Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).– Juan Manuel empuñó una pistola calibre 9 milímetros y disparó a matar contra Lorena Montiel Ramírez, una agente de tránsito que dirigía el tráfico en Pesquería, Nuevo León, el pasado 22 de abril. Tras asestar cuatro tiros a su víctima de 27 años, corrió y huyó a bordo de una motocicleta; horas después fue detenido como el autor del homicidio. Juan tiene sólo 16 años de edad.
El jovencito, apodado “El Meme”, habría cometido el crimen por 150 dólares que le pagó presuntamente el Cártel de Noreste –grupo delincuencial surgido tras la división de Los Zetas– para amedrentar y presionar a la Policía de Nuevo León en un intento de que no interfiera en sus operaciones criminales dentro de la zona, de acuerdo con un reporte de Breitbart News.
Cristian Roberto “N”, alias “El Chato”, fue quien presuntamente trasladó a Juan hasta la víctima, le entregó el arma y ordenó el asesinato. “El Meme” fue vinculado proceso e ingresado al Centro de Internamiento para Adolescentes Infractores, donde se enfrentará a un juicio y a una pena máxima de cinco años de internamiento.
Juan Manuel ahora es parte de un universo de adolescentes que en teoría tienen derecho a una justicia restaurativa que brinde tratamiento eficiente para sureadaptación y su efectiva reincorporación a la sociedad, como lo estipula la Ley, pero en la práctica no existe esa política de tratamiento y reinserción para este grupo de jóvenes.
Activistas y especialistas en seguridad consultados por SinEmbargo denunciaron que el Estado mexicano ha mantenido en desprotección a niñas, niños y adolescentes, sin programas preventivos que vayan de fondo e involucren al entorno para evitar que sean reclutados por el crimen.
Los expertos también comentaron que el número de menores procesados jurídicamente se ha mantenido “estable”; sin embargo, alertaron que el riesgo de reincidencia tras compurgar su pena es alto porque no existen programas restaurativos eficientes.
MENORES INFRACTORES
Se estima que en México, al menos 5 mil 888 adolescentes han sido identificados, registrados y/o procesados en causas penales; es decir, porque cometieron algún tipo de delito, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2018.
De ese total, el 28 por ciento está en un rango de edad entre los 17 y casi 18 años; el 17 por ciento, de 16 años; 10 por ciento, 15 años; 5 por ciento, 14 años; 2 por ciento, 13 años y el 1 por ciento, 12 años; del 37 por ciento restante no se especificó la edad.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), comentó que del total de niños y niñas vinculados a una carpeta de investigación, alrededor del 35 por ciento son por crímenes de alto impacto y son estos últimos los únicos que pueden ser privados de la libertad.
El 16 de junio de 2016 entró en vigor la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes la cual establece que sólo los menores que hayan cometido delitos realmente graves y de alto impacto –homicidio doloso, feminicidio, homicidio, secuestro, delitos federales– podrán ser recluidos a un centro de readaptación.
“Eso significa que el 65 por ciento [de los menores procesados] tienen medidas socio-educativas; es decir, que pasan su proceso en libertad”, explicó Pérez García.
Elena Azaola Garrido, doctora en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios superiores en Antropología Social (CIESAS), recordó que antes de la aplicación de la citada legislación, había alrededor de 13 mil adolescentes en conflicto con la Ley, de los cuales 3 mil 400 estaban privados de la libertad por delitos graves. Sin embargo, con la entrada en vigor, en 2016, se redujo el número de menores en internamiento a una tercera parte.
“Hoy día hay aproximadamente mil 300. Digamos que esto pudiera parecer un contrastaste en un momento en que ha incrementado tanto la delincuencia y la violencia, pero sigue habiendo adolescentes cometiendo delitos que no están privados de la libertad: son alrededor de 5 mil adolescentes quienes están sujetos a medidas o tratamiento por fuera”, expuso.
María Sirvent Bravo Ahuja, directora de la organización civil Documenta, y Juan Martin Pérez de Redim coincidieron en que pese a los altos índices de criminalidad no se registra un alza en la cifra de adolescentes relacionados en carpetas de investigación.
“Es bastante moderada, no ha crecido. Lo que sí vemos es que al interior de las carpetas de investigación hay un desplazamiento paulatino de delitos del fuero común al federal, me refiero a que ahorita alcanza el 36 por ciento de delitos de orden federal como daños contra la salud, secuestro y uso de arma exclusivas del Ejército”, dijo Redim.
“Lo que encontramos, por lo menos en la frontera norte, es que los adolescentes privados de la libertad sí son por delitos relacionados con cuestiones de grupos de delincuencia organizada, narcotráfico, que son cooptados por todos esos grupos”, concordó Sirvent Bravo.
El director de Redim agregó que el porcentaje de los menores que cometen delitos es muy bajo, pues no llega ni al 4 por ciento del total de carpetas de investigación.
