Kilo por kilo, son mejores los prospectos de Morena // La oposición no tiene candidatos con arrastre // Perspectiva de la elección de 2024
Enrique Galván Ochoa
¿Q
uién tiene mejores prospectos para la elección presidencial de 2024? Esto según los nombres que se han mencionado. ¿Morena o la oposición? Éste es el planteamiento de nuestro sondeo semanal.
Metodología
El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron mil 372 personas. En Twitter, 157; en El Foro México, 490, y en Facebook, 725. Utilizamos la app SurveyMonkey.
Twitter
En la oposición no existe ninguno con perfil honesto y que busque la mejoría para el pueblo.
Tiene más de un póker de ases: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Tatiana Clouthier, Santiago Nieto, Fernando Noroña, Rocío Nahle, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma.
De plano los mencionados por los líderes de la oposición son impresentables. Debe seguir el proyecto de la 4T. Por el bien de México.
Genaro Taddei /Hermosillo
Morena tiene mejores candidatos. Comprometidos con México. Inteligentes como Tatiana. La oposición sólo quiere regresar para robar.
Susana Arteaga /CDMX
Lo mejor que le pudo pasar a México es que Morena haya llegado y AMLO ganara. Por lo tanto, debe continuar y todos sus candidatos son de lo mejor: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Santiago Nieto, Tatiana Clouthier y Rocío Nahle.
Maricela Mora /Pachuca Hidalgo
Hicimos historia con AMLO en 2018. Ahora volveremos hacer historia al poner a una mujer en la Presidencia.
Samuel González /CDMX
En los partidos de oposición no tienen ningún político con credibilidad y cartismo como puede haber en Morena.
Luis Méndez /Tuxtepec
La oposición no va a ganar en 2024 porque no tiene pies ni cabeza. Están totalmente derrotados, mejor que se preocupen por su registro de partido.
Eliazar Román /CDMX
México merece una continuidad del proyecto de transformación que fije nuestra identidad como país, va a ser muy difícil que aguantemos un sexenio de vendepatrias.
Alfredo Morales /Veracruz
El Foro México
Morena tiene aspirantes muy buenos y competitivos. No será sorpresa si los otros partidos se acercan a ellos para tratar de cooptarlos.
Miguel Ángel Bustamante /CDMX
Y no son los partidos, son los posibles candidatos. Y Morena se lleva de calle a la oposición con sus candidatos prospectivos. En la oposición brilla la ausencia de candidatos.
Eduardo Bistráin /Guadalajara
Morena es el partido que debe seguir gobernando. Sólo espero que no se equivoquen al designar a la candidata o al candidato.
Antonio Castro Rojas /Puebla
En mi opinión es muy importante apoyar a Morena pero debemos estar seguros de qué persona apoyamos.
Fernando Murillo Pacheco /Zapopan
Morena ha cometido muchos errores, pero sólo con su triunfo tendremos esperanza de cambios reales.
Alicia Govea Villaseñor /Edomex
Morena tiene mujeres muy capaces para dirigir el país, pero antes que la Presidencia, me gustaría que una mujer fuese rectora de la UNAM, es un buen laboratorio para los posibles disensos.
Este texto data de 2007. Su autor es un tal Edgar Döring, panista, empleado de Hildebrando, el brazo cibernético del fraude del 2006.
Ultraderechista, se ha borrado de las redes sociales después de la respuesta que recibió a los ataques contra la UNAM y la Educación Pública.
Muchos se adhirieron a su convocatoria de la cual el PAN jamás de deslindó.
Para muestra un botón de la hipocresía panista que se dice en "Defensa de la UNAM".
Por una mejor Educación en México!!!
Queridos amigos, muchas gracias por sus votos en el 2006. Los tres ultimos años, hemos tenido grandes logros en el combate contra el narcotrafico, la creación de empleos, el fortalecimiento de la economía, la seguridad publica, el orden moral y el bienestar en general para todos los mexicanos. Ahora debemos consolidar lo ganado, es necesario ponernos a trabajar de inmediato para lograr el triunfo de nuestro partido el PAN, en las próximas elecciones. Así que les pedimos de nueva cuenta su apoyo para llevar a cabo nuestro Plan de Gobierno a largo plazo 2006 - 2030, ante lo cual deseamos comenzar a trabajar de inmediato para poner en práctica un anhelo largamente deseado, el de hacer un México ganador a través de instituciones educativas superiores confiables y de primer orden. Contamos con excelentes ejemplos de escuelas privadas, cuyos egresados conforman el gabinete de nuestro ciudadano presidente Felipe Calderón, así como su equipo de Colaboradores.
