si adquirían con ellos. Se estableció el acuerdo de que los créditos se pagarían a 30 años y con un descuento máximo de 30 por ciento al salario”.

Sin embargo, esto era un fraude de las constructoras, y el Fovissste inició una cacería de trabajadores, aplicándoles primero cobros indebidos de hasta 50 por ciento en sus salarios, y luego “injustos procesos judiciales e, incluso, el encarcelamiento”.

Plantearon representantes de esta unión que más de 4 mil 500 empleados que entraron en este acuerdo han sido acusados de fraude y falsificación de documentos, cuando el Fovissste es el único con capacidad de decisión sobre el otorgamiento de préstamos.

Acusan a vocal de Fovissste de un fraude con 75 mil créditos

Permitió avalúos apócrifos en beneficio de intermediarios

Se avaló la existencia de servicios en viviendas sin construir

Con filtraciones de agua, cuarteaduras y sin energía eléctrica, además de estar bajo grandes torres de alta tensión, unas 386 viviendas fueron entregadas en junio por Fovissste. Los compradores, maestros y burócratas, exigen a las autoridades sancionar a la constructora de la unidad habitacional Las Torres, en Chilpancingo, GuerreroFoto Notimex

 

 

Fernando Camacho y Gustavo Castillo

 

Periódico La Jornada
Domingo 24 de julio de 2011, p. 9

El vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), Manuel Pérez Cárdenas, habría cometido un fraude en perjuicio de dicha institución y de 75 mil beneficiarios de créditos hipotecarios, al permitir la sobrevaluación de un conjunto de inmuebles que ni siquiera estaban terminados, de acuerdo con una denuncia penal presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por José Humbertus Pérez Espinoza, presidente de la asociación civil Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna.

En la denuncia se menciona que por medio del llamado Programa Extraordinario de Créditos (PEC) y con el apoyo de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), se financiaron créditos de conjuntos habitacionales cuya venta o enajenación no estaba autorizada, y se realizaron contratos con avalúos apócrifos, lo que únicamente benefició a un grupo de intermediarios financieros a quienes, sin invertir recursos propios, les fueron concedidas las garantías en primer lugar.

La demanda se presentó el pasado 29 de marzo en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia de la PGR.

En dicho documento –del cual La Jornada tiene una copia–, el quejoso señaló que mediante el PEC, figura que también fue aprobada por el Issste, se otorgaron créditos a 75 mil trabajadores del Estado para que adquirieran viviendas en unidades habitacionales que no estaban totalmente construidas ni contaban con los permisos elementales para realizarse.

Una de las primeras irregularidades del asunto, detalló Pérez Espinoza en la exposición de hechos de su queja, es la utilización de materiales de construcción de mala calidad, que no fue detectada en los avalúos porque éstos se llevaron a cabo sin que la edificación de los inmuebles estuviera terminada, o simplemente no se realizaron, lo cual afecta a cerca de 3 mil familias de los conjuntos habitacionales Villa del Real Quinta Fase, secciones I y II, ubicadas en el municipio de Tecámac, estado de México.

La falsedad de los avalúos puede acreditarse, según el demandante, al revisar la fecha en que éstos supuestamente fueron realizados, ya que el grupo Hipotecaria Nacional dijo haberlos hecho el 13 de noviembre y 4 de diciembre de 2003, cuando “la autorización del inicio de obras y la enajenación de 16 lotes para 303 viviendas se dio el 6 de diciembre de 2004”, lo cual fue denunciado ante el órgano interno de control del Fovissste el 25 de enero de 2011.

“Por su larga trayectoria en la construcción y otorgamiento de créditos, era imposible que (Fovissste) no se diera cuenta de la inexistencia de los inmuebles objetos de los contratos hipotecarios, así como de los avalúos en las fechas en que se firmaron los contratos de compra-venta y de garantía hipotecaria”, destacó Pérez Espinoza.
De igual manera, señaló que la sociedad financiera de objeto limitado (Sofol) Operaciones Hipotecarias de México dijo haber verificado la ubicación y condiciones de los edificios habitacionales, en fechas en las que todavía ni siquiera se aprobaba la construcción de los mismos.
Así, diversos intermediarios de la venta simularon haber verificado la existencia de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y otros servicios, mientras que el Fovissste se ocupó de no contratar los seguros de las viviendas, puesto que si lo hubiera hecho, se hubiera acreditado la sobrevaluación de éstas.
Al poner a nombre de las intermediarias financieras la garantía de hipoteca, Pérez Cárdenas cometió un primer quebranto contra las finanzas de la dependencia federal, y el segundo ocurriría cuando los trabajadores no puedan regresar el dinero de los créditos recibidos, especificó el quejoso.
Puntualizó que al sobrevaluar las viviendas, el PEC estaría contraviniendo el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso F de la Constitución Política mexicana, referente a la obligación del Estado de proveer “crédito barato y suficiente” a los trabajadores.
Antes de desempeñarse como vocal ejecutivo del Fovissste, cargo que le fue asignado por el presidente Felipe Calderón en 2007, Manuel Pérez Cárdenas fue diputado federal en la 59 Legislatura, y candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Nayarit en 2005. Además, ha ocupado una gran cantidad de puestos directivos en instituciones oficiales, entre ellas el Banco Nacional de Comercio Exterior.
Aunque las irregularidades en el Fovissste ya habían sido denunciadas con anterioridad, la Secretaría de la Función Pública solamente admitió mil 750 casos a revisión, 40 de los cuales tienen que ver con empleados de la PGR.