XALAPA, Ver. (apro).- El 2 de octubre del año pasado, en “Primero Noticias”, Carlos Loret de Mola presentó un reportaje especial sobre el cateo de autoridades federales y de la Fiscalía General del Estado (FGE) a un rancho “propiedad de Karime Macías de Duarte” donde fueron asegurados medio centenar de caballos pura sangre en el Club Hípico Briones. El valor de cada equino –según Televisa y la Fiscalía- era de entre un millón y millón y medio de pesos.
En el reportaje también se asegura que hay finos baños de mármol, caballerizas a todo lujo y un camino recién remodelado en la congregación de Briones en el municipio de Coatepec.
Sin embargo, los arrendadores del “Rancho El Piloto” y dueños de 28 de los 54 equinos que ahí residían, aseguran que la FGE y Televisa mintieron y “montaron un show”. Es más, dijeron, los periodistas de la televisora nunca entraron al rancho, ni vieron a los caballos, pues fueron empleados de prensa de la Fiscalía, acompañados por policías estatales, quienes recabaron información, levantaron imágenes para Televisión y tomaron fotografías “con drones”.
Dulce María de Jesús Radilla Quiñones, Nicolás Arriaga Vázquez y Juan Carlos Arriaga Camacho, propietarios de los 28 equinos, acusaron a la Fiscalía, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y a Televisa de “montar un show” para hacer creer que el rancho ecuestre era propiedad de Karime Macías, esposa de Javier Duarte, cuando solo dos yeguas son propiedad de la hoy residente en Londres.
Troya, es un equino criollo cuyo valor no excede los 200 mil pesos y Behyacinte es una yegua holandesa cuyo precio en el mercado no va más allá de los 250 mil pesos, sostuvieron.
“Y decimos que eran de la esposa del exgobernador porque, aunque los llevaron hace seis o siete años, los últimos dos años dejaron de pagar la pensión (cinco mil 500 mensuales por alimentos, vacunas y cuidados para cada equino), con lo cual, en teoría serían de nuestra propiedad (…) pero le hemos dicho a la Fiscalía mil veces, ‘si tu objeto de investigación son los caballos de Karime, llévatelos, llévatelos y a nosotros déjanos trabajar”, fustiga Juan Carlos Arriaga.
Ahora, la Fiscalía a cargo de Jorge Winckler Ortiz y el fiscal Luis Antonio Domínguez a cargo de la investigación aletargan la conclusión de la pesquisa y la liberación de los 28 caballos (11 equinos holandeses, cuatro miniponis, los dos caballos de Karime Macías y nueve criollos), así como el retiro de la fuerza policiaca y Fuerza Civil, y el deslinde de responsabilidades al Club Hípico Briones para que éste vuelva a entrar en operaciones, como desde 2001, como centro de equinoterapia, pensión para caballos y clases de equitación.
El reportaje de los equinos supuestamente decomisados a Karime Macías, fue presentado en el noticiero de Loret de Mola el 2 de octubre, sin embargo, el aseguramiento del Rancho “El Piloto” fue el 8 de septiembre, casi un mes antes de que se presentará la noticia como exclusiva.
“En este viacrucis que llevamos, porque no podemos trabajar, no estamos generando ingresos, sólo perdidas. Nuestro pecado fue prestarle un servicio, nada gratis, a la esposa del gobernador.
“¿Yo me preguntó?, ¿qué Televisa no verificó la información que les filtraron?, ¿no pidió documentos?, Ni siquiera recorrió el lugar, ¿será que sólo recibió el material y cobró?, reprocha Dulce María de Jesús, apoderada legal del Club Hípico Briones AC quien entrega a Apro, copias simples del contrato de arrendamiento de dos hectáreas del rancho “El Piloto” (paga 13 mil pesos mensuales a los dueños ejidales), notificación del aseguramiento del hípico por seis meses en lo que se desarrolla la investigación –la cual venció el 8 de marzo pasado-, así como pruebas físicas de que los caballos no valen lo que la Fiscalía y Televisa dijeron.
Cada caballo, dependiendo el estado en el que se encuentre, ronda los 150 mil y 250 mil pesos, aseguran, y el camino remodelado que detalló la televisora, en realidad es una calle empedrada y que en tiempos de lluvias –como el pasado miércoles- está llena de hoyos y dificulta el acceso. No existen los baños de mármol y apenas un par de lavabos está construido de dicho material.
En un recorrido que hizo Apro por El Club Hípico Briones, los administradores aseguran que ya obtuvieron una “suspensión definitiva” ante el Juez Decimoquinto del Distrito de Veracruz, Jorge Holder Gómez relativa al Juicio de Amparo 1149/2017 –del cual el reportero tiene copia-, la cual obliga a la FGE a que si va a continuar con diligencias ministeriales dentro del rancho, tendrá que hacerse cargo de la correcta alimentación, suministración de vacunas y medicinas de los 28 equinos por el tiempo que dure el desahogo de la carpeta de investigación.
“Aunque en un principio había 54 caballos, conforme avanzó la investigación, 24 fueron regresados a sus 15 dueños originales, empresarios o gente del ambiente ecuestre. Los jodidos (sic) fuimos nosotros que por ser arrendadores del predio y administrar el Club Hípico nos tienen retenidos a los equinos que son nuestra única fuente de trabajo”, dice Dulce María.