Como ustedes saben un impedimento para el despegue de nuestra propuesta educativa es la existencia de una universidad pública que genera un gran gasto y pocos resultado, la UNAM, si es que existe gente valiosa en ella, se le encontrará acomodo en el nuevo esquema educativo, pero es bien sabido que la gran mayoría son una borregada burocratica, que solo chupa la sangre de los que si trabajamos y pagamos mes con mes nuestros impuestos. Esta comunidad que se hace llamar universitaria, causa mucho daño a nuestro querido México, pues se ha convertido en un nido de deincuencia, drogadicción y valores negativos, todo lo contrario a lo que deseamos para nuestros hijos, basta ver el caso de la terrorista Morett. Por este motivo los miembros del comite azul, te pedimos que con tu nombre nos des tu aval para tomar un decisión trascendental para que tú y todos mejoremos nuestra vida. La UNAM y en especifico, el area de Ciudad Universitaria, se encuentra en un area privelegiada, del distrito federal, terreno que se encuentra pesimamente aprovechado por cierto. ¿Sabias que tan solo con la venta de esos terreons se podria pagar la deuda?
Imagina todo el capital que podria producir su explotacion comercial, imagina los rascacielos que se podrian construir, un pequeño manhatan a un lado de el Pedregal, unade las zonas mas exclusivas de la ciudad de México, a un lado de Perisur y mero insurgentes. Si como nosotros piensas que la UNAM es un elefante blanco de la epoca priista, firma este correo para que los legisladores del PAN en la proxima legislatura, voten por el recorte de presupuesto a ese Frankestein de universidad, y se de paso a su futuro desmantelamiento.
Para los que menos tienen existirán becas con las que podrán tener una formación exitosa en las áreas que el país requiere , escuelas tecnicas que produzcan oficios realistas, evitando así que existan carreras poco productivas y ociosas como Biologia, Matematicas o Investigaciones Genomicas, ademas que son aberraciones que atentan contra nuestro credo religioso.
abría que recordar lo que fue el nacionalismo autoritario, la cultura del partido único: inventó que México era una sociedad mestiza para borrar el racismo; la unidad nacional ocultó a las clases sociales y creó el aguante y el sacrificio como forma de justificar el machismo. Ese nacionalismo llegó a su límite en 1968 con Gustavo Díaz Ordaz y el macartismo priísta y empresarial: cualquier idea que no proviniera del Partido, era extranjerizante y antimexicana. En respuesta, los universitarios y politécnicos hicieron desfilar al Che Guevara junto a Hidalgo, Pancho Villa y Zapata en un proceso de apropiación de símbolos que llega hoy hasta Benito Juárez. El nacionalismo autoritario se diluyó en la experiencia de sus participantes y acabó por ser la ceremonia del autoelogio con acarreados cuya única disidencia era bostezar.
Habría que recordar el globalismo neoliberal que abjuró del nacionalismo priísta con la consigna de ser modernos, es decir, estadunizados. Aprender inglés fue el nuevo mestizaje, la unidad fue reconocer al mercado y a la democracia de papel como incuestionables, y el aguante se transfiguró en superación personal. Haber nacido mexicanos era sólo un error geográfico que podía resolverse con Amazon. El patriotismo fue tachado de premoderno y, si acaso, se albergó en la gastronomía. Se mantuvo el discurso de dominación que trató de tapar la desigualdad social con la ficción de que todos podíamos ser consumidores del primer mundo –el planeta como escalera– si tan sólo le echábamos más ganitas. La cultura neoliberal trajo un agravio a la desigualdad: la arrogancia de las castas superiores y la humillación del resto. Entre unos y otros se disolvió la ficción de compartir un pasado común y una continuidad de fracasos y logros compartidos. Total, las naciones-Estado iban a desaparecer con la llegada de los mercados globales, como si tener las mismas marcas fuera una fuente del sentido de pertenencia.
