Violenta cita entre México y la CIDH en Washington

Critica su reacción negativa ante el informe sobre la situación de los derechos humanos

Severos cuestionamientos de la CIDH al gobierno de México

‘‘Quebrantar el principio de la realidad es una de las primeras manifestaciones de la esquizofrenia’’

Agencias

 

Periódico La Jornada
Viernes 8 de abril de 2016, p. 5

Washington.

En una sesión ríspida, integrantes del Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron severamente al gobierno mexicano no sólo por los ataques directos en contra de uno de sus funcionarios, sino también por la forma negativa en que ha reaccionado al informe crítico sobre la grave situación que priva en el país en materia de derechos humanos.

En un tono particularmente duro, el comisionado Enrique Gil Botero dijo que desconocer que hay situaciones de violación a estos derechos es quebrantar el principio de realidad. Esta actitud, añadió, ‘‘es una de las primeras manifestaciones de la esquizofrenia’’.

Por su parte, el comisionado Paulo Vannuchi denunció un ‘‘fuerte ataque de autoridades públicas de México’’ a la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, y el ‘‘daño irreparable’’ infligido a su secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.

‘‘Es un poco cobarde porque debía ser un ataque a la comisión. Todo el trabajo de Emilio fue en nombre de los comisionados’’, añadió.

Vannuchi reconoció que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto rechazó la denuncia, pero destacó que el caso servía para desestimular que instituciones públicas de México y otros países acepten ese tipo de acusaciones.

Así, en la primera de cuatro audiencias públicas sobre casos en México, dedicada a una revisión general de los derechos humanos en el país, la CIDH le pasó cuentas a México por el ‘‘fuerte ataque’’ a su secretario ejecutivo y las críticas lanzadas contra un grupo de expertos del organismo que investigan la de-saparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

En un principio, durante el desarrollo de la audiencia, las organizaciones civiles y representantes del gobierno mexicano discutían la situación de las garantías en México, pero las acusaciones contra el órgano de derechos humanos salieron a colación.

Hace unas semanas, en una denuncia que la Procuraduría General de la República (PGR) aceptó y luego desestimó, un ciudadano acusó al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, de ‘‘fraude’’ en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas. El mismo secretario ejecutivo ha reclamado que existe una ‘‘campaña de desprestigio’’ en México contra los integrantes del GIEI, que investigan lo ocurrido con los estudiantes.

Y aunque el gobierno mexicano ha elogiado la investigación y las recomendaciones de los expertos, la labor del grupo no ha estado exenta de enfrentamientos y diferencias con las instituciones mexicanas.

Apenas el miércoles pasado, el GIEI advirtió que romperá con la Procuraduría General de la República (PGR) si no aclara las dudas sobre un nuevo peritaje al basurero de Cocula, con lo que se busca validar la versión oficial presentada en noviembre de 2014, según la cual los jóvenes fueron atacados por policías de Iguala y entregados a sicarios del cártel Guerreros unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado sus cuerpos en dicho basurero. Sin embargo, este nuevo peritaje es ‘‘preliminar’’.

En otras sesiones sobre México –en el contexto de la 157 sesión de la CIDH– se abordaron como temas específicos como los derechos de las personas privadas de la libertad y la privatización del sistema penitenciario; las desapariciones de menores de edad, y el acceso a la información y restricciones indirectas a la libertad de expresión.

Sólo la primera fue solicitada por el gobierno mexicano; las tres restantes fueron solicitadas por organizaciones nacionales de la sociedad civil.

Libertad de expresión

Por otra parte, los comisionados y Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, hicieron una serie de cuestionamientos al gobierno mexicano sobre el tema de la libertad de expresión, a los cuales el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, se comprometió a responder por escrito.

El relator pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto que se le permita a él, junto con el relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas, hacer una visita a México para abordar y observar el tema de la falta de transparencia, acoso a la prensa y asesinato de periodistas, en una fecha que podría ubicarse en el segundo semestre del presente año, probablemente en septiembre, según propuso.

Suspensión de garantías .- Víctor Flores Olea

N

o, no es una sorpresa extraordinaria. En realidad, si examinamos con cierto detalle la evolución de la política mexicana en el tiempo de Enrique Peña Nieto, nos damos cuenta de que esta petición de suspensión de garantías al Congreso mexicano es perfectamente congruente con al menos dos hechos que han dominado su mandato: la impopularidad creciente del Presidente y su acercamiento sistemático y excesivo, casi diría altamente zalamero, con las principales fuerzas armadas mexicanas en sus diferentes versiones: Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México y Estado Mayor Presidencial.

