Periódico La Jornada
Miércoles 22 de mayo de 2019, p. 7
Miércoles 22 de mayo de 2019, p. 7
Al amparo del ex presidente Felipe Calderón, primero, y luego de gobiernos priístas y del PRD, Rosa María de la Garza Ramírez (conocida como Rosi Orozco) y su esposo, Alejandro Lucas Orozco Rubio, consiguieron importantes puestos en la administración pública federal, contratos por adjudicación o licitación para sus familiares, y la asignación de al menos cuatro inmuebles para sus fundaciones y asociaciones.
Como directivos de la asociación Casa sobre la Roca, la pareja Orozco ganó notoriedad en 2005 cuando acercó al candidato del PAN a la Presidencia, Felipe Calderón, a congregaciones cristianas y evangélicas. A raíz de ello, surgieron los primeros cargos en la administración federal. Entre 2007 y 2008, Alejandro Lucas fue director de Atención a Grupos Vulnerables del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y en 2009 se convirtió en el director del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, mientras Rosa María llegó a ser diputada federal del PAN y luego candidata al Senado por el mismo partido.
Una investigación de la ex senadora panista Adriana Dávila reveló que los Orozco utilizaban la lucha contra la trata de personas y sus vínculos con las congregaciones cristianas y evangélicas para sacar beneficios políticos y económicos. Por ejemplo, ofrecían el voto de esas comunidades religiosas a candidatos a cambio de puestos gubernamentales en caso de que ganaran.
También contaban con una red de empresas a nombre de sus familiares para obtener recursos públicos mediante contratos y convenios. Tan sólo entre 2015 y 2016 recibieron 13 millones 930 mil 33 pesos por esta vía. Entre las compañías a cargo de sus hijos se encuentran Comercializadora Daguira, Red Banana y Goldster Inc, quienes obtuvieron contratos de la Casa de la Moneda y el entonces Gobierno del Distrito Federal.
Como parte de las pesquisas realizadas por Dávila a finales de 2017, se sabe que Rosi Orozco y su esposo funcionaron como una especie de validadores de cifras oficiales sobre trata de personas, aunque éstas estuvieran mal, de gobiernos locales y el federal.
Por ejemplo Rosa María entregó premios por la lucha contra este delito a los ex gobernadores del estado de México Eruviel Ávila y de Veracruz Javier Duarte, donde hay serios problemas de desaparición de personas e incluso alertas de género.
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