Habría que recordar ambas formas del arraigo para sintetizar una nueva, ahora basada en la pertenencia a la república. La emergencia de los ciudadanos plebeyos trastoca la idea de una nación-partido y la del de-sarriago neoliberal. Estamos experimentando el orgullo cívico que no es ni una herencia cultural ya dada ni una decisión individual del presente. El arraigo al país nos da razones para buscar un acuerdo para seguir viviendo juntos. Sin embargo, veo en los esfuerzos de la derecha por vincularse a partidos de España o Estados Unidos un rechazo a la idea de la soberanía que emana de los ciudadanos. En lo que va del año, esa misma derecha se ha referido como hambreados a quienes buscan retomar la soberanía sobre la recaudación de impuestos, edecanes a los miembros de la Guardia Nacional, y caprichos a los desarrollos de infraestructura; los tres –impuestos, seguridad, y obras– so
El patriotismo como opuesto al nacionalismo –el amor a lo común frente al odio a lo distinto– no es la única forma de identidad de los habitantes de un país, pero sí es una afirmación de cualquier república. Los ciudadanos no sólo son los iguales ante la ley, sino los que configuran un espacio político compartido en el cual expresar y deliberar sobre sus valores, tradiciones, creencias y proyectos colectivos. Un espacio de deliberación público se constituye en el principal motivo de arraigo, mientras la despolitización neoliberal provoca que creas que sólo le debes obediencia a tu propio costo-beneficio. Sin el arraigo a un país jamás podría justificarse ayudar a otros a los que ni conoces cuando están en penurias. Sin patriotismo cívico no sería posible redistribuir la riqueza o asistir en un desastre natural porque todas esas acciones no te benefician en lo personal. En los últimos meses ha quedado claro que existen productos culturales y de infraestructura que no están provistos por el mercado, que no dejan ganancias, pero que son responsabilidad del Estado como representante común. Estamos, por ello, en el inicio de una nueva ficción de pertenencia, de un procedimiento reciente del arraigo: ya no más la estabilidad represiva de la unidad nacional ni tampoco la armonía ilusoria del éxito a toda costa, sino la deliberación pública de todos nuestros conflictos como forma de seguir pensándonos juntos.
Las culturas no nacionales, así como las demás formas de identidad afectivas, deben confluir en ese acuerdo básico de la permanencia de la república, de la deliberación y, por tanto, de ser justo los ciudadanos que no querían los neoliberales: participantes en los procesos políticos. Apenas estamos experimentando los inicios de este instante decisivo. Y ya han salido los que buscan en el exterior revertir este proceso. Sólo hay que recordar que los momentos estelares de la historia, como los llamó Stefan Zweig, sólo pueden verse si están rodeados de oscuridades.
Diputados chilenos firmaron ayer, en Valparaíso, la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por la controvertida venta de un minera a través de una empresa propiedad de sus hijos, que apareció en las filtraciones de los Papeles de Pandora. Foto Afp/Aton Chile/Raúl Zamora
Santiago. Quince diputados representantes de toda la oposición en el Parlamento de Chile concretaron ayer una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, con la intención de destituirlo por “infringir abiertamente la Constitución” y las leyes en materia de probidad y por “comprometer gravemente el honor de la nación”.
El juicio político a Piñera es, en principio, resultado directo de las revelaciones de los Papeles de Pandora, donde él y su familia figuran, durante su primer gobierno en 2010, acordando la venta en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes de 33 por ciento de acciones de un proyecto minero a condición de que la zona donde se instalaría la mina no fuera declarada zona protegida, algo que, efectivamente, no sucedió.
Pero también es el corolario del eterno historial de conflictos de intereses y de negocios opacos de Piñera, multimillonario especulador obsesionado con realizar “pasadas” bursátiles y financieras que le reporten ganancias de corto plazo, hasta convertirlo en la cuarta fortuna del país con una riqueza de 2 mil 900 millones de dólares en 2021.
