El «lawfare» o la «persecución judicial» con móviles políticos se convirtió una «enfermedad endémica» en América Latina que pone en riesgo a la democracia y lesiona la independencia del Poder Judicial, advirtieron distintos analistas consultados por Sputnik.
Por Lucía Barrios*
«El lawfare es una enfermedad endémica en América Latina (…) Me parece que en los últimos tiempos la persecución al que piensa diferente ya no se hace por medio de los militares, la desaparición y la tortura, como se hacía en los 70 y 80, sino que se utiliza a la Justicia», dijo a esta agencia la abogada y politóloga ecuatoriana, Angélica Porras, profesora en la Universidad Andina Simón Bolívar y en el Instituto de Altos Estudios Nacionales.
El lawfare o la «judicialización de la política» consiste en el «uso indebido» de la Justicia para fines de destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político, explicó el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) en un artículo publicado en su página web.
Este término ha vuelto a la consideración mediática en los últimos días tras las declaraciones que realizó el papa Francisco, quien criticó el jueves el lawfare en América Latina, afirmando que pone en «serio riesgo» las democracias de los países.
«Para garantizar la calidad institucional de los estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas, que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas», agregó.
Muchos analistas creen que las acciones legales que afrontan los líderes progresistas y expresidentes Cristina Fernández de Kirchner (Argentina, 2007-2015), Dilma Rousseff (Brasil, 2011-2016) Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil, 2003-2011) y Rafael Correa (Ecuador, 2007-2017) son ejemplos «no aislados» de esa nueva táctica de «guerra no convencional».
CARACTERÍSTICAS DEL LAWFARE
La doctora argentina en ciencias políticas y miembro de la Celag, Silvina Romano, dijo a Sputnik que el objetivo del lawfare es evitar que ciertos partidos políticos y determinados líderes lleguen a presentarse en las elecciones.
Romano, también investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, señaló que el peligro del lawfare es que se «dirima por la vía judicial lo que se tiene que resolver por la vía política», es decir, en el área representativa de la democracia.
«El lawfare cercena las libertades democráticas, sobre todo si hay injerencias extranjeras, y vulnera tanto la soberanía como la integridad nacional; es un proceso que puede erosionar la democracia y al mismo estado», reflexionó.
Por su parte, Porras, quien fue miembro del Consejo de la Judicatura en Ecuador, señaló que un tema clave en el lawfare es la independencia judicial con respecto al poder político.
CÓMO DETECTAR EL LAWFARE
Para discernir si hay lawfare o no en medio de investigaciones sobre corrupción en un país es necesario observar cómo se designan a los jueces y fiscales, explicó Porras.
«En Ecuador, los procesos de control de la ciudadanía son débiles y el nombramiento de los jueces y fiscales no es transparente (…) Todo esos elementos hacen ver que efectivamente no hay independencia judicial y que en este país se sufre del lawfare», agregó.
Por otra parte, Romano sostuvo que para discernir si existe una verdadera guerra jurídica en un país también hay que observar si hay un «timing político particular».
«En general, cuando hay lawfare, surgen procesos judiciales en momentos previos en las elecciones y se presentan recurrentemente en la prensa hegemónica, que busca instalar una opinión en contra de determinados políticos antes de que incluso pasen por los tribunales», explicó.
La otra característica de esta guerra jurídica es el «doble rasero» o doble discurso para juzgar a funcionarios y los empresarios, apuntó Romano.
«Muchos empresarios ni siquiera están procesados por el solo hecho de haber delatado a algunos funcionarios, y muchos de éstos últimos ni siquiera pudieron reclamar», afirmó.
El lawfare a largo plazo implica reinstalar la vía neoliberal en América Latina, ya que busca «despolitizar» la sociedad e imponer la idea de que todos los políticos son «corruptos» y que el Estado es «ineficiente», agregó.