¿Miedo o precaución? Miedo no, creo que nadie se atrevería a decir lo contrario, pero sí una precaución que me parece no se ha visto en México durante varios sexenios. Desde luego, me parece que el hecho de haber formulado esta solicitud al Congreso no abona un ápice al prestigio y a la memoria que quedará del actual Presidente, ya que se trata de un hecho o iniciativa de extrema gravedad que dice más sobre el temperamento del mandatario que sobre la situación real del país. Aquí se aplicaría el dicho entre simpático y vulgar que rezaéramos cien y parió la abuela.

Desde luego muchos argumentos podrían armarse para mostrar no sólo la inoportunidad, sino el carácter profundamente imprudente de la medida. Todo el mundo sabe bien que México atraviesa por una verdadera crisis en materia de respeto a los derechos humanos, como han señalado una variedad de organismos cuya respetabilidad y objetividad está fuera de duda. Pues bien, es precisamente en esas circunstancias que Enrique Peña Nieto se propone legalizar una eventual sistemática violación a esos derechos, por vía de leyes especiales y excepcionales como ésta de lasuspensión legal de las garantías individuales, que ya en unos cuantos días ha provocado un verdadero escándalo en México, sobre todo entre gente interesada precisamente en la vigencia de los derechos humanos y de las garantías individuales.

Naturalmente no se requiere de gran imaginación para suponer el grado de desorganización, violencia y violaciones a que pudiera llegar el país si fuera aprobada una ley como la referida, enviada al Congreso por el presidente Peña Nieto. Algunos dirán que ya vivimos esa violencia y esa desorganización, pero pensemos a qué extremos llegarían ambos problemas en caso de que los actos oficiales que los materialicen puedan surgir a la luz como hechos legales o plenamente respaldados por la ley. Ya sabemos cómo se efectúan en México estas medidas, y es por esa razón que levantamos enérgicamente la voz para oponernos a esas medidas que, en efecto, sólo son concebibles en un Congreso dispuesto sólo a escuchar la voz del amo, o en otras palabras, a ser víctimas de una manipulación o mayoriteo que se aleja terriblemente de la reflexión y conciencia analítica que en todos los casos debiera ser el eje central y constante de las decisiones del Congreso. ¡Ojalá pueda prevalecer esa responsabilidad y reflexión profunda entre nuestros congresistas!

¿O resulta que el gobierno maneja alguna información puntual que desconoce la ciudadanía? ¿Tan grave como para llevarlo a pensar en medidas de tal gravedad que por lo común son ­irreversibles?

Por supuesto, los partidarios de que se apruebe un estado de excepciónen caso de pretendida urgencia o gravedad social, argumentan que resulta mejor para el conjunto social una suspensión de garantías dentro de ciertas normas controladas a dejar la situación al más libre de los albedríos de los altos funcionarios, en especial, en el caso de México, del Presidente de la República. ¡Estoy en absoluto desacuerdo con esa iniciativa! En una situación como la de nuestro país los elementos del estado de ex­cepción, cuando no están definidas ni remotamente en la ley, precisamente aquellos que constituirían el grave estado social o de tensión, que sería una de las condiciones de aplicabilidad de la norma, quedarían sujetos al más libre de los albedríos o criterios de la autoridad, es decir, la situación de la sociedad e incluso del país en su conjunto, en materias tan graves como los derechos humanos o las garantías individuales, quedarían sometidas al arbitrio de la voluntad de las autoridades, sin ninguna defensa o protección para los particulares. En realidad, sin reconocer su nombre, se daría entrada a una situación de práctica dictadura o sumisión social que sería de una gravedad mayúscula para el país.

Por supuesto, repito, quienes son partidarios de la medida alegan que significaría un balance que equilibraría la situación social, en el caso de que alguna autoridad se propusiera medrar o aprovechar de algún caos social grave que llegara a producirse en México. El problema es que en nuestras circunstancias no sólo seaprovecharían de una situación difícil, sino que probablemente en ciertos casos la provocarían o fomentarían para sacar de ella provecho económico o político. A mi modo de ver, la situación en el plano de los abusos y de la violencia llegaría a niveles insospechados. El supuesto mayor rigor en los controles muy pronto se vería que se convierten en sus contrarios: mayores abusos, mayor violencia, menor aplicación del derecho; en una palabra, reforzamiento del caos y del estado de indefensión e inseguridad para la ciudadanía.

Cuando se vive en una situación como la actual, que en muchos casos ha llegado a su límite, resulta casi inconcebible que se piense en situaciones cuya mejor salida sería la suspensión del estado de derecho y de las garantías individuales. Esto sólo se explica por una incompetencia mayúscula y por una situación en que se han abandonado todas las normas fundamentales, no sólo del derecho sino de la ética. Como alguien dijo:Se trata de un cheque en blanco para que haga y deshaga el país a voluntad. Espero que esto jamás llegue a ocurrir, pero nunca se sabe.

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