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lunes, 16 de marzo de 2015

“Apartheid informativo”, artículo de Lydia Cacho

lydia


El trabajo de investigación reporteril es la piedra angular del periodismo socialmente útil.
Ningún buen medio de comunicación sobrevive concredibilidad y prestigio sin un grupo de reporteras y reporteros profesionales, éticos, capaces de jugarse la vida a ratos y de arriesgarse a los cada vez más notables y sistemáticos ataques vengativos de gobernadores, alcaldes, policías y personajes públicos que tienen el dinero para crear ciberdesacreditadores, periódicos y revistas estilo pasquín hechos a modo para la defensa a ultranza de los poderes fácticos y de los pactos de corrupción que tienen a nuestro país arrodillado ante la violencia y desánimo que las corruptelas generan en todos los ámbitos políticos y sociales.
En los últimos años hemos presenciado y documentado los daños directos y colaterales de los ataques a la prensa, tanto a medios particulares como a periodistas en lo individual.
Hemos buscado nuevas formas para explicar con claridad el costo emocional, profesional y económico que tiene para una reportera haber sido encarcelada y torturada por órdenes de un gobernador abocado a defender a la delincuencia organizada; o a una reportera amenazada por militares hasta el día en que apareció asesinada en su hogar; o el de un editor que fue secuestrado durante 60 horas para torturarlo psicológicamente y luego soltarlo lleno de miedo, advertido por los criminales de que su vida y los textos del periódico ya no le pertenecen a él sino al líder del cártel.
Paralelamente hemos documentado con nombres, apellidos y cifras comprobables que por cada periodista perseguida, amenazado, hay una decena que renuncia o se somete,se prostituye por miedo al peligro potencial o simplemente porque no tenía vocación y ética.
Nada es tan simple como parece, no todos tienen la fortaleza y resiliencia para seguir adelante a pesar del peligro, de la fatiga emocional por vivir bajo espionaje estatal, a pesar de los ataques constantes a integridad, de los intentos por desacreditarles inventando historias sobre una supuesta vida privada. No todos ni todas resisten el miedo a las amenazas contra sus hijos o padres, ni tampoco es fácil soportar las crisis de pareja que derivan de haber elegido una profesión de alto riesgo como el periodismo, en el que sí aplica eso de necesitar tener la lengua larga y la cola corta.
Es claro que los criminales organizados y los políticos que ejercen el poder desde la ideología de la corrupción delictiva, operan con estrategias similares. Ellos han comprendido que deben atacar por cuatro flancos: intentar comprar voluntades y plumas, amenazar con retirar las onerosas cuotas de publicidad gubernamental que sostienen a tantos medios, ofrecer dádivas y amistades simuladas para acercar a periodistas a las mieles putrefactas del poder y, finalmente, orquestar golpes al interior de medios, conseguir despidos por presión política o por amenazas sutiles a cambio de beneficios empresariales que el gobierno controla de manera discrecional.
Por otro lado tenemos a los propietarios: empresarios dedicados principalmente a obtener dinero a través de uno o varios medios de comunicación que se convierten en cotos de poder importante. Esos propietarios una vez instalados en la credibilidad que el raiting les otorga, valoran a sus periodistas en la medida en que suman lectores, televidentes o radioescuchas, porque aunque la buena fama se la ganan las y los individuos, el medio, siendo su altavoz, se convierte en socio victorioso de ese prestigio. Es un ganar-ganar hasta que comienzan las batallas por el poder. Las y los periodistas, conductoras o reporteros que han hecho una carrera propia, de pronto se descubren maniatados por el propietario del medio, que condiciona su libertad, que decide si pueden o no tener Blog y redes sociales o investigar a todos los políticos por igual.