“No es un tema que se esté desbordando, no es que ahora existan más. Nada de eso, lo que nosotros observamos es que el porcentaje de participación ha sido una constante”, manifestó Pérez García.
De acuerdo con las cifras más recientes, de las 222 mil 553 causas penales que había en México durante 2017, el 3.9 por ciento eran referentes a menores en conflicto con la Ley.
PENALIDADES PARA MENORES INFRACTORES
María Sivert explicó que la nueva Ley también tuvo un impacto en las penas privativas de la libertad a los menores: “fueron disminuidas, al igual que el catálogo de delitos”.
Amalia Gutiérrez de la Peña, Jueza de Control Especializada en Ejecución con sede en Ensenada, Baja California, especificó que se las penalidades son hasta 3 años de internamiento como máximo para los menores de entre 14 a 16 años de edad y de 5 años como máximo para los que están en el rango de 16 a poco antes de 18 años de edad.
En el caso de los niños entre los 12 a 14 años de edad, aunque hayan cometido un delito grave, la medida es hasta un año de tratamiento en externamiento, es decir sin ser recluidos.
Madres de víctimas de feminicidio han reprochado el sistema, pues sostienen que los menores de edad deberían de tener penas más severas.
Sacrisanta Mosso Rendón, madre de Karen y Erik Alvarado Mosso, torturados y asesinados el 4 de agosto de 2016, en el Estado de México, afirmó que la Ley de Adolescentes necesita una reforma para endurecer las penas a los que cometan delitos atroces.
Karen, de 17 años y estudiante deL CCH Vallejo en la Ciudad de México, fue abusada sexualmente y estrangulada; Erick, de 12 años, torturado y asfixiado. Los hermanos fueron sorprendidos y atacados por su vecino y primo, Luis Enrique Valenzuela, quien en ese entonces tenía 17 años de edad. Un año después, el joven fue sentenciado a cinco años en internamiento.
“Cada vez disminuye más la edad de sentencia para crímenes cometidos por adolescentes. Hay mucho adolescente asesino y secuestrador y no les pasa nada. ¿Cómo es posible que ellos –los asesinos– tengan más derechos que nosotras las víctimas?”, dijo la ahora activista en un foro de víctimas de feminicidio realizado en Congreso de la Unión en días pasados.
La especialista Elena Azaola Garrido consideró que las medidas establecidas en la Ley son adecuadas “porque no se observa que mantener internos a los adolescentes sea lo que verdaderamente ayude a que salgan adelante, y más en las condiciones que están los centros de internamiento para adolescentes en México, puesto que son instituciones que se les dota de muy poco presupuesto”.
Juan Martín Pérez opinó que sólo procesar a los jóvenes con delitos de alto impacto es bueno, “porque literalmente se los quitamos de las manos al crimen porque al entrar en espacios carcelarios quedan en celdas de autogobierno y todo ese control”.
Para María Sirvent la solución no está en endurecer las penas, sino en una política de prevención.
“Que los adolescentes que caigan en sistema de justicia por primera vez se les trate de construir un entorno donde las posibilidades de cometer un delito disminuyan, una política mucho más integral, es ahí donde se tendrían que invertir los recursos y no en el endurecimiento de las penas” dijo.
READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN
Los especialistas destacaron que el problema de fondo es que no hay políticas de prevención para los adolescentes y tampoco la capacidad de dar seguimiento a las medidas y con no hay una aplicación eficaz de justicia restaurativa.
“A la gran mayoría de los adolescentes se le están imponiendo medidas en externamiento y eso significa darles un seguimiento”, contextualizó María Sirvernt.
Violeta Maltos Rodríguez, Directora General del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho (IIDJURE), explicó que la Ley para Menores sí contempla un sistema de justicia restauravita, pero en lo operativo no se aplica. “La ley sí dispone que existan programas, no solamente a través de mecanismos alternativos donde pueda haber un encuentro con la víctima y puedan llegar a un acuerdo sin llegar a sentencia. Aunque la ley se aprobó en junio de 2016, realmente no hay programas”.
La especialista platicó que al menos dos entidades intentan cumplir: en la Ciudad de México y Tamaulipas, sin embargo, en ambas “somos organizaciones de la sociedad civil las que estamos cubriendo esta falta, aunque la facultad es del Gobierno”.
Explicó que para que un programa sea de justicia restaurativa debe de tener actividades donde esos adolescentes puedan identificar cómo pudieron haber afectado a otros.
“Es importante porque desgraciadamente el hecho que se les imponga una sentencia no necesariamente implica que realmente van a comprender el daño que causaron y hacer enmiendas por su propia voluntad. Entonces los programas de justicia restaurativa con distintas metodologías es llevar a esa persona adolescente a que haga una reflexión”, añadió.
