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domingo, 19 de febrero de 2012

Luis Javier, el indignado


Porfirio Muñoz Ledo


Fue Luis Javier Garrido un personaje singular, marcado por una biografía colectiva pero diferente de sus contemporáneos por la seriedad de su talante y la constancia implacable del pensamiento crítico. Hijo del rector a quien correspondió el difícil mantenimiento de la autonomía política e intelectual de la Universidad -en equilibrio con el gobierno de Miguel Alemán- tanto como el proceso de construcción de la Ciudad Universitaria.

Conocí la obra antes que al autor, aunque -menor que yo- él me recordaba desde los días en que era alumno de primaria en el Instituto México. Llegó a mis manos su libro clásico sobre la revolución institucionalizada, pieza maestra para el conocimiento del sistema político mexicano, que era el centro de mi trabajo académico. Poco después los traté en el ámbito cordial de alumnos, materias y preocupaciones compartidas. Eran los días del movimiento estudiantil de 1968 y de la creación de la Corriente Democrática

Nuestra relación fue sobre todo indirecta y sólo con los años devino en un vínculo sólido, entrañable y señaladamente respetuoso. Me sorprendió en un principio su carácter, en apariencia introvertido y distante, hasta que descubrí detrás de los lentes de búho – símbolo de jurisprudencia- un ser humano jovial y refinado, exigente, directo y extremadamente cortés. Nunca lo sedujo el poder ni se dejó someter por él.

Por aquel tiempo vino a México nuestro común director de estudios, Maurice Duverger, quien nos invitó a almorzar y nos explicó las razones por las que indujo a sus discípulos a investigar las instituciones de sus propios países. No solamente para llenar vacíos bibliográficos, sino para convertirlos en agentes del cambio democrático y social en sus contextos nacionales; lo que creo se cumplió en ambos casos por distintas vías.

Garrido es precursor de la generación de los indignados, desde el señorío de la cátedra, la lucidez del pensamiento y la actitud contestataria. Ninguna de las protestas contra el autoritarismo y la injusticia le fue ajena: el movimiento estudiantil de 1968, la revuelta zapatista, la huelga universitaria del 2000 -en la que jugó un papel central- los fraudes electorales de 1988 y del 2006, la batalla por el petróleo, el movimiento de regeneración nacional y el clamor contra una estrategia de seguridad altamente nociva para la integridad del país.

Sus escritos más recientes no dejan lugar a dudas sobre su interpretación de los acontecimientos mexicanos de las últimas tres décadas. Más allá de la anécdota y de las formas y momentos en que se manifestaron todos ellos son parte de los estragos causados en nuestro país por la implantación del ciclo neoliberal. La tragedia es que la subordinación se ha consolidado, mientras que las corrientes transformadoras han sido derrotadas, marginadas o absorbidas. Estamos por ello en espera de la batalla definitiva.

Crítico feroz de los últimos cinco sexenios insistió en considerar la administración de Calderón como un “gobierno de facto” y a nuestra organización política como un “narcoestado”. El significado último del 2006 -según Garrido- es el de un apoyo norteamericano condicionado a la entrega de las decisiones políticas y los recursos básicos del país. Un vaciamiento de soberanía como consecuencia del fraude electoral.

A partir de esa lógica, aseguraba Luis Javier, la “guerra” contra el narcotráfico no es sino un instrumento de dominación que busca el apoderamiento de los recursos estratégicos del país y el control desde el exterior del territorio nacional. Afirmaba que el “pacto de sumisión militar” ha vuelto nugatoria la vigencia del régimen constitucional y abogaba por una reconstrucción cabal de las instituciones mediante la instauración de una democracia participativa y militante.

La cercanía de Luis Javier con la juventud y su devoción por las palabras reflejaban su pasión por las ideas y la compulsión de sembrarlas para generar desde la inteligencia un cambio radical de nuestra vida pública. Que así sea.

viernes, 3 de febrero de 2012

El último artículo de Luis Javier Garrido

Business are business
Luis Javier Garrido
In memoriam, reproducimos el presente artículo de nuestro compañero y maestro Luis Javier Garrido –fallecido el pasado miércoles–, publicado en este espacio el 27 de enero del año en curso

La llamada “guerra contra el narcotráfico” es, además de todo, un estupendo negocio para una serie de corporaciones afines a los demócratas estadunidenses, pero también para múltiples hombres de negocios vinculados al gobierno de Felipe Calderón, por lo que desde esa perspectiva, extremar la violencia resulta benéfico para los negocios.

1. El presidente estadunidense Richard M. Nixon acuñó el término de “guerra contra las drogas”, no debe olvidarse, en un discurso pronunciado el 17 de julio de 1971, en el que pretendió estar preocupado por el incremento del consumo de enervantes entre los soldados en Vietnam, cuando en realidad lo que buscaba era aprovechar la alarma que estaba creando al afirmar que las adicciones habían asumido la dimensión de “una emergencia nacional” para solicitar importantes recursos al Congreso a fin, entre otras cosas, de ir creando nuevos negocios en torno de esa supuesta lucha contra el narcotráfico.