Tal es el caso de Carmen Aristegui y su equipo de reporteros y reporteras, ellas y ellos revivieron a MVS, le atrajeron seguidores, credibilidad, mejoraron sus ventas, rescataron a un medio para que se convirtiera en un ejemplo del servicio informativo a la sociedad amplia. Sólo entonces comenzó la batalla por el poder, por desacreditarla para controlarla, la exigencia de absoluta exclusividad, la estrategia de aislamiento bajo un modelo empresarial que considera a los periodistas su propiedad; obedientes empleados que deben responder a los intereses, a veces transparente y otra veces opacos, de la empresa. Sí, son una empresa, pero no fabrican autos, producen información socialmente útil, de allí que se deban a un código ético diferente porque están inherentemente ligados a los Derechos Humanos y a la libertad de pensamiento como ejes de la democracia ciudadana, protegida por leyes nacionales e internacionales.
Los medios de comunicación no deberían convertirse en cómplices del apartheid informativo que los gobiernos corruptos pretenden establecer para aislar a la sociedad y silenciar el disenso.
En este contexto la indignación por el despido de los reconocidos y respetables reporteros Daniel Lizárraga e Irving Huerta (quienes investigaron los casos La Casa Blanca, Tlatlaya, Ayotzinapa y la mansión de Videgaray), responde a la lectura de que hay una represalia por haberse metido con el presidente y su operador principal; lo cuál parece acertado, ya que Eduardo Sánchez ex consejero y abogado de Joaquín Vargas, propietario de MVS, asumió el cargo como Coordinador General de Comunicación Social de Presidencia de la República. Curiosamente Vargas  en este contexto descalificó a Carmen sin llamarla en privado y despidió a los reporteros quedándose con sus discos duros y toda la información de sus investigaciones.
Nadie puede negar que la información y la comunicación se han convertido en fuerzas motoras de la reorganización política y social; ahora más que nunca el poder y la articulación económica dependen del acceso inmediato a información auténtica y diversa. Aun en países como México, con elevados niveles de impunidad, el buen periodismo de investigación pone sobre la mesa elementos para el debate, afecta las dinámicas financieras e incita a la reacción social en defensa de los derechos humanos, de la justicia y la paz; logra que millones de personas se sientan escuchadas y sus preocupaciones validadas.
Al periodismo no le corresponde incitar a la Revolución, pero sí le concierne mostrar los hechos para que la sociedad forme su opinión, incluso para que descubra si está siendo obligada a mirar un mundo monocromático que pretende legitimar un modelo económico y político dominante cuya misión es asegurar la sumisión social, el desánimo paralizante que causa el saber que no tenemos poder contra quienes manejan nuestros recursos, que deciden sobre nuestra seguridad, nuestra vida, nuestro futuro y ponen precio al agua que bebemos.
Los medios en México están en riesgo de facilitar un poder autocrático en el que un pequeño grupo domina el discurso público y descarta toda posibilidad de diversidad discursiva y de análisis, lo cuál impide a las y los ciudadanos tener acceso al poder para la toma de decisiones que la constitución y la democracia les confieren. Es decir, los medios de comunicación que se someten a las reglas del poder político corruptor, terminan por convertirse paradójicamente en censores, en patológicos reproductores de un discurso monolítico que narra solamente lo que conviene a un pequeño grupo de miembros de poderes fácticos cuyo interés no es servir a la sociedad, sino engañarla para seguirse nutriendo del poder. Esos medios traicionan a la sociedad que les otorga su confianza y gracias a la cuál cotizan mejor en la Bolsa de Valores.
El buen periodismo cuesta caro, en un mundo regido por el capitalismo, en que los servicios, la educación, alimentación y la salud no son gratuitos es injusto y ridículo exigir que las y los periodistas profesionales regalen su trabajo, su inteligencia y su tiempo.
Quienes celebran la libertad de los Blogs particulares no comprenden los gastos onerosos que implica mantener un medio independiente con reporteros profesionales, con diseñadoras, editoras y fotógrafos, que contrasta fuentes y paga investigaciones de largo aliento, que implican viajes y cientos de horas invertidas en cada tema.
El periodismo profesional en México es un trabajo de tiempo completo, una forma de vida, y en ocasiones, una misión democratizadora.
Minimizar el aniquilamiento de la libertad de prensa y de la autonomía económica para poder ejercer esta profesión, es hacerse cómplice de un Sistema que busca la opacidad para tener el control absoluto de la decadencia asimilada.

