Cabilderos rondaban curules el día que diputados dijeron: no más IEPS a chatarra, alcohol y tabaco

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).– “Nada más agradecer que hayan abierto el tablero, puesto que ahí se reflejó la defensa que se hizo de estos productos dañinos y en contra de la salud. Ojalá que haya sido por ignorancia del tema tan urgente que tenemos de salud y no por cabildeos de tabacaleras, o peor, de algunos políticos que no saben asumir su responsabilidad”, aseguró desde su curul la Diputada Laura Imelda Pérez Segura después de que la mayoría de los diputados votó en contra de aumentar la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en alcohol, tabaco y alimentos con alto contenido calórico.

El reloj marcaba alrededor de las 3 de la mañana del viernes 18 de octubre cuando la Diputada presentó en el Pleno la propuesta de modificar el artículo 2 de la Ley IEPS, respaldada por otros legisladores como Martha Tagle, Alfonso Ramírez Cuéllar, Dolores Padierna, Alfredo Femat y otros de diferentes bancadas.

Al inhibir el consumo de estos productos con una mayor tasa fiscal, argumentó la Diputada Pérez Segura, se evitarían 27 mil 700 casos de enfermedades asociadas a bebidas azucaradas y alcohólicas por lo que se ahorraría en el tratamiento 47 mil 700 millones de pesos; y en el caso del tabaco, se prevendrían 38 mil 358 muertes con ahorros de 55 mil 511 millones de pesos.

 Sin embargo, se emitieron 124 votos a favor, 9 abstenciones y 279 votos en contra. De los legisladores que votaron en contra, 147 son de Morena, 47 del PAN, 38 del PRI, 11 del PES, 13 del PT, 7 de Movimiento Ciudadano, una del PRD, 13 del PVEM y dos sin partido.

En entrevista, la Diputada de Morena Laura Pérez Segura expuso que “fue una posibilidad” que algunos legisladores rechazaran el incremento del IEPS al alcohol, tabaco y chatarra por la presencia de cabilderos en la Cámara de Diputados, aunque otros decidieron votar en contra por la “invitación” del Presidente Andrés Manuel López Obrador de no aumentar impuestos en los primeros tres años del sexenio.

“No te puedo afirmar si intervinieron, pero es innegable que estuvieron ahí presentes”, afirmó Pérez Segura sobre los señalamientos en medios de comunicación a Shirley Almaguer Camacho, hija de la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien ha trabajado para British American Tobacco y para la Cámara Nacional para la Industria de la Transformación (Canacintra) en el área de alimentos y bebidas; así como a Rosemary Safic Samour, asesora de la industria del tabaco y alimentos, esposa del Alcalde de Azcapotzalco y ex Diputado, Vidal Llerenas Morales.

“Yo no los conozco personalmente. Compañeros cercanos que sí los conocen me comentaron que estuvieron ahí dentro del Pleno, en un área donde se acercan asesores. Sé lo que se ha dicho, qué personas son y a qué se dedican. Lo que puedo decir es que hubo incluso burlas a través de mensajes a algunos compañeros, están los videos [donde se les ve festejando] y este cambio muy abrupto que hubo primero en la aprobación en el Pleno y luego el rechazo tras la solicitud de su separación de la votación por parte del Diputado José Gerardo Rodolfo [Fernández Noroña, del PT]”.

Sobre los legisladores que basaron su voto en la promesa de campaña del Presidente López Obrador de no incrementar impuestos, incluyendo Fernández Noroña, la Diputada dijo que “hay un tema de salud urgente y el Poder Legislativo es autónomo y nosotros lo planteamos como una posibilidad viable y necesaria”, pues además de la inflación, “este ajuste es una actualización en función de los daños a la salud que está ocasionando el consumo de estos productos”.

