Ir al contenido principal

EPN: privatización del agua .- Julio Hernández López

  Libera 55% de aguas superficiales // Restos humanos en Insurgentes // Violencia, miedo, votos



Foto


▲ El 26 marzo de 2018, al cumplirse 42 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sus familiares, integrantes de la sociedad civil y ciudadanos marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.Foto María Luisa Severiano
E
l pasado 5, en el ex convento del Desierto de los Leones, el ocupante del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, firmó 10 decretos de reserva de agua para las regiones de los ríos Santiago, Ameca, Pánuco, Papaloapan, Actopan y Antigua, y Grijalva-Usumacinta, así como para la costa de Jalisco y las costas Grande y Chica de Guerrero(nota de Rosa Elvira Vargas, en La Jornada).
La atención pública estaba concentrada en esa fecha en la resolución judicial federal que echó abajo la verdad histórica y en las consecuencias jurídicas y políticas de la creación de una comisión de la verdad respecto del caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala. También era destacada la información referida al diferendo entre grandes empresarios y Andrés Manuel López Obrador, ya limadas las asperezas en ese día, según declaraba el tabasqueño. Peña Nieto, por su parte, concentró su discurso en la defensa de los marinos atacados en Ciudad Guzmán, Jalisco, por manifestantes que demandaban la aparición con vida de una persona.
Lo anunciado en esa ocasión por Peña Nieto respecto de los decretos de reserva de agua es una puñalada al interés público, pues bajo el disfraz de buenas intenciones entraña la cesión de la disponibilidad de agua a entidades privadas, con grandes empresas mineras, energéticas, inmobiliarias, agropecuarias y de otra índole, ávidas de recibir los beneficios de las aguas nacionales.
El periodista Rubén Martín ha escrito que, con ese anuncio, Peña Nieto modificó un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. En ese 40 por ciento de las cuencas escurre 55 por ciento de las aguas superficiales del país.
Son escenas recurrentes en muchas partes de la República, donde unas y otras bandas criminales aplican fórmulas eficaces para amedrentar a los adversarios específicos y a la sociedad en general. Pero ahora, en espiral creciente, esos métodos de salvajismo ejemplarizante han llegado a la capital del país con frecuencia e insistencia que reflejan, en primera instancia, la profunda descomposición del aparato de gobierno que encabezó el ahora fugitivo electoral Miguel Ángel Mancera, huido de su responsabilidad capitalina en pos de una senaduría de dedazo, tramposamente aposentada en una circunscripción que incluye a Chiapas.
Pero, además de esa primera lectura sobre el arribo de la violencia al estilo narco a la Ciudad de México, que en los peores momentos nacionales de ese tipo de explosión criminal se mantuvo inalcanzada, ha de anotarse como una perspectiva a confirmar el hecho de que el desbordamiento de la criminalidad organizada podría tener referentes o consecuencias políticas y electorales, vinculados como están ciertos grupos con determinadas autoridades y partidos.
No es poca cosa el atrevimiento de desperdigar restos humanos (presumiblemente de dos personas) en una vialidad tan importante de la capital del país (la avenida Insurgentes, en su tramo norteño, haciendo esquina con la Ricardo Flores Magón, en los límites de la colonia Santa María la Ribera y el conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco). Enmarcado en el pleito entre facciones criminales con sede en Tepito por el control de las zonas de distribución de drogas, el tirar cuerpos desmembrados fue acompañado de la instalación de una narcomanta amenazante.
El episodio narrado tiene como referencia una inusitada elevación de los índices criminales en el país. Una administración federal rapaz y las estatales que también serán renovadas han soltado ya cualquier asomo de responsabilidad republicana y sus cuadros altos y medios se han volcado en la más cruda acumulación de riqueza, con la tropa burocrática en similar ejercicio de voracidad. Por otra parte, la imposición de la violencia descarnada ayuda a inhibir el ejercicio del voto, a condicionarlo y, eventualmente, a descarrilarlo.
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero

Comentarios

Entradas populares de este blog

Amenazan a petroleros para que no vayan a mitin de AMLO

Diana Manzo Corresponsal Periódico La Jornada
Lunes 28 de mayo de 2018, p. 8 Salina Cruz, Oax Trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) de la refinería Antonio Dovalí Jaime, ubicada en este puerto, denunciaron que líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sección 38, los amenazaron con castigarlos si acuden al mitin de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, del próximo 30 de mayo en este municipio. Los obreros, quienes pidieron omitir sus nombres por temor a represalias, explicaron que en la asamblea realizada el sábado pasado sus dirigentes les dijeron que los petroleros tienen prohibido acudir a los actos de López Obrador. De lo contrario, serán sancionados con la revocación de plazas o la no contratación de los eventuales. Aseguraron que la advertencia la hizo Artemio de Jesús Enríquez, secretario general de trabajadores petroleros del puerto de Salina Cruz. Además, Enríquez les dijo que los trabaj…

"Esto ya valió madres", AMLO va a ganar: Juan Ignacio Zavala con Ciro Gó...

Sedesol entregó pensiones a abuelos de 124 años, difuntos y no localizables por 3 mil mdp. ¿Dónde fue a parar todo ese dinero?

Más de medio millón de beneficiarios ‘no localizables’ fueron beneficiadas por el Programa de Pensión de Adultos Mayores.
Sedesol realizó el presunto desvío de recursos por 3 mil millones 10 mil 152 pesos, destinados al Programa de Pensión para Adultos Mayores, a un total de 16 mil 997 personas fallecidas, y más de medio millón de beneficiarios “no localizados”.
Según el informe de la cuenta pública 2016, se indagó el caso de 62 beneficiarios de los cuales se desconocía la edad y se encontró que se pagaron 370 mil pesos a personas cuyas edades oscilaban entre 116 y 124 años y de los cuáles no se tenía evidencia de existencia.
Asimismo, se pagó a 16 mil 733 beneficiarios mayores de 100 años un monto de 87 mil 813 pesos. Tres personas, sin especificar el sexo, recibieron pagos por 13 mil pesos. También 1 millón 369 mil 944 beneficiarios sin registro en el campo CURP, a los cuales se les pagó un monto de ocho mil millones 12 mil 329 pesos.
Además, mil 95 beneficiarios carecen de registro en …