sábado, 24 de mayo de 2014

Exige #YoSoy132 derogar leyes que censuran la libertad de expresión


23 DE MAYO DE 2014 
DESTACADO

#YoSoy132 celebra dos años de su aparición. Foto: Miguel Dimayuga
#YoSoy132 celebra dos años de su aparición.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- Representantes del movimiento juvenil #YoSoy132 exigieron la derogación de las “leyes mordaza” que se han aprobado en distintas entidades para regularizar las manifestaciones sociales.
En conferencia –a dos años de la creación del movimiento–, aseguraron que estas legislaciones buscan censurar el derecho a la manifestación y a la libre expresión en México, y mencionaron en particular las de Quintana Roo, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas y el Distrito Federal.
Acusaron que “tienen como principal objetivo criminalizar la protesta, que a pesar del ambiente de linchamiento y desprestigio, es un derecho que tenemos como ciudadanos”.
Se trata de “medidas legaloides que buscan sembrar el miedo y que siembran las bases para que desde diferentes frentes se acalle la conciencia social”, dijeron.
Las calificaron de “regresiones a los derechos civiles” que se suman “a la situación de progresiva indefensión (persecución, encarcelamiento ilegal, difamación, agresión)” en las que están los activistas en todo México.
Iris López, integrante del movimiento, afirmó que levantar la voz “es uno de los únicos mecanismos de presión que le quedan a la ciudadanía ante las políticas y los actos de corrupción que agreden constantemente el bienestar de la población así como del fallido sistema de representación popular que está cooptado por una elite de negociantes de los votos y defensores de intereses sectarios”.
Es claro, dijo, que “la protesta incomoda a los intereses de la camarilla que tiene secuestradas a las instituciones públicas al punto de llegar a la barbaridad”.
Nidia Pedraza, representante del “#YoSoy132 Puebla”, recordó que a propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle, el Congreso local aprobó una ley “mordaza” el pasado 19 de mayo en una asamblea extraordinaria, que incluye el uso de armas de fuego para dispersar manifestaciones, por lo que fue llamada “Ley Bala”.
Michel Hernández, de “#Yo soy 132 San Luis Potosí”, dijo que los derechos a la libertad de expresión y manifestación de los potosinos están limitados en la Ley de Manifestaciones Públicas, libertad de tránsito y derechos de terceros, que presentó el diputado local Alejandro Lozano el pasado 27 de marzo.
César Castillo, de “#YoSoy132 Quintana Roo”, comentó que el pasado 24 de marzo, el Congreso del estado aprobó la denominada “Ley de Ordenamiento Social”, que condiciona el derecho a la manifestación, pone en riesgo y suprime las garantías sociales consagradas en el artículo 18 y 20 de la Constitución Política del estado.
DF, el más represor
Los representantes del movimiento “#Yo soy 132” se refirieron también a la ley que se aplica en las manifestaciones hechas en el Distrito Federal.
Diana Mota, representante de la “CodhDF 132”, comentó que como sede de los tres poderes de la Unión, la Ciudad de México “de forma inevitable es el espacio público por excelencia para el ejercicio del derecho a la protesta”.
Aseguró que desde el 1 de diciembre del 2012 –cuando se hizo una gran manifestación contra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México, que terminó en violencia y detenciones— “las condiciones para el ejercicio del derecho a la protesta en todo el país y en específico en el DF han ido empeorando”.
Recordó que la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP-DF) del gobierno de Miguel Ángel Mancera, elaboró y expidió a través del acuerdo 16/2013 un “protocolo de actuación policial”. En él, dijo, prevalece el derecho a la movilidad sobre el de libre manifestación; además faculta a la policía –aún en contra de la ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de policía del DF–, para aplicar acciones tendientes a la desarticulación de protestas o de abierta provocación en contra de los manifestantes, por ejemplo, los “encapsulamientos”.
Incluso, acusó que ese protocolo “ha sido aplicado de manera selectiva en contra de manifestaciones ajenas a estructuras partidistas o corporativas e integradas en su mayoría por jóvenes”.
En la conferencia se acusó también que los procesos judiciales aplicados a los detenidos en las marchas “han demostrado la parcialidad con la que se conducen quienes integran al Poder Judicial del DF”. Los activistas pusieron como ejemplo los resultados “favorables” de los juicios de amparo iniciados por algunos de los 14 detenidos del 1 de diciembre, pues al ganar estos juicios, se reconoce que hubo violaciones al debido proceso legal de los imputados.
Destacaron las “onerosas” fianzas exigidas a partir de la reforma al artículo 362 del Código penal del DF por el delito de ataques a la paz pública. Comentaron que si bien la gravedad de este tipo penal fue reducido, aún se utiliza por el Ministerio Público para acusar “a cualquier persona que sea detenida arbitrariamente en marchas, buscando inhibir de este modo la participación de personas y colectivos en actos de manifestación pública”.
De paso, acusaron que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) también “ha abonado al proceso de criminalización y de disuasión del derecho a manifestarse”. Explicaron que las reformas a los artículos 123, 130 y 241 del Código Penal local aprobadas el 19 de noviembre del 2013 fueron para incrementar en una mitad las penas para quienes, en manifestaciones públicas, cometan homicidio o lesiones dolosas contra autoridades, así como daños a la propiedad.
Aclararon que, aunque estas modificaciones aún no han sido publicadas, “constituyen un claro ejemplo de los criterios de la Asamblea con respecto al derecho a la manifestación”. Incluso, comentaron que la recién aprobada Ley de Movilidad mantiene de la antigua Ley de Transporte y Vialidad, un condicionamiento ambiguo para las manifestaciones, al referirse a ellas como las que persigan una finalidad “perfectamente lícita”.
Los integrantes del movimiento “#Yo soy 132” señalaron al gobierno federal por jugar un rol “importante” en contra del derecho a la protesta.
Y es que, cuestionaron la manera en que el Senado y el Congreso de la Unión son blindados por la policía federal cada vez que se discute alguna reforma o legislación secundaria que provoca manifestaciones. Incluso recordaron que fue la misma fuerza federal la que desalojó con violencia a los maestros disidentes del zócalo capitalino en septiembre de 2013.
La “falta de compromiso” del gobierno federal con los derechos humanos, dijeron, es evidente al no haber ningún policía federal procesado o cesado por esos hechos ni por los del 1 de diciembre del 2012.
La crítica también le tocó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al no haber determinado que, a pesar de los testimonios y las evidencias, fue un proyectil lanzado por la policía federal el que hirió al activista Francisco Kuykendall, y que en enero pasado le provocó la muerte.
Los representantes del movimiento “#Yo soy 132” criticaron por último que “la situación del derecho a la manifestación y en general de los DDHH es alarmante a nivel nacional y local. La forma de conducirse de las autoridades aquí presentadas, ejemplifican el doble discurso del estado Mexicano sobre los derechos humanos”.

