Aunque fue creada y aprobada bajo la Presidencia del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), con el fin de la administración de Enrique Peña Nieto, la Reforma Laboral cumple seis años de estar en vigor.
Fueron seis años de implementación y los resultados son claros: hubo beneficio para los empresarios, pero para el grueso de la población, del norte y del sur, con o sin estudios, se tradujo en pobreza, de acuerdo con un estudio de la Universidad Iberoamericana.
Este periodo de prueba de seis años deja retos para la siguiente administración, que deberá investigar los vicios que se crearon bajo el amparo de la flexibilidad laboral y la inserción de México al mercado global.
Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La administración de Enrique Peña Nieto es la que se encargó de implementar la Reforma Laboral que heredó de Felipe Calderón Hinojosa. El saldo es claro: el 63 por ciento de la población asalariada de México gana de uno a tres salarios mínimos.
De 2013 a 2018 se crearon 4 millones 676 mil 314 empleos con un salario de uno a dos salarios mínimos. En el mismo periodo se perdieron 2 millones 348 mil 898 empleos que ofrecían mínimo más de dos salarios mínimos y hasta más de cinco salarios mínimos, según el informe “El sexenio del empleo precario y los bajos salarios”, elaborado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de Puebla.
Estas cifras publicadas en la recta final de la administración del Presidente Peña Nieto son consideradas el balance final del primer sexenio en que se puso a prueba la Reforma Laboral.
El grupo de investigadores de esas instituciones coincidieron en que se crearon empleos precarios y se perdieron los mejor remunerados, lo que indica que no solo se afectó a la población con menor nivel educativo, sino que la flexibilidad laboral y la oferta al extranjero de mano de obra barata, también terminó por afectar a la población con mejor preparación académica.
El estudio realizado a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que los empleos que ofrecen un sueldo de un salario mínimo, ubicado en 2018 en 88.36 pesos, crecieron 1 millón 486 mil 566; los que ofrecen más de uno y hasta dos, lo hicieron en 3 millones 189 mil 748.
Luego viene la disparidad en las cifras: hubo 251 mil 520 menos empleos que ofrecían más de dos y hasta tres salarios mínimos; 1 millón 058 mil 065 menos empleos de más de tres y hasta cinco salarios mínimos y 1 millón 039 mil 213 menos empleos de más de cinco salarios mínimos.
“El 60 por ciento de los trabajadores asalariados viven en condiciones de precariedad: no tienen seguridad social, prestaciones de ley, contratación definitiva, laboran más de 8 horas y reciben remuneraciones debajo de la línea de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”, señala el estudio.
Y seis años después, la Reforma Laboral sería uno de los elementos clave en la persistencia de la pobreza, ya que el 64 por ciento de los trabajadores perciben entre 1 y 3 salarios mínimos, cuando de acuerdo al Coneval, se requieren de 4 salarios mínimos para que un hogar promedio de cuatro personas no caiga debajo de la línea de pobreza monetaria.
“La política laboral de este sexenio viene con la inercia de la inclusión de México en el mercado internacional como país de bajos salarios. La Reforma Laboral fortaleció la contratación y el despido a bajo costo e incluyó el outsourcing como un mecanismo central. Le quitó derechos a los trabajadores y es un desastre en materia de desarrollo. Lo único que ha generado es la persistencia de grandes capas de población trabajadora en la situación de pobreza: outsourcing, Reforma Laboral, el mercado internacional, son una bomba atómica que aplicó el gobierno de Peña Nieto: generación de empleos precarios, cuyo resultado es la persistencia de la pobreza y la desigualdad en el México del siglo XXI”, comentó Miguel Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana.
EL ALTO COSTO DE LA REFORMA
El informe se centra en que los empleos que se están creando son de mini salarios y los empleos que han disminuido son los de la parte media hacia arriba.
La promesa inicial del gobierno de Peña Nieto fue la creación de 500 mil nuevos empleos cada año. En su más reciente tanda de spots con motivo del on motivo de su sexto y último Informe de Gobierno, el Presidente habló de los “logros alcanzados” con la Reforma Laboral. “Sin duda, éste ha sido el sexenio del empleo”, dijo y presumió que en su administración se crearon 4 millones de empleos.
Según los números del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en lo que va del sexenio de Peña Nieto, se generaron 3.5 millones de nuevos empleos, pero no se sabe si cada afiliación al IMSS representa un nuevo empleo o la formalización de uno ya existente, además de que la mayoría de esos empleos creados ofrecen salarios de entre uno y tres salarios mínimos.
Datos de México ¿Cómo vamos? señalan que la informalidad en el país es más alta que en otras regiones con PIB per cápita similar; incluso hay menos informalidad en Venezuela, Chile, Brasil y México está casi al nivel de Colombia y El Salvador.
Por esta razón, el crecimiento de afiliados al IMSS, parece “atípico” si se compara con el crecimiento del PIB real.
Y con los nuevos datos, lo que se pone en duda es la calidad de esos empleos creados. ¿Qué es lo que hace un gobierno para que el resultado sea ese?