Ese permanente entremezclar dinero y política, accediendo a información privilegiada como miembro del directorio de empresas para ordenar la compra de acciones, o bien abusando de su posición como senador para negociar la venta de sus participaciones a precio preferente, fue expuesto en el escrito acusatorio.
“Lo que ocupa nuestra atención no es un error puntual o, incluso, un acto aislado de codicia o aprovechamiento del poder para beneficio propio. No, se trata de una conducta que acompaña a Piñera desde siempre, conocida por todos, y que ha perjudicado a muchos compatriotas o al país entero”, indica el texto.
La destitución es impulsada por los partidos Comunista, Demócrata Cristiano, Radical, Socialista, Por la Democracia, Nuevo Trato, Frente Regionalista Verde Social, Comunes, Revolución Democrática, Convergencia Social, Humanista, Acción Humanista, Movimiento Unir y Ecologistas.
Su aprobación requiere los votos de 78 de los 155 diputados. La oposición e independientes suman 82; pero incluso seis legisladores del oficialismo dijeron que considerarán apoyarla. Si se acepta, de inmediato el gobernante quedará suspendido del cargo, a la espera de que el Senado la refrende o no, donde se necesitan 29 de 43 senadores. Aquí la oposición e independientes suman sólo 24.
Solución antes de los comicios
La acusación podría resolverse en la Cámara de Diputados antes del 21 de noviembre, cuando tendrán lugar los comicios presidenciales y legislativos.
No es el único problema de Piñera, porque relacionado con sus negocios en Islas Vírgenes, enfrenta una pesquisa judicial en calidad de imputado que comenzó de motu proprio el Ministerio Público, por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno.
La acusación manifiesta que el presidente burló la Constitución al cometer actos que vulneran la probidad y el derecho a vivir libre de contaminación.
“Intenta eludir el cumplimiento de los deberes constitucionales, toda vez que las circunstancias fácticas descritas dan cuenta de una intención sostenida de favorecer, a través del uso de facultades que entrega el ordenamiento jurídico, a cierto grupo de interés, ligado de forma íntima al primer mandatario. Eso se aleja de la idea de una conducta intachable y recta o el actuar con preeminencia del interés general por sobre el particular.”
También señala que comprometió “el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales”, citando el Acuerdo de Escazú, “que fue desestimado por el presidente como una manifestación del estatus intocable en regulación ambiental”; lo mismo que “las reglas de la Convención Interamericana contra la corrupción, en materia de prevención de conflictos de intereses” y la “desoladora imagen del país” en el contexto de los Papeles de Pandora.
Lo anterior produjo “la deslegitimación del ejercicio del poder del presidente producto de sus actuaciones que confunden los intereses personales con los del país, afecta y daña de manera muy significativa la seguridad interna y externa de Chile”.
Piñera –quien alega que entregó la administración de su riqueza a dos “fideicomisos ciegos” que ni le consultan ni informan de sus negocios– registra en su historial una sanción de la Superintendencia de Valores por adquirir 3 millones de acciones de LAN Airlines en 2006, justo después de conocer reservadamente los estados financieros. O invertir, en 2010 durante su primera presidencia a través de un paraíso fiscal, en una pesquera peruana en pleno pleito en la Corte Internacional de Justicia entre Chile y Perú por los límites marítimos, juicio que favoreció a la parte peruana, que amplió en 20 mil kilómetros cuadrados su mar territorial.
El Inai asegura que la indagatoria contra la Oficina de la Presidencia –por la presunta revelación de datos personales de Mexicanos Contra la Corrupción, durante la conferencia del presidente López Obrador del 7 de mayo pasado– se abrió a solicitud de la organización fundada por Claudio X González Guajardo. También asegura que no es “en contra del titular del Poder Ejecutivo Federal”. Al respecto, AMLO dice que el Instituto, en realidad, está al servicio de grupos empresariales
Chocan el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), por una investigación contra la Oficina de la Presidencia de la República, abierta a solicitud de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Luego de que el 16 de septiembre Contralínea reveló su existencia, el organismo autónomo reconoció el 17 de septiembre haber iniciado la investigación previa INAI.3S.08.01-059/2021, contra la Oficina de la Presidencia y el Servicio de Administración Tributaria, por supuestamente develar datos personales de la persona moral MCCI durante la conferencia mañanera del pasado 7 de mayo.
