(2013) Hermana de Juan de Dios Castro, señalada como protectora de narcos

Testigo de la SIEDO implica a hermana de Juan de Dios Castro en liberación de tres presuntos narcos

Vanguardia de Saltillo especial Para Crónica | Nacional | Hora de creación: 00:00:00 | Ultima modificación:21:49:51

Rosario Castro Lozano, directora del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), de la Secretaría de Gobernación, intercedió en 2005 ante un general del Ejército para lograr la liberación de tres presuntos narcotraficantes, de acuerdo con la versión de un testigo protegido de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) Castro Lozano es hermana del actual subprocurador de Derechos Humanos, destacado panista y veterano legislador Juan de Dios Castro Lozano, quien durante la primera etapa del gobierno de Vicente Fox se desempeñó como consejero jurídico de la Presidencia de la República y posteriormente fungió como presidente de la Cámara de Diputados. En una averiguación previa sobre narcotráfico, un testigo identificado como “Mario” refirió que en una reunión en un domicilio de Ciudad Lerdo, la entonces alcaldesa de aquella ciudad exigió la liberación de los detenidos y el general Miranda, por aquel entonces responsable de la zona militar de Torreón, Coahuila, accedió a la exigencia. Rosario Castro Lozano, al igual que su hermano Juan de Dios, es destacada militante del PAN; ha sido alcaldesa en dos periodos por este partido —el último de estos, 2004-2007, inconcluso, pues pidió licencia en enero pasado para incorporarse a la Segob— y ha sido además diputada local. El encuentro formaba parte de las actividades del presunto narcotraficante Sergio Villarreal El Grande, quien —de acuerdo con la propia averiguación— financió la campaña del empresario Francisco León García, Pancho León”, —actualmente desaparecido— como candidato a senador, quien a la vez era uno de los más firmes promotores de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador en La Laguna. No especifica el día ni el mes, “Mario” agrega que en 2005. “Martín” —otro testigo protegido relacionado con el mismo caso—no lo recuerda, el hecho es que en una ocasión fue dada la orden de llevar cabritos y un borrego a una casa de Lerdo, Durango. Tenían un invitado especial: el delegado de la PGR en el estado. A ese lugar llegó el entonces subdirector de Seguridad Pública en el municipio, Isaías Castillo Luna, y su escolta. Recibió una llamada al celular alertándolo sobre la presencia de militares. De inmediato Isaías Castillo advirtió a las personas que resguardaban la casa que escondieran sus armas ante la presencia de elementos —encabezados por el general Miranda— de la zona militar de Torreón, quienes rodearon la casa y entraron al domicilio; Isaías Castillo se identificó como funcionario: fue puesto en libertad. “Detuvieron a tres personas que fueron subidas a una Hummer”, indica el testigo. “Instantes después, luego de una llamada de Castillo Luna, llegó la entonces alcaldesa de Lerdo y ahora contendiente a una diputación federal por el PAN, Rosario Castro Lozano, acompañada del director de Seguridad Pública Municipal, Raúl Villegas”, refiere. “Rosario Castro se identificó con el general Miranda solicitándole una orden de cateo. Al no haber orden oficial exigió la libertad de las tres personas alegando la falta de jurisdicción para detener a personas en los límites de Durango”, señala. “Miranda accedió explicando que recibió una llamada reportando varias personas armadas en el domicilio. La fiesta no se llevó a cabo”, dijo el testigo.

Propone Peña como magistrado a abogado que justificó muerte de locutoras indígenas

JENARO VILLAMIL
28 DE ABRIL DE 2014 
DESTACADO

Juan de Dios Castro, abogado penalista. Foto: Fernando Camacho

MÉXICO, D.F. (apro).- El abogado penalista Juan de Dios Castro, de larga trayectoria panista y polémico exsubprocurador de Derechos Humanos durante el gobierno de Felipe Calderón –cuando ocurrió el mayor número de matanzas y amenazas a activistas y reporteros–, fue propuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto para ocupar por 10 años el cargo vacante de magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA).

La propuesta de Juan de Dios Castro llegó y se analiza en las comisiones dictaminadoras del Senado, junto con la de Alejandro Raúl Hinojosa Islas para ocupar la plaza vacante en la sala regional del mismo tribunal.

A Castro se le recuerda entre las organizaciones no gubernamentales y defensoras de la libertad de prensa por su polémico papel en el caso de las locutoras de origen triqui Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores, de la radio comunitaria “La Voz que Rompe el Silencio”. Ambas indígenas fueron asesinadas en abril de 2008.

En una reunión pública que sostuvo con representantes de Reporteros Sin Fronteras, Internacional Press Institute, Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y Sociedad Interamericana de Prensa, entre otras, Castro minimizó el caso.

“No eran más que amas de casa. ¿O acaso tenían contrato como periodistas?” afirmó el entonces subprocurador, que levantó la indignación de los presentes, en especial de Aleida Calleja, dirigente de la AMARC.

“No veo, licenciado Castro, por qué nos trata como si fuéramos enemigos del Estado”, le reprochó Calleja después de una larga explicación sobre la situación de las radios comunitarias en México.

“¡Usted sí! Usted es enemiga del Estado por las afirmaciones que hace!”, le recriminó Juan de Dios Castro a Calleja.

El episodio provocó la irritación de representantes de organizaciones como Artículo 19, encabezada por Darío Ramírez, presente en esa reunión.

Durante su comparecencia ante los senadores, Dolores Padierna, del PRD, le recordó este episodio, pero el olvidadizo abogado negó que él hubiera justificado la muerte de las dos locutoras indígenas. “Usted falta a la verdad”, le reviró Juan de Dios Castro a Padierna.