La legisladora Laura Pérez Segura afirmó que preparan una solicitud respetuosa al Senado, donde se turnó la miscelánea fiscal 2020, para que lo considere “como una propuesta viable en el tema de salud, y que recuerden que los más beneficiados por esta medida son las personas con más escasos recursos y lo recomienda la Organización Mundial de la Salud”.

Respecto a la presencia de cabilderos, Pérez Segura comentó que solicitará una revisión sobre qué personas acceden a la Cámara de Diputados.

“Platicando con otros compañeros me han dicho que es la forma de actuar de algunas personas de manera agresiva, no sutil. Estaremos revisando qué medidas se pueden tomar en el Poder Legislativo para disminuir la interferencia de estos personajes e inhibir estas actividades”, concluyó.

SinEmbargo pidió el comentario de los aludidos del partido Morena por su relación con las asesoras de la industria señaladas de celebrar el rechazo al aumento en el IEPS.

La Secretaria General y Presidenta de Morena Yeidckol Polevnsky no respondió. El Alcalde Vidal Llerenas aclaró que “las actividades que ella [Rosemary Safic] realice corresponden a su actividad profesional. Curiosamente todos los hombres que estaban ahí no les preguntan qué hacen sus esposas, la misoginia es algo ahí arraigado”. Sobre la práctica del cabildeo comentó que “son actividades legales y reguladas” y rechazó que cuando fue Diputado (2015-2018) haya habido conflicto de interés.

La reducción de la esperanza de vida por el sobrepeso es de 4.2 años en México, y le resta un 5.3 por ciento del PIB, de acuerdo con la OCDE. Foto: Cuartoscuro.

“SE PERDIÓ UNA GRAN OPORTUNIDAD”

Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor y uno de los activistas espiados a través de Pegasus, aseguró que como organizaciones civiles preparan una propuesta para regular el cabildeo de representantes de la industria de la chatarra, tabaco y alcohol a legisladores para influir en la política de salud.

“No hay nada regulado al respecto. En otros países cada legislador tiene que reportar las veces que se encuentra con representantes de la industria, qué temas tratan; todo se hace público. En México no hay nada de esto”, contrastó.

Sobre el rechazo a la modificación del artículo 2 de la Ley IEPS lamentó que “se perdió una gran oportunidad doble, en el sentido de bajar el consumo y de generar recursos para invertirlos en programas de salud. Se perdió por el cabildeo de la industria”.

La reducción de la esperanza de vida por el sobrepeso es de 4.2 años en México, y le resta un 5.3 por ciento del PIB, de acuerdo con laOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“El festejo que hicieron los cabilderos en la Cámara de Diputados es tremendo, es gente vinculada con líderes de partidos políticos”, afirmó. “Las propias industrias contratan a cabilderos que tienen vínculos con los partidos”.

En contraste, esta semana el Senado de la República aprobó etiquetados en bebidas azucaradas y productos ultraprocesados que indican de manera clara y entendible si son altos en azúcares, sodio, grasas o calorías, luego de la aprobación de la Cámara de Diputados hace unos días.

Ana Larrañaga, de la coalición ContraPESO, acusó en julio que “el cabildeo de FEMSA y Coca Cola logró reventar la sesión” en que se empezaría a discutir la iniciativa. “Pidieron a la Comisión de Salud que no hubiera quórum”, expuso en una conferencia de prensa en que se lanzó la campaña publicitaria “Etiquetados claros Ya” exhibida en transporte público y espectaculares.

Larrañaga recordó que el actual etiquetado GDA, “diseñado para que no se entienda”, fue una propuesta autoregulatoria de la industria desde 2009 y en 2014 fue aprobada por la Cofepris como norma.

Revelan que César Duarte pagó un millón de pesos a cada diputado por bursatilización

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un millón de pesos pagó el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, a cada diputado local para que aprobaran la bursatilización, reveló un testigo protegido por la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con archivos periodísticos, retomados por El Diario, los diputados del Congreso local aprobaron con 23 votos a favor y ocho en contra, el referido endeudamiento donde se comprometieron los bonos carreteros de la entidad.