En dicha conferencia el presidente López Obrador dio a conocer que el gobierno de México solicitó a la Embajada de Estados Unidos –mediante una nota diplomática– explicar los términos del financiamiento que ese país le otorga a la organización fundada por el empresario Claudio X González Guajardo y actualmente encabezada por María Amparo Casar.
El Inai matizó que no es “en contra del titular del Poder Ejecutivo federal”, y aseguró que se abrió “a partir de una denuncia presentada por una asociación civil ante la presunta divulgación indebida de información confidencial, contenida en facturas electrónicas, en la conferencia matutina del 7 de mayo de 2021”.
Consultado por Contralínea durante su conferencia del 17 de mayo, el presidente López Obrador aseguró que no conocía la indagatoria pero que no le extrañaba, porque esa “organización en favor de la corrupción […] es una tapadera, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, y ésa es su función: cubrir, tapar la corrupción de México desde hace tiempo”.
El primer mandatario consideró que el Inai inció la indagatoria porque “ellos fueron los que crearon esos organismos para simular lo de la transparencia durante el periodo neoliberal, para mandar el mensaje, la idea, de que se combatía la corrupción. Mientras estaba el saqueo estaban estos organismos creados por ellos –que nos cuestan muchísimo: 1 mil millones de pesos al año, porque esos consejeros de la transparencia fueron también de los que se ampararon y ganan como 300 mil pesos mensuales– y están al servicio de estos grupos, de Claudio X González”.
López Obrador señaló que “no es ningún invento que el gobierno de Estados Unidos les está dando dinero. Nosotros le enviamos una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para pedirles de que ya no estén financiado a estos grupos y que sean respetuosos de nuestra independencia; no nos han contestado todavía, pero vamos a seguir insistiendo”.
La nota diplomática a la que se refirió el presidente se dio luego de que, el 2 de mayo pasado, Contralínea revelara que el gobierno de Estados Unidos fue el principal donatario de Mexicanos Contra la Corrupción en 2019 y 2020, cuando estaba presidida por González Guajardo, líder de la oposición política en el país. De acuerdo con registros de la organización a los que este semanario tuvo acceso, dicho gobierno le donó 25.7 millones de pesos, mientras que entre sus financiadores también figuraron la USAID y la NED. [Gobierno de EU financia 25.7 millones de pesos a Mexicanos Contra la Corrupción]
Inai pide revelar fuentes
En el proceso de investigación previa INAI.3S.08.01-059/2021, el Instituto de la Transparencia incluyó a Contralínea como “tercero y en estricta coadyuvancia” en la indagatoria, pues –en la conferencia presidencial del 6 de mayo– este semanario le preguntó al presidente López Obrador su opinión respecto del financiamiento del gobierno estadunidense a la organización que sistemáticamente se ha opuesto a los principales proyectos federales, como la creación del Aeropuerto de Santa Lucía, la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y la construcción del Tren Maya. La respuesta del primer mandatario fue que enviaría una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos, lo que finalmente hizo ese mismo día por la tarde.
En ese contexto, el 15 de septiembre el Inai –por conducto de su Secretaría de Protección de Datos Personales– le requirió a esta revista, entre otras cosas, “precisar el origen de la información que la C. Nancy Flores proporcionó a la Oficina de la Presidencia de la República; o bien, en su caso, manifieste si existe algún impedimento legal que se relacione con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión que enmarca su actividad periodística para proporcionar la referida fuente de información, ya sea por parte del medio de comunicación que representa o de la o los periodistas que guardan relación laboral o contractual con su representada, que suscribieron la nota o notas y/o reportajes publicados en la revista Contralínea, relacionados con el tema”.
El doctor en derecho Mario Santiago Juárez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, considera que este requerimiento “es inaudito. Sinceramente no tengo antecedentes de que haya sucedido algo así. Más bien [el Inai] tendría que explicar muy bien y fundamentar muy bien su decisión, pero es curioso. Yo lo único que concluyo es que hay un afán de intimidación porque tienen ese poder para hacerlo”.
