Bolsonaro califica como "héroe" de Brasil a conocido militar torturador

La represión brutal fue el signo de la dictadura brasilera

Río de Janeiro. Una vez más, el presidente Jair Bolsonaro escarbó en la herida abierta por la dictadura militar brasileña que detentó el poder durante 21 años marcados por la censura, la persecución política, las torturas y muertes.

Bolsonaro dijo este jueves que el fallecido coronel Carlos Brilhante Ustra, responsable por un centro ilegal de tortura donde estuvo detenida la expresidenta Dilma Rousseff durante la dictadura (1964-1985), fue un “héroe nacional”.

“(Ustra) Evitó que Brasil cayera en aquello que la izquierda quiere hoy en día”, aseguró Bolsonaro en un diálogo con periodistas en Brasilia.

El mandatario brasileño, un nostálgico de la última dictadura, niega que en Brasil hubiera un golpe en 1964 y asegura, en cambio, que los militares tomaron el poder de forma legítima con el apoyo de la sociedad civil para “enfrentar la amenaza comunista”.

La expresidenta Rousseff (2011-2016) dijo este jueves que es “inadmisible” que un jefe de Estado defienda la tortura y destaque la figura de Ustra.

“Es grave que un presidente exalte a un notorio torturador y defienda la tortura como política de Estado. La tortura está considerada un crimen contra la humanidad y es imprescriptible”, dijo la expresidenta a The Associated Press a través de una declaración enviada por un asesor.

“Es inadmisible que incumpla acuerdos firmados por su país violando principios fundamentales de civilidad de la comunidad internacional”, agregó Rousseff haciendo referencia a una convención de Naciones Unidas que en 1968 catalogó la tortura como crimen contra la humanidad.

Bolsonaro almorzó este jueves con la viuda de Ustra, quien es percibido como uno de los responsables por la práctica de torturas y asesinatos durante la dictadura por la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), un órgano oficial que investigó violaciones a los derechos humanos.

El presidente ultraderechista ya lo había elogiado cuando todavía no había sido investido jefe de Estado.

En una de sus más controvertidas intervenciones en el Congreso, cuando votó a favor del proceso de destitución de Rousseff en 2016, el entonces legislador Bolsonaro llamó a celebrar la memoria de Ustra, calificado “el terror de Rousseff”.

Durante la última dictadura brasileña fueron contabilizadas 434 muertes o desapariciones y se cree que entre 30 y 50 mil personas fueron torturadas y detenidas clandestinamente, según la CNV. No obstante, una ley de amnistía ha impedido que los militares responsables sean castigados.

Ana Miranda, una farmacéutica jubilada que fue detenida y torturada por el gobierno militar por participar en protestas contra el gobierno, dijo que los comentarios significan “revolver en la herida” de un periodo sombrío.

Miranda estuvo recluida en un centro de detención bajo órdenes de Ustra. La mujer relató que mientras estuvo recluida le dieron patadas que le causaron heridas renales, choques eléctricos en la vagina e incluso los médicos del centro de tortura le dijeron que no tendría hijos.

“(Ustra) Era un hombre bien duro. A mí directamente no me golpeó, pero lo vi entrar en salas de interrogatorio y estimular a los torturadores a que fueran más violentos”, dijo Miranda.

Días atrás, Bolsonaro modificó la conformación de la Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos que depende del Ministerio de Derechos Humanos y ubicó en el órgano militares y miembros de su partido político.

Bolsonaro y ministros de su gobierno impulsan una relectura de la historia brasileña al negar que en 1964 se haya producido un golpe, movimiento que ha sido calificado como un “negacionismo ideológico” por integrantes de movimientos de derechos humanos.

El presidente publicó en sus redes sociales este jueves un video de 2014 en el que critica el trabajo de la CNV.

En un clima tenso por el malestar de organizaciones civiles y desoyendo recomendaciones de órganos de la justicia, algunos cuarteles celebraron en marzo de este año el aniversario del golpe militar, alentados por Bolsonaro.