En su declaración, que forma parte de la audiencia de vinculación a proceso contra Sergio medina Ibarra, exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda, se reveló que el exdirector administrativo de esa secretaría, Gerardo Villegas Madriles -también detenido-, le pidió comprar a mediados del año pasado cuatro maletas e introdujo 22 millones de pesos en efectivo que llevaron a la Casa de Gobierno.

El testimonio, leído por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Atención a Delitos Patrimoniales, arrojó que el testigo era un funcionario de la Secretaría de Hacienda, quien recibía órdenes directas de Villegas Madriles.

El declarante expresó que Villegas le solicitó comprar cuatro maletas; en una ocasión le pidió que le llevara dos a su despacho –en el edificio de la SH– y éste las comenzó a llenar con 22 millones de pesos en billetes de 500 pesos que sacó de un escritorio. Cuando le pidieron los otras dos ya no acompañó al funcionario en la entrega.

Exauditor, otro vinculado

El juez de Control Alejandro Flores Legarda vinculó a proceso penal por el delito de peculado agravado, al exauditor superior del estado, Jesús Manuel Esparza Flores.

El juzgador resolvió que existían elementos suficientes que hacen presumir una conducta delictiva del imputado, acusado de desviar 542 mil pesos en cuatro viajes de placer para él y sus familiares en 2014, estando al frente de la ASE.

En la audiencia de ayer no estuvo presente Esparza Flores, quien envió al juez un escrito excusándose.

Acusan a Villarreal de frenar recurso contra ley de Telecomunicaciones

LA REDACCIÓN
15 DE AGOSTO DE 2014
DESTACADO

Luis Alberto Villarreal, coordinador del PAN en San Lázaro. Foto: Eduardo Miranda

MÉXICO, D.F., (apro).- La diputada perredista Purificación Carpinteyro reveló que el excoordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, operó “de último minuto” para frenar las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que presentarían legisladores de ambos partidos.

Carpinteyro, promotora del recurso por la bancada del PRD en San Lázaro, aseguró que 18 diputados panistas retiraron su firma por orden de Villarreal, destituido como coordinador de Acción Nacional después de que se difundió el video en el que se observa a varios legisladores de ese partido en una fiesta privada, acompañados por bailarinas de table dance en Puerto Vallarta, Jalisco.

El recurso legal ya contaba con 174 firmas de las 167 que exige la ley, pero minutos antes de que venciera el plazo para presentarlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la panista Beatriz Zavala recibió una llamada de Villarreal García, y después varios legisladores panistas se excusaron de participar, precisó la exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes en entrevista con Carmen Aristegui en Noticias MVS.

“La diputada Beatriz Zavala dijo en Twitter que estaba dispuesta a dar su firma y me llamó y dijo que podría haber otros que darían su firma. Yo alcancé a la diputada Zavala en donde ella se encontraba y empezamos a recopilar las firmas, y resulta que le entró una llamada a Beatriz y ella dijo: ‘es de Villareal’, y se alejó. No escuché qué hablaban. Ella habló un par de minutos con (Luis Alberto) Villareal y regresó, pero no pasaron más de tres o cuatro minutos –te estoy hablando de después de las 11 de la noche– que precisamente los diputados que ya habían otorgado su firma la empezaron a retirar”, puntualizó.

En la propuesta de inconstitucionalidad, el PAN se centraba en los artículos 189 y 190, fracción I, que contienen temas de geolocalización y retención de datos de usuarios, y el PRD agregó el tema de competencia económica, es decir, que la preponderancia se midiera por sector y no por servicio.

La noche del miércoles 13 ninguno de los dos temas había conseguido las firmas necesarias y, según Carpinteyro, los panistas se sumaron a la acción de inconstitucionalidad perredista. “Entonces Beatriz y yo nos dirigimos a la Corte, pero Villareal empezó a llamarles a todos los que ya habían dado sus firmas para decirles que las retiraran, y lo sorprendente es que ya Villareal no era el coordinador, pero aparentemente de último minuto operó”, apuntó la diputada.

