México, DF. El “rescate carretero” implementado a partir de febrero de 2004 por el gobierno federal entregó “de manera irregular” 19 autopistas propiedad de Caminos y Puentes Federales (Capufe) al Fondo de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac), denunció ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
Con la representación sindical, Martín Curiel Gallegos, secretario general de dicho Sindicato presentó una denuncia, "contra quien resulte responsable”, en la que enumera una serie de acciones impulsadas por la Secretaría Comunicaciones y Transporte que derivó en la entrega anticipada e ilícita de tramos carreteros a la iniciativa privada.
Entre las irregularidades denunciadas por el Sindicato, destaca la entrega de tres tramos carreteros federales de cuota, el seis de abril de 2005, al Grupo INBURSA.
“En la revocación de las concesiones entregadas a Capufe por la SCT, no existe causal alguna de las señaladas en la Ley “, por lo que se violó flagrantemente la norma vigente. Además, “no existe documento alguno por parte del Congreso de la Unión, respecto del permiso para bursatilizar los futuros ingresos de las autopistas federales de cuota, de mayor rentabilidad y sostén económico de Capufe. Esto es, que el pacto se realizó sin el conocimiento y autorización previa del Congreso de la Unión, lo que resulta grave e irregular por parte de los funcionarios públicos, el que permitieran el traslado de bienes patrimoniales de Capufe en beneficio de Farac, de empresas privadas o de algunos funcionarios de alto nivel”.
Las irregularidades relacionadas con el incumplimiento de normales legales incluyen la aprobación de un Estatuto Orgánico de Capufe en contraposición a los decretos que le dieron nacimiento a ese organismo; la inserción de Banobras como miembro del Consejo de Administración de Capufe y a la vez como concesionario de autopistas, facultad de la que además carece en su ley orgánica; y, lo más grave, la entrega encubierta de autopistas a la iniciativa privada y la ampliación ilegal en los plazos de concesión.
La participación creciente de la iniciativa privada en la construcción y administración de las autopistas federales, indica la queja ante la SFP, ha derivado en que las carreteras concesionadas de México son las más caras a nivel mundial por kilómetro con un precio de 2.68 pesos; seguidas de Japón (un peso 89 centavos), las administradas por el Farac (un peso 43 centavos), Francia un peso 40 centavos, España (un peso 21 centavos), Australia (un peso 18 centavos).
“En la revocación de las concesiones entregadas a Capufe por la SCT, no existe causal alguna de las señaladas en la Ley “, por lo que se violó flagrantemente la norma vigente. Además, “no existe documento alguno por parte del Congreso de la Unión, respecto del permiso para bursatilizar los futuros ingresos de las autopistas federales de cuota, de mayor rentabilidad y sostén económico de Capufe. Esto es, que el pacto se realizó sin el conocimiento y autorización previa del Congreso de la Unión, lo que resulta grave e irregular por parte de los funcionarios públicos, el que permitieran el traslado de bienes patrimoniales de Capufe en beneficio de Farac, de empresas privadas o de algunos funcionarios de alto nivel”.
El Sindicato denunció también que este proceso de restructuración iniciado en el gobierno de Vicente Fox, se incluyó ilícitamente a Banobras S.N.C. con facultades legales para llevar a cabo la administración de los tramo carreteros.
El Consejo de Administración de Capufe, “autorizó de forma ilegal y en contra de la normatividad vigente, el ocho de julio de 2004, convenios de terminación anticipada de las autopistas federales de cuota , concesionadas a Capufe a partir del marzo de 2003”, muchas de las cuales terminaban su vigencia el 18 de marzo de 2023, además autorizó la ampliación ilícita de concesiones, señala el documento entregado a la SFP.