También explica que ni los jueces ni las autoridades administrativas pueden pedir a los periodistas que revelen sus fuentes de información. “Ya incluso pedirlo es un atentado, es una forma de obstaculizar tu derecho porque, si lo vemos bien, cuando viene de una autoridad, es una intimidación. Aunque sea una orden judicial que puede ser ilegal o inconstitucional, pero puede tener consecuencias intimidatorias y eso atenta contra el sistema democrático”.
El doctor indica que esto se debe a que el secreto profesional del periodista es una herramienta para proteger la libertad de expresión y, por tanto, está garantizado por la Constitución Política de México. “La libertad de expresión lleva toda la vida en la Constitución, en el artículo sexto; pero luego se ha entendido que había que buscar más herramientas y este secreto profesional está en la Constitución de la Ciudad de México y también hay una ley”.
Por ello, considera que el requerimiento del Inai a Contralínea, “parece ya de entrada intimidatorio, porque son personas especialistas que a sabiendas de la existencia de este derecho están solicitando información que no deben solicitar, porque están buscando que el secreto profesional se viole. Sabemos que en México muchos periodistas acaban revelando su información por amenazas, entonces cuando esta amenaza velada se hace pública me parece que están incurriendo en la violación de un derecho humano”.
El experto en derecho constitucional y derechos humanos Mario Santiago agrega que si bien en el caso del secreto profesional el derecho principal es del periodista, lo que se está protegiendo es en realidad el derecho a la información de las personas, de los ciudadanos que sólo con la información completa sobre la realidad pueden tomar decisiones.
Agrega que el artículo 6 de la Constitución federal establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”, y de ello se deriva que “toda autoridad administrativa está obligada a respetar el derecho a la información y, entonces, el buscar que se revele el secreto periodístico va en contra de este primer párrafo porque es una inquisición administrativa, una intimidación para que se revelen las fuentes y esto obviamente no aguantaría ningún juicio de amparo porque hay una protección constitucional, hay una protección legal con la legislación de la Ciudad de México. Entonces yo pensaría que no tiene cabida ese tipo de acciones por parte de instituciones estatales”.
Consultado al respecto, el abogado Luis Fernando García –director de la organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales– señala que “aún cuando el requerimiento del Inai reconoce que resulta válido invocar el derecho a la protección de las fuentes periodísticas, me parece impropio el envío de este tipo de requerimientos a medios de comunicación pues impone cargas administrativas innecesarias que obstaculizan la labor periodística, sobre todo cuando la información requerida se encuentra públicamente disponible o se encuentra claramente protegida por el secreto profesional”.
Por su parte la doctora en derecho Perla Gómez Gallardo explica que “un patrimonio que tienen los medios son las fuentes de información. Sin las fuentes ustedes no generan un núcleo de confianza: si al rato con cualquier requerimiento dijeran: ‘me lo dijo tal’ o ‘de aquí proviene [la información]’ pierden el día de mañana esa validación, esa credibilidad”. Añade que “lo relevante no es quién lo dijo, es si lo que se dijo es cierto o no para efectos de una denuncia o un reportaje, o información de interés público”.
La experta en derecho a la información expone que, en caso de que Contralínea se niegue a revelar sus fuentes de información, “difícilmente vería que el Inai les iniciara una acción, más bien les da la salida de: ‘si me precisas si es o no [garantizada por el ejercicio periodístico]’, porque supongo que ellos necesitan informarle eso a quien les requirió que iniciaran el procedimiento”.
En caso de que el órgano autónomo quisiera derivar este caso en alguna responsabilidad a la revista por no revelar la fuente, la abogada indica que, aunque hay ambigüedades en la legislación que permiten a las autoridades presionar a los medios o reporteros –porque no hay homologación de reconocer el secreto profesional del periodista como derecho en todo el país–, la gran ventaja es que “se pueden invocar los estándares internacionales y con ello cerrar la tentación de que pudieran querer iniciar responsabilidades”.
Para la doctora Gómez Gallardo, el Inai sí puede solicitar a los periodistas que revelen sus fuentes: “técnicamente hablando pueden requerirlo, pero ya más bien frente a ese requerimiento se debe hacer valer el secreto profesional”.