Los panistas que habrían retirado su firma tras la llamada de Villarreal García son: Tania Morgan Navarrete, Beatriz Yamamoto Cázares, Rocío Reza Gallegos, Aurora Aguilar Rodríguez, Consuelo Argüelles Loya, Alejandra López Noriega, Victor Serralde Martínez, Karina Labastida Sotelo, Leslie Pantoja Hernández, Cuauhtémoc Galindo Delgado, Damián Zepeda Vidales, Máximo Othón Zayas, Enrique Reina Lizárraga, Humberto Prieto Herrera, Alfonso Robledo Leal, Marcelina Orta Coronado, Juan Aquino Calvo y Xavier Azuara Zúñiga.

El caro voto de los diputados

JESÚS CANTÚ
2014-08-02 21:59:32
EDICION MEXICO

De acuerdo con las publicaciones de los dos últimos números de Proceso (1968 y 1969), el sometimiento de los diputados a las indicaciones de los líderes de sus respectivos grupos es fundamentalmente un asunto de dinero. Los diputados reciben 148 mil 558 pesos mensuales por los conceptos de dieta, asistencia legislativa y atención ciudadana; pero a esto hay que agregar alrededor de 170 mil pesos adicionales por mes que se reparten entre varios y que provienen de las subvenciones ordinarias, extraordinarias y hasta especiales manejadas arbitraria y discrecionalmente por los líderes parlamentarios.

Todo esto, únicamente a través de recursos oficialmente entregados a los grupos camarales para distribuir entre integrantes de sus fracciones. Faltaría agregar el dinero que se ganan en la asignación de contratos de obras, servicios y productos que se realizan o adquieren para el recinto legislativo, como denuncia el diputado del Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal; y, desde luego, los porcentajes que exigen a los gobernadores y/o presidentes municipales por asignarles partidas en el presupuesto anual de egresos.

 La clave de la disciplina partidista estriba en estos 170 mil pesos (calculados a partir de la información publicada en Proceso 1968 y 1969) que recibieron en promedio los diputados de PRI, PAN y PRD entre septiembre del 2012 y abril de este año.

 Hasta aquí no hay un cambio importante respecto a lo que sucedía en las pasadas legislaturas, es decir, la entrega de recursos monetarios a los líderes en función del número de diputados que tuviera su bancada, para que ellos los distribuyeran libremente; lo que marca la diferencia en el neopresidencialismo (Proceso 1968) es que ahora se asignan partidas adicionales para repartir discrecionalmente entre las cabezas de los grupos camarales que respaldan las iniciativas presidenciales (Proceso 1969). La novedad en esta legislatura es el incremento en el monto y la discrecionalidad en la asignación de los recursos para el control de las bancadas.

 En general, salvo casos excepcionales y memorables, los legisladores mexicanos se han caracterizado por una férrea disciplina partidista, lo cual se manifiesta claramente en el voto casi unánime de los grupos en los asuntos controversiales. Así que en este aspecto no hay sorpresas. Lo novedoso es el intempestivo viraje en el sentido del voto de legisladores de varios partidos políticos (particularmente los tres impulsores del llamado Pacto por México: PRI, PAN y PRD), quienes ahora aprobaron propuestas que hace muy pocos meses habían rechazado. Esto fue particularmente notable en los tricolores en la reforma energética y en los blanquiazules y amarillos en la de telecomunicaciones.

Una explicación para este giro es sin duda este generoso reparto de recursos, impulsado desde el Poder Ejecutivo; para ponerlo en términos muy llanos, es la compra directa de votos legislativos con el fin de sacar adelante las iniciativas presidenciales sin modificaciones relevantes.

