Órganos electorales partidizados

JESÚS CANTÚ
16 DE JULIO DE 2013
ANÁLISIS

Sesión del IFE.
Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Baja California y al menos 12 de los 17 consejos distritales dejaron plena constancia de que acataron fielmente las instrucciones de los representantes del Partido Revolucionario Institucional ante dichos órganos: primero acordaron, en contra de la ley, hacer un recuento total de votos y posteriormente, cuando el PRI reculó, ellos lo suspendieron.

El 2 de enero de 2013 el semanario bajacaliforniano Zeta informó que los legisladores locales del PRI y del PAN se habían repartido los siete consejeros ciudadanos numerarios del Consejo General; cuatro fueron tricolores (aunque éstos incorporaron a su lista una propuesta del Verde, con el cual ya habían acordado formar coalición en las elecciones estatales de este año) y tres blanquiazules.

En la nota del periodista Sergio Haro Cordero se señalaba con precisión que el PRI propuso a Rubén Castro Bojórquez, Jaime Vargas Flores, Carola Andrade Ramos y –“empujado por el Partido Verde Ecologista”– a Javier Garay Sánchez. Por su parte el PAN apoyó a Jorge Aranda Miranda, Beatriz Martha García Valdez y Miguel Ángel Salas Marrón. La distribución correspondía a la correlación de fuerzas en el Congreso local, pues el PRI y sus aliados acumulaban 16 votos y el PAN y los suyos, nueve.

La mayoría priista en el Consejo General impuso como presidente de dicho órgano a Castro Bojórquez; posteriormente también dominaron la formación de los consejos distritales. El control de los órganos distritales permitió a los priistas manipular la operación de los mismos –como se evidenció en uno de los videos que mostraba el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero–, para interrumpir el Pacto por México.

En el mismo, Óscar Adrián Ayón Castro, empleado del municipio de Tijuana y hermano de la candidata priista Miriam Ayón a diputada por el distrito 9, con cabecera en Tijuana, se ostentaba ante funcionarios del IEPC como el “coordinador del noveno distrito”. Dicha operación pretendía definir la contratación de los capacitadores y a través de ellos sesgar la designación de funcionarios de mesa directiva de casilla.

Pese a todo, los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares favorecían al candidato panista a la gubernatura, Francisco Kiko Vega, sobre el priista Fernando Castro Trenti, por lo cual, tras detectarse un error de programación que alteraba los porcentajes de los votos para cada fuerza política (no los números absolutos, sino únicamente los porcentajes), el mismo Consejo y particularmente su presidente, Castro Bojórquez, se encargaron de descalificarlos.

Allí construyeron el argumento para promover el recuento total de votos.

Y los consejeros representaron fiel y cabalmente las posiciones de los partidos que los llevaron a dichos puestos: primero Beatriz García –impulsada por el PAN– presentó una propuesta de acuerdo para conminar a los consejos distritales a que circunscribieran su actuación a cumplir con la norma, es decir a recontar voto por voto en los casos especificados en las fracciones I y II del artículo 374 y “sólo si al término del cómputo… se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el Consejo Distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas”, como señala el artículo 375.

Un acuerdo innecesario pues simplemente repetía lo que señalaba la ley, pero dio pie a que los consejeros Carola Andrade y Javier Garay –propuestos por el PRI– impulsaran la propuesta de que los consejos distritales podrían acordar desde el inicio de las sesiones el recuento total de votos. Apoyaron dicha moción los cuatro consejeros priistas: Castro, Andrade, Garay y Vargas. Se opusieron los tres panistas: García, Aranda y Salas.

Inmediatamente 12 de los 17 consejos distritales, en franca violación a la ley, acordaron el recuento total; por la tarde el candidato tricolor declaró que él apoyaba el recuento únicamente en los paquetes que mostraran inconsistencias. Y luego los priistas se desistieron formalmente ante el órgano electoral. De inmediato los 12 consejos distritales revirtieron el acuerdo y dejaron de recontar.

La sucesión de los acontecimientos evidenció el control de las fuerzas políticas que los propusieron sobre los integrantes de los órganos de dirección del organismo electoral, lo cual hizo patente la partidización que hoy prevalece en la designación de los consejeros electorales.