De acuerdo con Reyes Hernández, en el sexenio de Peña se conjuntaron varias cosas. Primero, la inercia que ya venía arrastrando de los sexenios anteriores con la inserción de México al mercado internacional con la oferta de los bajos salarios, es decir, cuando se decide que la principal arma de competitividad será la mano de obra barata, “no la inversión en tecnología ni infraestructura, sino las bajas remuneraciones”, explicó el investigador.
Eso marcó la tendencia de los “nuevos empleos” o de la demanda de empleos. Éstos sería en la manufacturera, la construcción, el comercio, en servicios y el sector primario –como jornalero agrícola, en comercios y restaurantes, en servicios de recolección de basura y limpieza–. Esos empleos son de baja remuneración y no requieren que el personal sea altamente calificado, que tenga maestría y doctorado.
México se ubica en el último lugar de los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde la mano de obra fue la peor pagada durante 2016, ya que se paga un promedio de 14.63 dólares (la media es de 50.21 dólares).
Esa es una inercia que viene de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón; Peña no la modifica.
“En donde sí hay un punto que le agrega Peña y que es la razón por la que registra una creación de empleos elevada, es que con él se aplica la Reforma Laboral. Con la inserción al mercado laboral, se empieza a contratar personal temporal bajo esa nueva ley que permite ahorrar en los costos de contratación y despido. Ahí es donde viene el boom: yo te contrato con uno o dos salarios mínimos y te pago por fuera –esto tendría que revisarlo el SAT– con outsourcing o en efectivo, una compensación mayor. Yo te contrato con uno o dos salarios mínimos y si es un trabajo un poco más calificado, te pago por outsourcing lo demás o en efectivo o en honorarios”, sostuvo Reyes.
Este es un tipo de “formalización”, que se generó. Las empresas registran a los empleados con uno o dos salarios para cotizar más bajo en el Seguro Social y por otro lado pagan con outsourcing o en efectivo para que compense lo que realmente debería ganar un empleado.
“Esa irregularidad, tendría la nueva administración como reto, identificar quiénes o qué empresas están bajo esa modalidad simulando pagar uno o dos salarios mínimos cuando realmente lo que se debe pagar son cuatro o cinco. Hacer eso le evita al empleador pagar ahorros para el retiro, la seguridad social por una cotización de cinco salarios. Están ocurriendo fenómenos que la autoridad que entra deberá de investigar. Esa aplicación de la Reforma Laboral es la que se está abusando del outsourcing y de los contratos por honorarios. Así se evitan pagar tanto contribuciones a la seguridad social, el ahorro para el retiro e impuestos”, agregó el investigador.
La población joven de entre 15 a 29 años se encuentra en el grupo más vulnerable de trabajadores en México. De acuerdo con el Observatorio, el 81 por ciento de ellos no tiene un salario digno, suficiente y mínimo que garantice el cumplimiento del Artículo 123 Constitucional.
Respecto a la seguridad social, 8 millones 795 mil 702 jóvenes, el 59.8 por ciento, no cuenta con ella; mientras que 4 millones 507 mil 233, el 30.2 por ciento, sí goza de esta prestación de Ley. Sobre las prestaciones mínimas de ley y más, el 40.3 por ciento de la población trabajadora mayor de 15 años cuenta con algún beneficio laboral, superior al 37.4 por ciento que mostraban en 2005. Los trabajadores sin prestación alguna que para 2005 eran el 45.5 por ciento, en 2017 fue de 42.4 por ciento.
En cuanto a los jóvenes, ocurre una situación similar a la de la seguridad social, donde ser joven es garante de no contar con derechos. Sólo el 31.9 por ciento de los jóvenes cuentan con las prestaciones mínimas de ley y el 50.6 por ciento no tiene prestación alguna.
El outsourcing está permitido, lo que no es la simulación, recalcó Reyes. Si al trabajador se le va a pagar cinco salarios, no se le tiene que registrar un salario mínimo en el seguro social registrándolo legalmente y darle el resto del dinero por otra vía, “es una simulación y se están evadiendo impuestos y contribuciones a la seguridad social. Eso sí es algo ilegal y debe haber sanción para esas empresas que recurren a este tipo de prácticas”.
Esas prácticas también tienen implicaciones en la pobreza, ya que el Coneval identifica a la población en situación de pobreza si alguien no tiene por lo menos tres de los derechos sociales y está debajo del nivel de los ingresos. Ese tipo de contratación de outsourcing priva a los trabajadores de ciertos derechos mínimos.
“Entonces la precariedad laboral es la que está abonando a que la pobreza en México no se resuelva, que sea persistente.
Estas prácticas no solo afectaron a la población que percibe salarios bajos por su preparación académica, sino que también arrastró a los de mayor preparación. De acuerdo con el informe, en el centro y norte del país, donde las actividades económicas exigen más calificación en comparación con el sur del país, se registró una reducción salarial proporcionalmente mayor al promedio nacional.
Reyes señaló que eso se dio en las actividades donde se demanda trabajo con más educación y en las plazas con más antigüedad. En las plazas en las que se podía ganar seis salarios mínimos, se cambiaron a outsorucing con cuatro salarios y sin antigüedad.
“En el norte, con la entrada del outsourcing hubo una reconfiguración de todo el empleo y una pérdida de capacidad de negociación de los trabajadores al no haber sindicatos fuertes e independientes en estas empresas, ubicadas en el centro y norte del país en las zonas industriales”, concluyó.
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