CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La historia es tan tétrica como real. El 10 de mayo del año pasado, una madre del Colectivo Solecito recibió un “regalo” de la delincuencia organizada: eran hojas en papel bond, con decenas de cruces marcadas, para señalarle la ubicación de más de 120 fosas clandestinas, localizadas en un predio conocido como Colinas de Santa Fe.
Desde agosto del año pasado iniciaron la búsqueda y ubicación de estos cuerpos. El terreno era un sitio donde presuntamente los grupos de la delincuencia organizada arrojaban los cuerpos de sus víctimas.
En siete meses el Colectivo Solecito y la Fiscalía General del Estado de Veracruz han exhumado un total de 253 cuerpos en 120 fosas y más de 10 mil restos óseos. Junto con las exhumaciones ha aparecido una gran cantidad de ropa de hombre, de mujer, zapatos, tarjetas de tiendas departamentales, estampas de santos, cabellos humanos, vendas.
No han encontrado ni un solo casquillo percutido. Los cuerpos fueron enterrados en bolsas. Lucía de los Ángeles, madre del Colectivo Solecito, ha declarado que la fiscalía ha sido indolente y sólo han podido tener 17 perfiles de los cuerpos encontrados.
Ni la más asombrosa imaginación criminal hubiera concebido las dimensiones de este Auschwitz Veracruzano. Se trata de tan sólo uno de las decenas de cementerios clandestinos de esta entidad que se hundió en una larga noche de narcocleptocracia con los gobiernos de Fidel Herrera, Javier Duarte y parece que se prolongará con Miguel Ángel Yunes.
Sólo por comparar en términos numéricos: en las fosas descubiertas en Tetelcingo, Morelos, se encontraron 117 cuerpos; en la fosa de San Fernando, Tamaulipas, fueron 196 restos humanos; en las 62 fosas de Iguala, Guerrero, se hallaron 131 cuerpos. Y todos estos casos salieron a la luz pública por denuncias de los familiares, no por iniciativa de las autoridades.
Mientras la esposa de Javier Duarte llenaba planas enteras de sus cuadernos para recitar su mantra “Sí, merezco abundancia”, decenas de mujeres humildes estaban buscando a sus hijos que fueron archivados en el expediente de “los prescindibles” para la narcocleptocracia veracruzana.
Mientras Duarte se dedicó a robar a manos llenas y construir una red de más de 300 cómplices, con la absoluta indiferencia y complicidad de buena parte del gobierno federal, el crimen organizado creó su propia red de cementerios y fosas de la ignominia. Eran intocables.
La prensa mexicana y los medios electrónicos han minimizado las dimensiones de esta tragedia. Durante sus seis años de neronismo, Duarte se dedicó a firmar millonarios contratos de publicidad con dinero público para comprar el silencio y la complacencia mediática. A muchos de sus “clientes” les quedó debiendo, pero ni la furia de los dueños de los medios extorsionados por Duarte alcanza para humanizar esta tragedia, para darle un rostro a este número inaudito de víctimas.
Por eso también era necesario eliminar a varios reporteros. No porque estuvieran vinculados al crimen organizado, como fue el guión de Duarte. Los eliminaron para que nadie investigara. Para que nadie diera cuenta de las pistas de este horror. Para que siguiera reinando la “paz de los sepulcros clandestinos”, encabezada por el jefe de la policía, Arturo Bermúdez.
Los partidos de oposición siguen en ese juego del golpeteo permanente y nocivo como si lo único que importara fuera el momento “mágico” de las elecciones presidenciales del 2018, sin comprometerse ante este auténtico genocidio que ocurrió y continúa en Veracruz.
El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se enfrasca con Miguel Ángel Yunes, a quien no le queda el papel de honesto ni indignado. Yunes un día sí y otro también da conferencias de prensa para desviar la atención de la gravedad de la inseguridad en su entidad y el PAN lo defiende.
El PRI se indigna por la detención de Flavino Ríos, el exgobernador interino que ocupó el cargo tras la huida de Javier Duarte ante los ojos de millones de mexicanos que lo escucharon horas antes de su partida en el noticiario conducido por Carlos Loret de Mola. Ni una sola mención del líder nacional priista al desastre humanitario que dejaron los gobiernos priistas de Herrera y Duarte. Todos se lavan las manos.
Las fosas clandestinas de Veracruz no son sólo el rostro de la miseria de la clase gobernante jarocha. Constituyen una bofetada para todo el país que sigue anestesiado frente a la espiral criminal de la que ya no se habla en las pantallas televisivas, pero está desatada en Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Morelos.
El investigador Alejandro Olvera, de la Universidad Veracruzana, escribió en un artículo de Reforma, a raíz de la fuga de Duarte en octubre de 2016 lo siguiente:
“La crisis de Veracruz señala el principio del fin del actual régimen. La sociedad no tolera más este modelo autoritario, ineficaz y corrupto del que participan todos los partidos políticos. Se requiere pasar a otra fase del proceso de democratización: la construcción de un verdadero Estado de Derecho, cuyos ejes a corto plazo son la lucha contra la corrupción y contra la violencia masiva de derechos humanos”.
Se quedó corto el profesor Olvera. Se requiere una auténtica comisión de la verdad para conocer hasta dónde en las fosas clandestinas de Veracruz se enterró la esperanza de salir de esta pesadilla.