NO SOLO CONTRA LA IZQUIERDA
El director ejecutivo de la Asociación Boliviana de Ciencias Políticas, José María Paz, opinó en diálogo con Sputnik que el lawfare se está convirtiendo en una enfermedad en América Latina debido a que surge en respuesta a la «constitutiva tendencia» por parte de los gobernantes de la región a manipular las instituciones.
Asimismo, subrayó que la guerra jurídica no solo es dirigida contra sectores progresistas.
«El término lawfare es bastante manipulado en los últimos tiempos, porque se lo utiliza para hablar de que los gobiernos más conservadores utilizan al Poder Judicial para atacar a los gobiernos de izquierda; sin embargo, creo que es un problema general que tiene América Latina con las instituciones democráticas», señaló
Para el experto, la tensión entre el sistema judicial y el Ejecutivo deriva de que, muchas veces, los presidentes latinoamericanos se sienten delegados del pueblo y con el poder de «hacer lo que ellos quieren», por lo que tienen una vocación «antiinstitucional».
«Lo que se hace muchas veces desde el poder es eliminar el control institucional, se termina con la idea de que el poder debe tener límites y lo primero con lo que se cargan es con el Poder Judicial (…) Esto es una forma de desmontar a la democracia para que nadie cuestione lo que se hace y se pueda dejar sin acción a los adversarios», agregó.
En el mismo sentido opinó el doctor argentino en derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, profesor de la Universidad de Buenos y director de la revista política Bordes, Mauro Benente.
«Hay una lectura generalizada de que hay una planificación de distintas burocracias judiciales, en alianzas con medios masivos de comunicación y el Gobierno, para perseguir líderes populares; sin embargo, ese tipo de explicación podría tener algún problema por ejemplo en el caso peruano, donde Alan García era un líder liberal», dijo a Sputnik.
Lo «más probable» que esté pasando es que los casos contra Correa, Lula y Kirchner tengan que ver con el deseo que tiene el Poder Judicial de protegerse a sí mismo, reflexionó Benente.
«Me parece que tanto el Gobierno de Lula, el de Cristina Kirchner como el de Correa, fueron procesos con cierta democratización, con cierta incorporación de sectores populares, y en ese marco los poderes judiciales, que en general suelen ser muy elitistas, muy pocos propensos a rendiciones de cuentas, se sintieron amenazados», afirmó.
Asimismo, señaló que el Poder Judicial «tiene un poder de fuego muy potente, ya que no rinde cuentas ni al poder político ni al electorado y no se puede hacer nada cuando comete ciertas arbitrariedades».
En Argentina, Fernández de Kirchner afronta dos juicios por la supuesta existencia de una red de sobornos entre el Estado y las principales empresas concesionarias del país durante su administración.
La exmandataria ha denunciado en varias ocasiones una persecución judicial y la invención de pruebas en su contra.
Por su parte, Lula está en la cárcel desde abril de 2018, cumpliendo una condena de 12 años y un mes por delitos de corrupción.
Los abogados del exmandatario dijeron a Sputnik el 2 de febrero que Lula es víctima de la «guerra jurídica» más injusta del mundo, porque ha sufrido violaciones a sus derechos humanos y existe una asociación entre la prensa, el Gobierno y la Justicia para «crear un ambiente artificial de culpabilidad».
El lunes, la Corregiduría del Consejo Nacional del Ministerio Público de Brasil abrió una investigación preliminar sobre la conducta de los fiscales del caso Lava Jato debido a filtraciones que expusieron una presunta coordinación indebida con el exjuez Sérgio Moro para encarcelar a Lula.
Moro condenó a Lula en primera instancia, decisión que a la larga obstaculizó la carrera electoral del izquierdista hacia la presidencia; meses después, el juez fue nombrado ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro.
Mientras tanto, en Ecuador, el exmandatario Rafael Correa, quien permanece prófugo de la Justicia, fue acusado de secuestrar a un líder opositor.
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