viernes, 11 de abril de 2014

Marchan colectivos contra censura en Internet por Ley Peña-Televisa


10 DE ABRIL DE 2014 
DESTACADO

La protesta en contra de la Ley Peña-Televisa. Foto: Jenaro Villamil
La protesta en contra de la Ley Peña-Televisa.
Foto: Jenaro Villamil
MEXICO, D.F. (apro).- Por primera vez en este 2014 y desde que se dio a conocer la iniciativa de ley de telecomunicaciones y radiodifusión del Ejecutivo federal, 11 colectivos de activistas por los derechos digitales, hackers, defensores de derechos humanos y exdirigentes del movimiento #YoSoy132 marcharon de las instalaciones de Televisa hacia el Senado para denunciar los intentos de censura en las redes sociales que plantea el proyecto.
“Recuperamos las calles para no perder las redes”, sentenció Carlos Brito, integrante del colectivo de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, uno de los principales convocantes de esta primera movilización que aglutinó a más de mil personas.
“La presente ley es una violación absoluta a la reforma constitucional de 2013”, advirtió Brito, mientras que Vladimir Chorni, de la misma red, advirtió que la ley Peña-Televisa –como se plasmó en varias pancartas– “es un descaro” y “un atentado directo a los derechos de los usuarios de la red”.
Sin oradores ni templete, con un ambiente juvenil que recordó a las primeras movilizaciones del #YoSoy132, los participantes se concentraron en las instalaciones de Televisa Chapultepec a las 18:30 horas. Partieron por Balderas hasta la avenida Juárez y luego llegaron por la avenida Reforma a las instalaciones del Senado.
También participaron contingentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), del colectivo #PosMeSalto, y de organismos defensores de derechos humanos.
“Creímos que nadie iba a tratar el tema de Internet. Esta es una marcha no de personas vinculadas a partidos, ni tampoco defendemos intereses de empresarios, es una marcha para defender los derechos de los ciudadanos que utilizamos Internet”, abundó Brito.
En la iniciativa del Ejecutivo federal que se dictamina en el Senado, uno de los capítulos más claramente señalados como violatorios de la Constitución y de los derechos humanos son aquellos relacionados al control, la vigilancia, la geolocalización y la posibilidad de interceptar mensajes y contenidos en Internet.

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