La mayoría priista en el Consejo General del órgano electoral de Baja California sirvió a panistas y perredistas en dos momentos (cuando Madero amenazó con retirarse del pacto y tras la decisión del recuento total de votos) para recriminar las tropelías de los tricolores, pero nunca reconocieron que ellos son corresponsables, pues cuando recibieron su cuota de tres consejeros ciudadanos avalaron con sus votos la integración del mismo.

Lo que sucedió en Baja California es simplemente una fiel representación de lo que hoy se repite en todos (o casi todos, para dejar abierto el beneficio de la duda de alguna excepción) los órganos de gobierno de los organismos electorales (incluyendo, desde luego, al Instituto Federal Electoral), con la única diferencia que en este caso sus actuaciones fueron demasiado burdas.

Y afortunadamente si alguien tiene dudas de lo que realmente sucedió en la elección y la posible alteración de los resultados, podrá disiparlas en enero de 2014, pues el artículo 387 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California prevé que durante dicho mes se exponga al público toda la documentación relacionada con la jornada electoral (incluida expresamente la contenida en los paquetes electorales, que incluye los sobres con las boletas sobrantes, los votos válidos y nulos) para “proceder posteriormente a la elaboración de la estadística electoral y los estudios del proceso electoral”.

Así en este caso no podrá negarse el acceso a la documentación electoral, como ocurrió en la elección presidencial de 2006.

“Fiscalización del IFE permitió al PRI ocultar 140 millones de pesos”: PRD

El representante perredista, Camerino Márquez, sostuvo que la autoridad electoral utilizó criterios diferenciados para contabilizar los gastos de campañas presidenciales.

(Foto: Cuartoscuro)

Redacción AN

Julio 16, 2013 10:34 am

Camerino Márquez, representante del PRD ante el IFE, dijo que su partido calcula que el PRI ocultó aproximadamente 140 millones de pesos de gastos de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a la autoridad electoral.

“En el PRI saben hacer fraude a la ley… hay un ocultamiento de más de 100 millones de pesos… 140 millones acreditados que el PRI no reportó… a ellos la autoridad (electoral)les cotizaba menos el costo real de los eventos“, sostuvo el perredista.

En entrevista para Noticias MVS, primera emisión, sostuvo que la Unidad de Fiscalización de los gastos de campaña “actuó de forma facciosa, parcial” e incluso acusó que “encuadraró las cuentas que presentó la coalición Compromiso por México, conformada por el PRI y Partido Verde, para no dañar la imagen de su candidato Enrique Peña Nieto.

“A ellos (coalición PRI-PVEM) les permiten prorratear eventos como el Peña Fest… hay un derroche de espectaculares, entrega de artículos utilitarios”, señaló.

Sobre la multa a su partido por un rebase de tope de gastos de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, Márquez aceptó que “quizás hubo falta administrativa”, pero apuntó contra el IFE por calificar “graves” esas irregularidades, “contrario a lo que hace con el PRI”.

“La Unidad de Fiscalización nos negó derecho de audiencia, a presentar pruebas”, refirió. Y ejemplificó que al evento de cierre de campaña de Peña Nieto en el Estadio Azteca le contabilizaron 10 mil gorras, mientras al de López Obrador en el Zócalo les contaron 200 mil.

“(En el IFE) jamás iban a permitir el rebase de tope de la figura presidencial”, aseguró.

Acusó que incluso uno de los auditores del Movimiento Progresista se encuentra colaborando con la Presidencia de la República, por lo que dijo que si el modelo de fiscalización pierde autonomía, pierde autoridad moral.

Sobre el titular de la Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalinas, el representante perredista dijo que “actuó de manera parcial, favoreció a Compromiso por México”.

Por último, apuntó que irán al Tribunal Electoral para pedir que se regrese el dictamen y se vuelva a fundar y votar.

El PRIFE

 

Pedro Miguel

Todo México sabe que en esta elección presidencial hubo fraude. Lo saben, por supuesto, quienes lo perpetraron, quienes lo sufrieron, así como quienes, sin situarse en ninguno de los bandos, lo atestiguaron en flagrancia o pudieron observar sus consecuencias imprevistas.