 Pero aunque todos los votos cuentan exactamente igual al aprobar reformas legales o nuevas legislaciones, lo mismo que al rechazar las mociones de los opositores, no todos los legisladores tienen el mismo peso específico en sus grupos, y esto también se los reconocen el Ejecutivo y los líderes parlamentarios. Sin embargo, las retribuciones para estos legisladores con mayor influencia en sus grupos legislativos, sus distritos o sus partidos, son a partir de las posiciones que ocupan dentro de las cámaras, las comisiones o los grupos parlamentarios, y para ellos la distribución pecuniaria se hace mediante el ejercicio presupuestal del Poder Legislativo o las participaciones federales a los gobiernos de los estados y municipios.

 Así, los diputados más influyentes son los que tienen injerencia directa en la asignación de las partidas presupuestales; en el cobro de comisiones a los gobernantes de las entidades o municipios beneficiados; en el condicionamiento de trabajar directamente con determinadas empresas o personajes (particularmente el periódico Reforma ha sido prolijo en destapar este tipo de escándalos); y en el manejo de las mismas partidas, lo que Monreal denuncia en Proceso 1968 y que tiene que ver con la asignación directa de contratos, la contratación de personal y demás vías que les permiten allegarse recursos o beneficiar a sus amigos.

 Para ponerlo en términos muy llanos: Los 500 diputados reciben mensualmente los 148 mil 558 pesos correspondientes a las dietas, asistencia legislativa y atención ciudadana; los líderes de todos los grupos parlamentarios tienen para repartir (arbitrariamente) entre los integrantes de sus bancadas un promedio de 131 mil 697 pesos mensuales adicionales, que ya no llegan igualitariamente a todos; además, los líderes de las fracciones que apoyan las iniciativas presidenciales han recibido el equivalente a casi 40 mil pesos mensuales por cada legislador de su grupo; y, por si todo esto fuera poco, son los propios líderes los que definen a cuáles legisladores (los supuestamente más influyentes) colocan en posiciones “donde hay”.

 Esta es la fórmula que permite al gobierno de Enrique Peña Nieto sacar adelante las llamadas reformas estructurales tan largamente anheladas. No ha sido, como muchos analistas políticos señalan, la operación política de los tricolores o la conciencia nacional de la oposición; simplemente, el manejo inescrupuloso de los recursos públicos para comprar los votos necesarios. Seguramente, a los dirigentes partidistas, además de fórmulas similares para hacerles llegar su recompensa económica, también les deben incluir algunas concesiones como posiciones políticas y la incorporación de algunas de sus demandas históricas en las reformas, como claramente sucedió con el PRD en la reforma fiscal y con el PAN en la energética.

 Pero, sin duda, en el Congreso de la Unión el principal incentivo para lograr los votos que requieren las reformas constitucionales y legales es el reparto de los recursos públicos entre los legisladores. Una vulgar compra de votos.

Gobierno y PRI mantienen “comprada” a la LXII Legislatura

JESUSA CERVANTES
2014-07-19 22:07:35 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
REFORMA ENERGÉTICA

Los 500 diputados federales les salen muy caros a los mexicanos. Cada año se embolsan poco más de 830 millones de pesos en salarios y apoyos a su quehacer parlamentario, aunque producen poco, pues las iniciativas se elaboran en el Senado o vienen directamente de Los Pinos. Según Ricardo Monreal, del Movimiento Ciudadano, el Legislativo está podrido porque sus integrantes no sólo no debaten, sino que se alinean uniformemente con el PRI.