“Es muy duro escuchar un discurso derechista que inventa cosas y distorsiona hechos que quienes los vivimos pasamos mucho sufrimiento”, agregó Miranda.

Brasil: 377 acusados de crímenes de lesa humanidad

Comisión de la verdad presenta informe final y propone revisar la Ley de Amnistía

Tortura, parte del terrorismo de Estado en la dictadura brasileña

Acusa a 377 personas, entre ellas 5 altos mandos militares

¿Yo, que cumplí la ley, soy el que violó derechos humanos?¿Y la terrorista que hoy preside el país?, dice el general Cerqueira

Representantes de organizaciones civiles protestan en Brasilia contra los crímenes de la dictadura militar mostrando una bandera que dice oyo a la justicia. La Comisión de la verdad entregó un informe indiscutible sobre las matanzas, desapariciones y actos de tortura cometidos por el gobierno entre 1964 y 1985Foto Ap

Erick Nepomuceno

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Jueves 11 de diciembre de 2014, p. 33

Río de Janeiro.

Luego de trabajar dos años y siete meses, oír mil 116 testimonios, visitar centros de detención y tortura, y finalmente redactar 4 mil 328 páginas, la Comisión Nacional de la Verdad entregó su informe final a la presidenta Dilma Rousseff, ella misma víctima de cárcel y tortura durante la dictadura cívico-militar que se impuso a Brasil entre 1964 y 1985.

En el informe, la comisión denunció a 377 personas, en su mayoría militares y policías, como responsables por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, entre ellas los cinco generales dictadores.

El informe suscitó elogios del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y la ira previsible y desaforada de los militares brasileños. Para ellos, la denuncia es parcial y facciosa. Además, reiteran que nunca hubo un sistema establecido y que lo que ocurrió fueron actos aislados de ‘exageración en el combate al terrorismo’. El informe comprueba que fue al revés: la tortura y la violación a los derechos humanos obedecieron a la decisión de imponer el terrorismo de Estado. La doctrina de seguridad nacional orientada por Washington.

En la lista de denunciados hay 88 generales de las tres fuerzas armadas. Pocos siguen vivos. Uno de ellos, el general del Ejército Nilton Cerqueira, hizo un pronunciamiento que bien refleja el sentimiento de sus pares:¿Yo, que cumplí la ley, soy el que violó derechos humanos? ¿Y los terroristas? ¿Y la terrorista que hoy preside el país?

El general Cerqueira siempre mereció la admiración de sus compañeros por haber matado al ex capitán del Ejército Carlos Lamarca, quien abandonó el Ejército para comandar una organización guerrillera. Lamarca fue localizado la tarde en que dormía bajo un árbol escuálido en una región despoblada y árida del interior de Bahía. Estaba desnutrido y enfermo. Su organización había sido diezmada, y él deambulaba sin otra compañía de la de un muchacho de 18 años, último remanente de su grupo. Cerqueira podría haberlo detenido. Prefirió asesinarlo sin darle posibilidad de reaccionar, y se hizo héroe.

Ayer por la tarde, el Club Militar, que reúne a poco más de 16 mil socios, entre militares retirados y en activo, divulgó un comunicado en que clasifica el informe de la Comisión Nacional de la Verdad como una sarta de medias verdades, calumnias y mentiras enteras.

Para el presidente del club, general retirado Gilberto Pimentel, sus autores son nada más que risibles. El malestar entre los militares en activo, incluso los actuales comandantes de las tres fuerzas armadas, es palpable y nadie se esfuerza por disfrazarlo.

A lo largo de todo el tiempo en que la comisión trabajó, los militares dejaron claro que no contribuirían para nada. Sobran ejemplos. Hace poco más de un mes, los integrantes de la comisión obtuvieron indicios concretos de la existencia de al menos dos rollos de microfilmes en dependencias del Ejército y la Marina en Río de Janeiro. Se reunieron con el ministro de Defensa, embajador Celso Amorim, pidiendo tener acceso al material. A raíz de la legislación que la creó, la comisión tenía poder para exigir cualquier documentación por la vía judicial, pero sus integrantes prefirieron negociar.