En su oficio INAI/DGEIVSP/916/2021, el Inai también pide a este medio que “remita la nota o notas y/o reportajes contenidos o publicados en la revista Contralínea, que se relacionan con la información referida en el punto anterior; debiendo precisar la fecha y el medio en que se realizó la publicación o publicaciones respectivas”.
El doctor Mario Santiago Juárez no descarta que esta indagatoria del Inai se haya abierto por “la influencia que tienen los empresarios y estas organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción, y también quien está detrás: María Amparo Casar, que tiene influencia terrible en medios de comunicación, y que está protegiendo sus propios intereses. Ella lucra de Mexicanos Contra la Corrupción”.
También recuerda que parte de la influencia de Casar en el Inai proviene de su vínculo académico con el CIDE: “el Inai está lleno de gente del CIDE. O sea, ahí las relaciones de poder que se van tejiendo desde gobiernos anteriores”.
Además, destaca que esta indagatoria se dirige contra el presidente en un contexto en el cual López Obrador ha criticado el ejercicio presupuestario del Inai: “esta institución se está protegiendo porque sabe que en cualquier momento la pueden no desaparecer, sino la propuesta de Presidencia es tener una sola institución y no varias instituciones autónomas que están tal vez duplicando funciones y que son carísimas. Entonces hay un interés de todos de mantener esos privilegios que implica la poca transparencia del manejo de recursos, aunque sean internacionales, de recursos en una organización supuestamente de la sociedad civil”.
FOTO: CUARTOSCURO.COM
El derecho humano a saber
Experta en el estudio del derecho a la información, la doctora Perla Gómez Gallardo expone que este derecho humano es un derecho llave, instrumental que, aunque no es el más importante, “al ejercerse permite acceder a otros derechos. De ahí su fuerza. En el caso del derecho a saber, lo más básico, lo más relevante no es que se use sólo para escrutar a un gobierno o para denunciar a alguien, no; la parte más noble es mejorar la calidad de vida de las personas, porque las personas, gracias a que tienen un derecho a saber y garantizan el derecho a la información ya sea directamente usando el acceso a la información pública o gracias a la intermediación que hacen los medios y periodistas para darles información de interés público, lo que toman son decisiones”.
La doctora en derecho indica que en la mayoría de las solicitudes de acceso a la información lo que más preguntan las personas es: “cuándo me jubilo”. Por ello advierte que, “cuando alguien hace un ejercicio de sus derechos lo que trata de ver es de manera inmediata es cómo mejorar su calidad de vida. Entonces de ahí la importancia de resguardar siempre el ejercicio periodístico, porque permite tener a la sociedad informada y no sólo para garantizar sus derechos políticos en democracia, sino sobre todo su derecho a la información como optimizador de todos los demás derechos”.
En ese contexto, señala que el derecho a la información “es un derecho transversal, optimizador, que al usarse permite mejorar la calidad de vida de las personas. Ésa es la esencia misma y por eso es derecho humano”. En México, refiere que fue reconocido tardíamente en la Constitución (en 1977) “y apenas en 2003, en las leyes para ejercerlo. Pues sí es muy incipiente en el sistema mexicano, considerando que hay figuras que llevan siglos. Por eso hay que defenderlo de los retrocesos porque luego hay tentaciones obviamente de que es un derecho incómodo”.
La abogada indica que el derecho a saber también se relaciona con la libertad de expresión, “ahí de nueva cuenta sí es una obligación por el fin social que tienen los medios y periodistas el garantizarles su libertad de expresión, el de evitar la incitación al odio descalificando su labor”.
Agrega que “se ha puesto la parte del interés público que cuando se trata de figuras públicas por ser servidores públicos o personas notorias o que llevan actos de notoriedad que afectan a la sociedad tienen una menor protección de su derecho al honor y prevalece la libertad de expresión, aún en situaciones donde pudieran ser expresiones fuertes que utiliza un medio frente a una persona. O sea, el estándar de la Corte Interamericana siempre ha sido que en los casos concretos cuando hay una situación de figura pública prevalezca siempre la libertad de expresión. Obvio si el ejercicio es responsable, validando fuentes y demás, pero cuando hay una cuestión de interés público eso siempre va a blindar más al medio y a la persona periodista frente al agravio que quiere argumentar una autoridad o figura pública”.