A pesar de que los diputados de la LXII Legislatura federal no han elaborado una sola de las “reformas trascendentales” –todas han sido confeccionadas fuera de San Lázaro–, sus integrantes se han esmerado en crear “otro tipo de proyectos”, como la práctica “reedificación” del Palacio Legislativo a costos millonarios.
Cada año los 500 legisladores federales reciben poco más de 830 millones de pesos en salarios y “apoyos” a su quehacer parlamentario. Sólo que ahora les dio por modernizar su sede, acorde –dicen– con la “intensa actividad política y trascendental de las reformas que demanda el país”.
Su gran propuesta de ingeniería civil se realizará en cuatro etapas, en la primera de las cuales se invertirán por lo menos 400 millones de pesos. Los proyectos se han asignado de manera directa, es decir, sin someterlos a concursos de licitación, según consta en contratos obtenidos por Proceso.
En las “autorizaciones” han participado los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD a través del Comité de Administración, el secretario general, así como el titular de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la LXII Legislatura.
Los diputados han invertido más tiempo en proponer y presupuestar “remodelaciones”, “ampliaciones” y “restructuraciones” de sus ocho edificios y en la búsqueda de la renta de equipos de cómputo, aplicaciones tecnológicas o el arrendamiento de 130 automóviles –lo que cuesta una millonada– para apoyar el trabajo de sus 56 comisiones ordinarias y comités, que en aprobar las reformas constitucionales y secundarias en materia laboral, educativa, de telecomunicaciones y energética, esta última aún en discusión.
Para Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la actual Legislatura atraviesa por su “peor crisis de autoridad y confianza” ante la ciudadanía porque, expone, “no ha sido productiva. Y por más que se diga que ha hecho múltiples leyes e infinidad de reformas estructurales, la verdad es que el Ejecutivo federal es quien las ha elaborado y sólo se envían (a San Lázaro) para su ratificación”.
Ese desprestigio se observa en las maratónicas sesiones para aprobar las reformas, en las cuales, insiste Monreal, sus pares “no debaten, no deliberan, no estudian, no proponen nada. Sólo emiten su voto de manera mecánica. Es una mayoría silenciosa que preside el PRI, acompañado de sus aliados”.
–Para tener aliados, ¿el PRI necesita dinero? –se le pregunta.
–Sí. Sin duda.
–¿Cómo le hace el PRI para obtener y manejar libremente los recursos?
–Son varias las vías. No sólo se trata de la dieta, tienen distintos privilegios, como las asignaciones de obras sin concursar, por ejemplo, o la selección y contratación de personal que cada diputado solicita; también está la gestión de recursos que se traducen en el presupuesto anual, donde, sin duda, existen los diezmos.

Dietas y diezmos

Monreal también habla sobre su próximo libro que se titulará El ocaso de un poder, en el cual habla de las corruptelas, el reparto de puestos estratégicos en el área administrativa y las comisiones legislativas, así como el dispendio millonario.
En ese volumen expone: “Los recursos públicos entregados a la Cámara (de Diputados) son la reserva para la compra de voluntades y lealtades. Así es como se mantiene en funcionamiento una capa de alta burocracia, privilegiada, que opera directamente para las bancadas de los poderes fácticos, dispone de automóviles de lujo y sueldos elevados; además facilita licitaciones de insumos, maquinaria y mantenimiento altamente cuestionables.
“Los presupuestos para el ‘correcto funcionamiento’ de la cámara son un dispendio indignante y obedecen al proceso de decaimiento del Estado frente a una oligarquía cerril.”
Asimismo detalla la llamada “dieta” de los diputados, que incluye la asistencia a las sesiones legislativa y la atención ciudadana. Cada legislador recibe 148 mil 558 pesos por ese concepto.
También están las llamadas “subvenciones” que la cámara asigna a cada grupo parlamentario, según su número de escaños. En 2013, por ejemplo, PRI, PAN y PRD se llevaron 676 millones 400 mil 904 pesos, en tanto que PVEM, Movimiento Ciudadano, PT y Nueva Alianza recibieron 153 millones 987 mil 96. En conjunto suman 830 millones.
Para 2014 la distribución es similar. De ese monto sólo se debe justificar 30%, según la investigación de Monreal.
En cuanto a los trabajadores del recinto parlamentario –6 mil 245, entre sindicalizados, mandos medios, superiores y homólogos y los que cobran por honorarios–, la mayoría no son necesarios. “El problema está en los mandos medios, superiores y homólogos (567). Ahí se concentra la mayor parte de peticiones especiales de los legisladores. Todos ellos, sin excepción, tienen ese privilegio”.
Con respecto a la “gestión de recursos”, añade Monreal, aquí sin duda la existencia de diezmos es real. Habrá excepciones muy marcadas de quienes no pidan diezmo, pero es ya una práctica corrupta generalizada.
Los diezmos, explica, ascienden a 10 millones de pesos por año. “Pero esa cantidad, aclara, es para los diputados comunes, los desconocidos, los que nunca suben a tribuna. Hay quienes piden más recursos para asignárselos a cualquier municipio, no necesariamente de su distrito electoral”.
Los temas que aborda ampliamente en su próximo libro –la dieta, las prerrogativas para los presidentes y secretarios de comisiones, la subvención del grupo parlamentario de acuerdo al número de diputados– “son los más emblemáticos”.
Pero el verdadero tema está en las “asignaciones”, según el legislador. Esto es, en los proveedores de servicios y ahora en las grandes obras y adquisiciones que se autorizaron en la LXII Legislatura federal.

