Julián Andrade*
D
etener a los jefes del narcotráfico siempre es un dilema. El 2 de diciembre de 1993, Jorge Carpizo, entonces procurador general de la República, tuvo que decidir sobre proceder o no, en contra de Benjamín Arellano, el líder del cártel de Tijuana y quien se encontraba en la embajada del Vaticano, en la colonia Guadalupe Inn, en la Ciudad de México.
Carpizo acudió a la residencia de Los Pinos para sostener una conversación con el presidente Carlos Salinas de Gortari y el nuncio Girolamo Prigione, que se convertiría en una marca sobre su gestión como titular del Ministerio Público y como consejero jurídico de la Presidencia.
La consulta consistía en lo siguiente: ¿el Presidente debía reunirse con uno de los hermanos Arellano, quien afirmaba que contaba con información de relevancia sobre la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrida el 24 de mayo?, y de ella se desprendía otra interrogante: ¿se tendrá que proceder a su detención?
La primera variable la resolvió contundente el procurador, señalando que era inviable que se le recibiera, porque el Presidente no puede, bajo ninguna circunstancia, reunirse con un delincuente y prófugo de la justicia.
La segunda cuestión, la que marcaría una parte de las indagatorias del homicidio de Posadas Ocampo, y que le generaría múltiples problemas a Carpizo en el futuro, era la de poner en marcha un operativo para proceder a la captura de uno de los capos más peligrosos.
En minutos, Carpizo hizo una valoración de la situación y concluyó que carecía de análisis de inteligencia para proceder a una detención de ese calibre, que no contaba, en ese momento, con policías de confianza, ya que sólo se podía disponer de la guardia de agentes, que era muy difícil establecer un esquema de seguridad perimetral, que se podían perder vidas, que era factible que se tomaran como rehenes a diplomáticos y monjas y que no había que descartar que se tratara de una trampa para desatar una espiral de violencia y en la propia capital del país.
Prigione, antes de retirarse y ya no estar presente en las deliberaciones, había pedido, de modo enfático,
no vulnerar a la embajada.
Hay que tener en cuenta que los cárteles de Tijuana y Sinaloa estaban sometidos a un asedio de la autoridad constante. Rafael Arellano se encontraba en prisión y Joaquín El Chapo Guzmán, había sido capturado en Guatemala, después de un arduo trabajo de equipos especiales y coordinados por el procurador.
Pasados los meses y ya Carpizo como secretario de Gobernación, Benjamín Arellano, en una entrevista periodística, reveló su versión de aquella reunión frustrada. El escándalo no se hizo esperar y el cuestionamiento más severo, sobre Carpizo, radicó en no haber actuado contra el delincuente.
Carpizo siempre defendió la decisión que tomó aquella noche. Ya en el gobierno de Vicente Fox, la PGR inició una averiguación previa, a raíz de una denuncia interpuesta por grupos de ultraderecha, por la supuesta obstrucción de la justicia y por los delitos que se derivaran de no haber detenido a Arellano.
La conclusión del Ministerio Público, al enviar el no ejercicio de la acción penal, fue que Carpizo salvaguardó el bien mayor: la vida y la seguridad ciudadana.
*Periodista. Coautor, con Jorge Carpizo, de Asesinato de un cardenal.
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