Entre el lunes 3 y el viernes 6 de julio, en numerosas tiendas de autoservicio –no sólo en las de la cadena Soriana, por cierto– muchedumbres de compradores vaciaron los estantes, provistos con tarjetas de débito que –admitieron muchos de ellos– les habían sido entregadas por el PRI a cambio de su voto por Enrique Peña Nieto.
Muchos otros, menos afortunados, escenificaron protestas porque los plásticos no tenían fondos o porque éstos eran inferiores al monto que se les había ofrecido a cambio del sufragio propio y/o del ajeno. Los testimonios abundan. En los días siguientes a la elección la candidata oficialmente perdedora exhibió miles de esas tarjetas y muchas otras pruebas de la compra masiva de votos, de los extralimitados gastos de campaña, de acciones de coacción contra los ciudadanos, de papelería electoral manoseada y de otras formas de adulteración de la voluntad popular.
La semana pasada se dio a conocer documentación que prueba las operaciones con recursos de procedencia ilícita en la campaña de Peña Nieto y se ha documentado la vinculación de las empresas participantes en esas acciones con operadores próximos al aspirante presidencial priísta.
Mientras la montaña de delitos electorales revienta la fachada de la limpieza democrática, el PRI y el IFE unen fuerzas para alegar que el fraude es un ru-mor sin sustento. Sólo les ha faltado decir que la compra de votos tendría que demostrarse con la exhibición de las correspondientes facturas fiscales emiti- das a nombre del tricolor por los votantes sobornados.
La televisión comercial se deslinda del magno operativo mediático previo mediante el cual se construyó, durante cinco años, una candidatura presidencial en el vacío. Los alegadores al servicio del régimen –están en eso desde que se sumaron, en 1988, a la defensa del abuelo de este fraude– hacen minería conceptual en busca de matices y retruécanos para vestir al sofisma: a la espera de la verdad jurídica, la administrativa es la única verdad. Si se les mostrara un video de Peña Nieto en el que reconociera que en su candidatura se lavó dinero, di- rían que es Photoshop, o bien argumentarían que la confesión es la prueba reina, pero que México es una república y por lo tanto no la reconoce. ¡Pruebas!, ¡pruebas!, claman, mientras navegan en un océano de ellas.

A estas alturas, los medios electrónicos, la comentocracia, el Revolucionario Institucional –comprometido a fondo en el ejercicio alquímico de transmutar la inmundicia en legitimidad– y la autoridad electoral –empeñada en negar que fue omisa y permisiva, pese a que desde febrero López Obrador le advirtió sobre las muchas formas en las que podría colársele el fraude– han conformado una suerte de frente de resistencia contra la verdad.
El frente mencionado no sólo niega que llueve en plena torment, sino que ensaya descalificaciones autoritarias contra los recursos a las vías legales para esclarecer el fraude. Quienes acuden a los tribunales dividen a México; si divulgan la información relacionada con la adulteración, siembran odio; si fundamentan la queja, desestabilizan; si señalan las omisiones, atentan contra la institucionalidad democrática. El IFE, por lo pronto, ya atentó contra sí mismo y contra lo que pudo quedarle de credibilidad después de su triste papel como operador del fraude en 2006.
Ahora la única posibilidad institucional de restablecer la legalidad quebrantada está en manos del Tribunal Electoral, y consiste en invalidar la elección del 2 de julio y crear las condiciones para el cumplimiento de los términos constitucionales: que el Congreso de la Unión establezca un interinato y se convoque a nuevos comicios en cosa de año y medio. No hay en esa perspectiva nada de subversivo, de desestabilizador o de ilegal.
Desde luego, para que el esfuerzo sirva de algo es necesario que los comicios de 2013 o 2014 sean organizados y vigilados por una autoridad electoral plenamente renovada a la que la sociedad pueda concederle al menos el beneficio de la duda. La de hoy se ha evidenciado como parcial y omisa, y tan falsaria como su beneficiado central. Bien podría llamársele el PRIFE.