El nuevo saqueo

Monreal muestra a la reportera la documentación relacionada con dos puntos fundamentales: la renta de 130 automóviles “en arrendamiento puro” por 57 millones 396 mil 591 pesos. Los vehículos se asignaron de manera directa por el Comité de Administración –el primer año estuvo presidida por el PAN, el segundo por el PRD y ahora por el PRI– a la empresa Casanova Renta “a propuesta de Toyomotors de Polanco”.
Monreal se inconformó formalmente porque, arguyó, de haberse comprado, la erogación hubiera sido de 40 millones 943 mil 240 pesos, 16 millones 453 mil 320 menos que lo que se está pagando por el arriendo de los autos.
Aldo Jonathan Dávila Ríos, asesor de la dirección general de Recursos Materiales y Servicios, respondió a Monreal:
“No se señala que la dirección general de Recursos Materiales y Servicios o la dirección de Servicios Generales haya recibido y/o realizado, según sea el caso, la documentación, evaluación y análisis descritos en los considerandos VII, X y XI –el primero se refiere a por qué arrendar y no comprar, por qué se escogió Toyota y por qué fue por adjudicación directa– del citado acuerdo, por lo que esta dirección no cuenta con los antecedentes, documentación y elementos administrativos para dar respuesta a la solicitud hecha.”
Los autos fueron asignados a los presidentes de las 56 comisiones, a los miembros de la Junta de Coordinación Política –cuyo presidente es el perredista Silvano Aureoles–, a los miembros del Comité de Administración –en el cual están representados los coordinadores de los siete partidos–, así como a los integrantes de la Mesa Directiva: 20 al PRI, 11 al PAN, 11 al PRD, tres al PVEM, y uno al PT, Movimiento Ciudadano y Alianza Nacional.
El entrevistado muestra un contrato por 115 millones de pesos autorizado el 15 de noviembre de 2012 por un “servicio de monitoreo e información legislativa para apoyo de las funciones de los CC diputados­ y diputadas, comisiones y comités de la LXII Legislatura”.
Luego de que el 13 de marzo de 2013 la reportera Claudia Salazar dio a conocer el documento que provocó un escándalo, el Comité de Administración entregó a Monreal un oficio fechado el 11 de febrero de ese año, en el cual dejaba sin efectos la decisión de contratar el monitoreo. Sin embargo el comité sí autorizó un gasto de 115 millones de pesos, aunque lo hizo el 25 de octubre de 2013 y fue para la renta de computadoras de escritorio, escáner, impresoras a color, computadoras de diseño, reguladores y computadoras portátiles. La beneficiada fue la empresa española El Corte Inglés.
Según la “adjudicación directa”, el contrato se hizo para renovar el equipo de cómputo bajo la modalidad de “servicios administrados” (renta) por una vigencia del 19 de diciembre de 2013 al 30 de abril de 2016.
Sin embargo en diciembre de 2012 el mismo Comité de Administración autorizó un contrato con Telmex por los servicios de teléfono, internet y otros, que incluía la entrega de 500 computadoras Dell. La inversión fue de 44 millones 651 mil 949 pesos.
Y aun cuando los contratos por el servicio de monitoreo informativo y la telefonía se renuevan cada año, lo preocupante es el proyecto de la remodelación de San Lázaro.