La jueza Amalia Gutiérrez de la Peña detalló que las medidas de tratamiento que se aplican durante en reclusión, al menos en Baja California, se dividen en dos etapas: mientras están como procesados y la segunda como sentenciados.
“En la primera etapa es importante que se cuente con su terapia individual y se retome su educación en el nivel que le corresponde, actividades deportivas, esparcimiento, reconstrucción personal y visitas familias. En la segunda etapa es más enfocada a la reinserción, en la que se imparten programas psicológicos”, comentó la juez.
Redim reiteró que hoy en día lo único que hace el estado es solamente castigar a los jóvenes “pero no les estamos dando alternativas”. Mientras que Elena Azaola y María Silvert coincidieron que la importancia de establecer una medida integral para los jóvenes, es para disminuir el riesgo de reincidencia.
La jueza Amalia concordó que la reincidencia de los adolescentes está relacionada con el entorno al que regresan después de ser liberados.
Las estadísticas oficiales muestran sólo datos de los menores procesados o vinculados a una carpeta de investigación por diversos delitos, pero eso no refleja el nivel real de la participación de los menores en los delitos graves.
La doctora Elena Azaola explicó que, aunque el número de detenidos por delitos graves bajó, eso no quiere decir que se reduzca la cifra de menores que participan, solo evidencia los logran ser detenidos.
“Puede ser que sí haya más menores que cometen delitos graves, no lo sabemos; lo que sí sabemos es que las autoridades, las procuradurías tienen una muy baja capacidad y actividad para investigar delitos y presentarlos, entonces, ciertamente la incidencia delictiva en general ha subido, los delitos han subido y es de presumir, que en consecuencia hay más adolescentes que están participando en eso, solo que en las cifras de detenidos no se refleja”, dijo.
A la fecha no hay una medición concreta oficial que estime cuál sería la participación de menores en delitos de alto impacto.
¿QUÉ LLEVA A UN NIÑO A DELINQUIR?
Elena Azaola expuso que hay múltiples factores que llevan a los menores a la comisión de delito.
“En general los muchachos que cometen estos delitos están en todos los indicadores –de pobreza, económico, educativo y social– por abajo de la media nacional, estos niños han trabajado desde que son muy pequeños, no solo por necesidades económicas de las familias, también porque hay un sistema educativo de muy mala educativa, que expulsa a los niños cuando presentan ciertos problemas en vez de tenerlos en la escuela, la deserción escolar es otro factor”, ejemplificó.
Aclaró que no es sólo la pobreza, también tiene que haber un conjunto de cuestiones como ausencia de familia, violencia familiar, consumo de alcohol o drogas. Además, añadió, muchos de los adolescentes en conflicto con la ley –al menos un 70 por ciento– han estado en contacto con ambientes delictivos.
“Es la falta de cuidado por parte de las familias, y por la falta de políticas del Estado para atender esta problemática. Hay una cadena, no se puede simplificar y hablar solo de la pobreza”, añadió.
María Silvert coincidió: “la gran mayoría de los adolescentes –en conflicto con la ley- vienen de hogares desintegrados, de mucha violencia, hay un alto grado de consumo de drogas”.
Los menores en un contexto de violencia y un ausencia del Estado están a expensas de ser captados por el crimen organizado, coincidieron los analistas. Foto: Cuartoscuro.
NIÑOS Y CRIMEN ORGANIZADO
Redim puso énfasis en que los menores inciden en delitos porque están en una situación total de desprotección [familiar y del Estado] dentro de un contexto de violencia, lo que facilita que el crimen organizado pueda reclutarlos.
“Es una realidad que hay reclutamiento de menores por parte de grupos criminales”, expresó Juan Manuel, director de Redim.
El Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo el año pasado que en México había al menos 460 mil adolescentes y personas jóvenes reclutadas por el crimen organizado, sin embargo, “hasta ahora no hay información oficial o estudio que nos pueda corroborar ese dato”, recordó el activista.
De acuerdo a la declaración que realizó Durazo, el pasado 20 de septiembre en Saltillo Coahuila durante uno de los Foros Escucha, la mayoría de los niños integrados al crimen tienen funciones de vigilancia, es decir, como halcones, y su ingreso era principalmente por presiones.
“Diversas organizaciones sociales estiman que hay en el país alrededor de 460 mil niños ‘halcones’, armados hasta los dientes, y yo les digo a ustedes que no podemos dejar a esos niños como horizonte de vida una vida de criminalidad. No podemos dejarlos así, tenemos que rescatarlos”, expresó el ahora titular de la Secretaría de Seguridad.
Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) establece que en las zonas donde operan organizaciones criminales, con frecuencia los niños y adolescentes sufren presiones, amenazas o engaños para engancharlos, y otros adolescentes se acercan en busca de oportunidades, reconocimiento, protección y sentido de pertenencia, aspectos que de otro modo no consiguen obtener.
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