Los caballos, casi en los huesos
Ocho policías resguardan a los equinos y al inmueble hípico. Ataviados con impermeables verdes se guarecen de la lluvia en el tejado galvanizado del rincón de una de las cabellerizas. Son tres naves semivacías, donde los 28 equinos siguen sujetos a una alimentación pírrica, excluidos desde hace seis meses de su programa de vacunación y de desparasitación por la dilación de la investigación ministerial.
“Podríamos hasta acusar maltrato animal de nuestros equinos, pues por esta investigación los animales la están pasando mal, si no les diéramos alimento se hubieran muerto hace varios meses. Y está Fiscalía presume de tener una fiscalía especializada en Investigación de Delitos Ambientales y Contra los Animales, pero no parece demostrarlo”, reprochan los dueños.
A la mitad de los equinos les resaltan las costillas, reflejó de una mala alimentación. Apenas tres relinchan por la presencia de extraños, otros, sin ánimo, solo recargan sus cabezas en la puerta de la caballeriza. El lugar luce lúgubre y faltó de mantenimiento.
“¿Qué te puedo decir?, sin ingresos económicos, con el hípico parado, les damos de comer en la medida de nuestras posibilidades, mermamos su alimento, hay que admitirlo, pero también los cuidados. De 10 personas que trabajaban aquí, solo quedan dos, ¿Con qué les pagamos? Nosotros mismos ya enfrentamos una demanda porque no hemos cubierto la renta del predio”, resumen Dulce Radilla y Carlos Arriaga.
–¿Qué les dicen en la Fiscalía de Veracruz?
–Que aguantemos, que la investigación continúa abierta. Lo extraño es que solo nos citaron a declarar a nosotros dos veces. Y nadie más ha ido a declarar, peor aún, el objeto de la investigación son los dos equinos de Karime. Pues que se los lleven, ya demostramos que el predio es rentado, que el hípico es administrado por nosotros y que los caballos fueron adquiridos con recursos propios– expone Arriaga.
De acuerdo con los administradores del Club Hípico Briones, Karime Macías acudía a montar a este rancho, primero con la yegua Troya y luego con Behyacinte. Utilizaba la pista con obstáculos, o sus equinos utilizaban el Paddock (recinto cerrado en que se preparan los animales antes de la carrera). Algunas veces lo hacía acompañada de su hija, Carolina, y los trabajadores que quedan en el hípico aseguran que solo una vez asistió Javier Duarte de Ochoa.
“Al principio la señora, Karime venía tres veces a la semana, le echaba ganas. Después bajó la constancia, no sé si por trabajo o por los escándalos en los que estaba inmerso su marido. Cuando se embarazo de su tercer hijo (Emiliano) ya no volvió a venir”, cuentan.
La pasión por los caballos de Karime Macías la llevó a tener dos ranchos con equinos cuya propiedad sí estuvo acreditada: el “Rancho Las Mesas” en Valle de Bravo en el Estado de México y que está por ser trasladado al Ejército Mexicano y el “Rancho El Faunito” en Amatlán de los Reyes, también en el Estado de México, el cual se encuentra asegurado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Los agraviados del Club Hípico de Briones advierten que si no les liberan el lugar, en un breve lapso podrían emprender un juicio de demanda de responsabilidad patrimonial del estado: “Espero que la Fiscalía entienda que estamos desesperados. Si tuviéramos algo ilícito, algo que deber, no estaríamos aquí”, exponen.
El día que Loret de Mola publicó el reportaje “en exclusiva” de los caballos de Karime Macías, dos horas después la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del gobierno de Yunes Linares envió un catálogo de 10 imágenes con los equinos de la familia Duarte-Macías, así como un boletín en donde festinaba que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR y la Fiscalía General del estado habían cateado un rancho propiedad de la expresidenta del DIF estatal, Karime Macías Tubilla en el pueblo mágico de Coatepec.
Un par de horas después, desde Palacio de Gobierno, Yunes Linares pidió a la Contraloría General del estado acelerar la investigación contra Macías de Duarte, mientras que a la FGE le pidió profundizar en las investigaciones y proceder legalmente contra la cónyuge de Duarte de Ochoa.
Actualmente Karime Macías se encuentra refugiada en Londres, Inglaterra, donde estudian sus tres hijos, y desde allá, a través de sus abogados, se ha declarado una perseguida política.
El tiempo que Javier Duarte duró en el gobierno no se logró comprobar el ejercicio de 80 mil millones de pesos de recursos públicos y trascendía que las excentricidades de Macías salían de las arcas públicas, de la Secretaria de Finanzas y Planeación, Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Y aunque la PGR y la FGE tienen carpetas de investigación en curso, ninguna autoridad ni local ni federal ha librado una orden de aprehensión contra Macías de Duarte.
Desde el 15 de abril del 2017, tras casi seis meses de estar prófugo de la justicia, el gobernador priista Javier Duarte de Ochoa fue aprehendido en el balneario de Panajachel en Guatemala. Hoy permanece en prisión preventiva en el Reclusorio Varonil Oriente de la Ciudad de México, acusado de desvió de recursos, lavado de dinero y delincuencia organizada, entre otros ilícitos.
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