Desde el 29 de octubre de 2013, el Comité de Administración autorizó la “contratación de restauración y conservación de las celosías (…) del patio central del Palacio Legislativo”, y lo hizo como “caso de excepción” por adjudicación directa. El costo: 19 millones 360 mil 523 pesos. Pero la ingeniero Virginia Arroyo Rodríguez determinó que había mucho deterioro y aumentó otros 6.5 millones, lo que suma 26 millones 550 mil pesos.
La empresa Sackbe, especializada en restauración de monumentos históricos, fue la beneficiada. Y por si no fuera suficiente esa suntuosa obra, el 17 de diciembre de 2013 el mismo comité autorizó al despacho Vagar Consultores la “supervisión” de la obra de restauración y le pagó 1 millón 169 mil 296 pesos.
El Palacio Legislativo consta de ocho edificios y una Plaza Cívica. Fue diseñado por el despacho Ramírez Vázquez Asociados, el cual por cierto tiene “la propiedad” intelectual de San Lázaro. Ello significa que cualquier cambio que se le haga debe ser consultado.
Por eso el 5 de diciembre pasado el Comité de Adquisiciones encomendó a ese despacho –con la firma única de PRI, PAN y PVEM– “la primera etapa” de remodelación de fachadas, con una superficie de 34 mil metros cuadrados. La obra incluye sustituir losas de cantera y tezontle por material de “piedra aligerada” para evitar el hundimiento.
La asignación “directa” de esa primera etapa costó 94 millones de pesos. En las siguientes etapas –se habla de tres más– se harán “trabajos de nivelación”, pues varios edificios tienen un metro de hundimiento.
En la justificación, el comité sostiene que el de San Lázaro “es un edificio emblemático por ser sede de la Cámara de Diputados, por lo que su restauración requiere de un plan integral”. Incluso solicitó otro estudio al mismo despacho sobre el estado que guarda la Plaza Cívica que se encuentra en “condiciones deplorables”, por lo que en “una primera etapa” se le harán cambios con un costo de 51 millones 850 mil 79 pesos para “su dignificación”.
Respecto al cambio de las celosías, se contrató a José Jesús Arteaga Lara para supervisar los trabajos de la plaza y las fachadas. El 17 de diciembre de 2013 se autorizó el proyecto estimado en 2 millones 371 mil 755 pesos.
En la mayoría de los acuerdos, el Comité de Administración sostiene que la remodelación del inmueble es “para evitar exponer la integridad física de los legisladores”.
Además PRD, PRI y PAN acordaron el 19 de diciembre de 2012 y el 8 de enero de este año autorizar otra millonaria obra: el proyecto ejecutivo de la ampliación del Palacio Legislativo. El solo proyecto costó 18 millones 560 mil pesos y su propósito, según los documentos consultados, es hacer un puente que cruce la avenida Congreso de la Unión y conecte con la avenida Corregidora; además se construirá un museo interactivo.
En la justificación de las obras, del 19 de diciembre, el Comité de Adquisiciones sostiene: el recinto requiere “una modernización acorde a la intensa actividad política y trascendental en las reformas que demanda el país para que se desarrollen en tiempos postbicentenario…”.
Ante los múltiples contratos, un empleado del área legislativa comenta a la reportera: “Se dice que saldría más barato construir un nuevo San Lázaro que seguir con las remodelaciones”.