Amorim se reunió con el brigadier Junini Saito, comandante de la Fuerza Aérea; con el general Enzo Peri, del Ejército, y el almirante Moura Neto, de la Marina. La respuesta, en monótono unísono: la información no tenía ningún sentido.

La reacción de la presidenta Rousseff al recibir el documentoFoto Reuters

Los miembros de la Comisión de la Verdad entregaron detalles exactos de la localización –edificio, piso, sala– de los rollos de microfilmes. En vano.

Hubo, a lo largo de sus trabajos, innumerables ocasiones en que los comandantes de las tres fuerzas armadas se negaron claramente a colaborar. Quizá la más impactante fue cuando la comisión pidió que se investigaran nueve unidades militares en que hubo torturas y asesinatos. El pedido incluía fechas, localización y nombres de las víctimas, y también el testimonio juramentado de sobrevivientes.

La respuesta de Ejército, Fuerza Aérea y Marina fue de una ironía olímpica: dijeron no haber indicio alguno de uso inadecuado a los fines a que se destinaban tales instalaciones. Es decir: torturar y asesinar fueron los fines adecuados de aquellas –y muchísimas otras– instalaciones militares en Brasil.

El informe final de la Comisión Nacional de la Verdad poca información agrega a lo ya sabido. Trabajos anteriores, como el Brasil nunca más, iniciativa del entonces cardenal arzobispo de Sao Paulo, Paulo Evaristo Arns, y de su par de la Iglesia presbiteriana, Jaime Wright, o el informe Derecho a la memoria y a la verdad, publicado por la secretaría nacional de Derechos Humanos durante la gestión de Paulo Vannuchi, un ex preso político, ya habían revelado todo el funcionamiento del terrorismo de Estado, con nombres de torturadores y asesinos, al igual que los métodos de la represión.

Sin embargo, por primera vez los responsables son denunciados bajo el sello de la Presidencia de la República. Y también por primera vez se comprueba formal y oficialmente que la brutalidad fue resultado de un sistema instaurado por órdenes directas de los generales que se apoderaron de la presidencia del país.

Se revelan detalles de los lazos con colaboradores extranjeros más allá de la Operación Cóndor, que reunió los aparatos represivos de todas las dictaduras del cono sur en aquella época, y se confirma que entre 1971 y 1974 un alto funcionario del consulado de Estados Unidos en Sao Paulo visitó nada menos que 47 veces laOperación Bandeirantes, la OBAN, principal centro clandestino de tortura y muerte de la ciudad (Dilma Rousseff pasó por ese lugar).

Se admite que nada menos que 6 mil 591 militares de las tres armas fueron perseguidos (muchos de ellos presos y torturados) por no haberse adherido al golpe de 1964. Se confirma que entre los articuladores del golpe estaba Julio Mesquita Filho, entonces dueño del influyente diario O Estado de Sao Paulo, y que el propietario de otro gran diario, Folha de Sao Paulo, Otavio Frias de Oliveira, no sólo colaboró prestando vehículos de la empresa para el traslado clandestino de secuestrados, sino fue uno de los financieros civiles de la OBAN.

Un detalle del informe de la Comisión Nacional de la Verdad causó furia entre los militares: propone que se inculpe judicialmente a los denunciados, y que se revise la Ley de Amnistía que protege a los que cometieron crímenes de lesa humanidad.

Además de los militares, todos los grandes medios de comunicación también critican la iniciativa.

Todo lo revelado tiene un objetivo claro: hacer que se sepa lo que pasó. La razón es que 80 por ciento de los poco más de 200 millones de brasileños no habían nacido en 1964, cuando se dio el golpe cívico-militar. Y 40 por ciento no habían nacido en 1985, cuando la dictadura terminó.

Quizá conociendo los horrores se evite su repetición.