2. La noción de “guerra contra las drogas” encubrió, por consiguiente, desde sus orígenes, además de una serie de objetivos políticos, estratégicos y militares de una potencia imperial, muy claros intereses económicos, tanto del Estado, que pudo disponer cada vez más de fondos excepcionales votados en la colina del Capitolio, como de una serie de consorcios empresariales asociados a esos intereses. Los expertos en la política de Washington sobre las drogas coinciden en que aun después de esa algarada de Nixon, nada cambió en las orientaciones generales de la política estadunidense, que siguió rigiéndose por la ley de 1970 sobre la prevención de las drogas, que no era otra cosa que una secuela de la ley Harrison de 1914 sobre narcóticos. Y nada cambió, ni siquiera al ser elevada dicha “guerra” al rango de ley el 28 de enero de 1972. Lo único nuevo desde entonces fue que los negocios florecieron aún más.

3. Las políticas de Washington en materia de drogas se han sustentado por consiguiente en los últimos años en esa doble vertiente contradictoria. Ha llevado a cabo Estados Unidos por un lado una campaña permanente pretendiendo combatirlas y brindar “ayuda” a otros países para supuestamente desalentar y reducir su producción, lo que ha entrañado incluso su intervención militar. Y, por el otro, ha tendido invariablemente a preservar el narcotráfico como un gran negocio, reordenado y dirigido desde Washington, el que ha beneficiado incluso, desde su lado ilegal, a políticos del más alto rango, y que desde su lado “legal” ha permitido al Estado mayores recursos y a múltiples empresas desarrollar una serie de negocios “legales”.

4. Las políticas del gobierno de Barack Obama en la materia han seguido escrupulosamente el esquema nixoniano, y cada vez que ha estado en algún problema político ha invocado a los cárteles mexicanos como una amenaza de “dimensión nacional”, para solicitarle recursos frescos al Congreso, sin dejar por lo mismo de apoyar a las multinacionales que están haciendo negocios multimillonarios con la “guerra contra el narcotráfico”. La debilidad del gobernante espurio mexicano Felipe Calderón le permitió a Washington en 2006 extremar su esquema de dominación sobre México pero también ampliar su red de negocios.

5. La “guerra contra las drogas” de Obama en México ha significado enormes negocios para una serie de empresas vinculadas a los intereses de los demócratas estadunidenses. En un reciente reportaje, Jorge Carrasco Araizaga da cuenta de cómo tanto las empresas privadas asociadas a la industria militar estadunidense como otras nuevas han obtenido millonarios contratos de Washington para proveer de equipamiento y material bélico y de otro tipo tanto a México como a Estados Unidos (Proceso, 2012), lo que se ha fortalecido por la presencia en territorio mexicano de las agencias del gobierno estadunidense, que Calderón ha autorizado operen aquí, y que se hallan bajo la coordinación del contralmirante Colin J. Kilrain, experto también en negocios.
6. Las políticas bélicas de Calderón han beneficiado enormemente a las trasnacionales, pero no sólo a éstas. El Pentágono ha obtenido mayores recursos del Congreso gracias a su intervención en México y en octubre de 2012 pidió otros mil 200 millones de dólares para operar en territorio mexicano, y los contratos de las empresas privadas no dejan de crecer. La Iniciativa Mérida implicó en sus inicios un paquete “de ayuda” de mil 400 millones de dólares, y ya para 2008, las empresas estadunidenses habían alcanzado contratos por 64 mil millones de dólares.

7. El aspecto más grave de estas políticas de guerra y negocios no lo constituye sólo el hecho de que se trata de un gasto descomunal creciente el que se ejerce para la destrucción en nuestro país, sino que es ya también este un negocio que beneficia a “empresarios” mexicanos coludidos con Calderón, en un escenario en el que México está maquilando material bélico estadunidense (cosa que se le olvidó a éste presumir en Davos), lo que es abiertamente contrario a la Constitución. Conforme al citado reportaje, el año pasado la empresa Aero Company, de Indianapolis, recibió más de 12 millones de dólares para fabricar tapones de armas de combate en San Luis Potosí, JDS Uniphase obtuvo contratos de la Marina estadunidense por 6 y 12 millones de dólares tanto para manufacturar sofisticados equipos bélicos como para elaborar sistemas de pruebas de armas en su planta de Guadalajara, y la Lockheed Martin, de Orlando, se consiguió 145 millones de dólares para elaborar sistemas de vehículos militares en Tijuana.

8. Las políticas de migración estadunidense amparan también enormes negocios, desde la construcción del muro fronterizo hasta los centros de detención que se construyen a lo largo de la frontera. ¿Por qué la “guerra contra el narco” no debería serlo? Por esa y otras razones, Calderón se aterró cuando Gil Kerlikowske, director de la Oficina de Control de Políticas sobre la Droga (ONDCP), declaró el 13 de mayo de 2009 que la administración Obama no utilizaría más el concepto de “guerra contra las drogas” por ser contraproducente, y tras negar haberlo él jamás usado ha buscado implementar desde entonces sus políticas de terror por otros medios.

9. El gasto descomunal de las políticas antidrogas no ha servido para terminar con un negocio que está más que nunca en auge –pues en el fondo sólo se ha buscado reordenarlo–, sino para sembrar un clima de violencia y terror en un país y matar a decenas de miles de mexicanos, pero también para impulsar una serie de negocios ilegales en los que están involucrados políticos y empresarios de ambos lados de la frontera, por lo que desmantelar todas esas redes de intereses espurios va a ser una tarea muy complicada en el futuro.

10. Esa confusión de intereses públicos y privados que asfixia a un pueblo que clama “¡Ya basta!” debe ser, por ello, evidenciada más abiertamente si se quiere construir un país diferente.

Green Go