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| Si la fortuna de Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición “Por México al Frente”, tuviera pisos, hoy tendría dos niveles más que lo que reportaba en 2011. Foto: Especial. |
Entre los candidatos a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés es quien aparenta tener más fortuna. El que menos posee cosas y dinero es Andrés Manuel López Obrador. Entre ambos, la diferencia se dispara. El primero cuenta con inversiones en miles de pesos, autos, locales y una propiedad. El segundo sólo tiene su salario de 50 mil pesos al mes y una cuenta bancaria con menos de 100 mil pesos.
La Unidad de Datos de SinEmbargo revisó el patrimonio de los cuatro aspirantes punteros a la Primera Magistratura con base en los documentos que ellos mismos han hecho públicos a lo largo de su trayectoria.
Sometido el resultado a especialistas en elecciones y combate a la corrupción, la coincidencia es que no importa si quienes desean gobernar México son ricos o pobres; sino su ánimo de transparencia en un contexto en el que la corrupción se ha convertido en un monstruo de mil cabezas.
Por: Linaloe R. Flores y Efrén Flores
Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- El gráfico de la fortuna de los candidatos a la Presidencia de la República es casi un retrato de uno de los grandes problemas de México: la desigualdad. El que tiene menos, tiene muy poco; y el que tiene más, lo supera por mucho.
Ricardo Anaya Cortés (Coalición “Por México al Frente”) resulta el más acaudalado. Le sigue Margarita Zavala Gómez del Campo (encabeza en las encuestas a los independientes). Quien aparece con menor fortuna es Andrés Manuel López Obrador (Coalición “Juntos Haremos Historia”) mientras que José Antonio Meade Kuribreña (Coalición “Todos por México”) se encuentra en un punto medio.
Lo anterior resultó de una revisión del patrimonio de los cuatro aspirantes a la Presidencia de la República que hasta febrero de este año han contado con más preferencia electoral de acuerdo con el promedio de Mitofsky, El Universal– Buendía y Laredo, El Financiero y Parametría. El ejercicio se basó en los documentos que los mismos aspirantes han hecho públicos a lo largo de su trayectoria política y que ahora, se encuentran a disposición de los electores.
Al momento de esta revisión, el escenario muestra a una contienda con mucha distancia entre los competidores. Los cuatro ejercicios demoscópicos dan estos promedios: AMLO (38%), Ricardo Anaya Cortés (27 por ciento), José Antonio Meade Kuribreña (22 por ciento). Después, aparecen los independientes entre los cuales, Margarita Zavala es la puntera (7 por ciento) con una diferencia de cinco puntos porcentuales de su seguidor, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”.
Especialista en procesos electorales,Eduardo Huchim dice que “la transparencia se inicia en las elecciones, y un ejercicio de presentación de fortuna de los candidatos y cómo la han conseguido, le daría mucha salud al próximo proceso pautado por varios escándalos de corrupción que parecen ser interminables”.
Arturo Espinosa Sillis, director general de Strategia Electoral, hace hincapié en que “lo importante no es cuánto tienen; sino cómo lo adquirieron. No se trata de saber si es rico o pobre; sino, cómo hizo su dinero. El conocer el origen de su patrimonio es un dato importante para los electores desde un punto de vista de toma de decisiones”.
Lo que en su historia han declarado los candidatos no permite ver si su fortuna creció o disminuyó. Es posible que todo haya sido ganado de buena manera y con trabajo; pero los ciudadanos no cuentan con un mecanismo para tener tal certeza. Si fueron funcionarios públicos, como en el caso de José Antonio Meade Kuribreña, tuvieron la opción de no publicar sus posesiones porque la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas brinda ese derecho.
Si en los últimos años fueron figuras públicas como Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés o Margarita Zavala Gómez del Campo, y colgaron su declaración en la plataforma ciudadana 3de3, los ciudadanos no pueden encontrar puntos de comparación.
La riqueza de los candidatos a la Presidencia es una imagen rota con vacíos en varios años consecutivos. Andrés Manuel López Obrador no declaró nada de manera pública entre 2005 y 2015. Ricardo Anaya Cortés no lo hizo sobre la década de 2000 a 2010 y luego dejó de hacerlo entre 2013 y 2014. José Antonio Meade Kuribreña no hizo públicas sus propiedades de 2002 a 2012. Y Margarita Zavala sólo lo hizo en 2016.
Ninguno de los candidatos ha actualizado la versión pública de sus declaraciones patrimoniales. La más reciente es la de José Antonio Meade Kuribreña quien, dado que fue funcionario público, la presentó obligado por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas al dejar su cargo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el año pasado.
LOS CONTRASTES
El patrimonio del que menos tiene contrasta con el que tiene más. AMLO sólo cuenta con su salario de 50 mil pesos y una inversión menor o igual a 100 mil pesos en el banco (no precisa el nombre). En tanto, Ricardo Anaya Cortés tiene un vehículo que vale unos 210 mil pesos, cuatro inversiones menores o iguales a los 100 mil pesos y otras cuatro mayores a los 500 mil pesos, bienes muebles por 200 mil pesos, una casa de 4.2 millones de pesos y un ingreso de 293 mil pesos que hasta 2016 era por su cargo público y renta de locales.
Si la fortuna tuviera pisos, hoy en día la de Ricardo Anaya Cortés tendría dos niveles más en comparación con 2011, el año en que renunció a la presidencia estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro.
La fortuna de Margarita Zavala Gómez del Campo, en contraste, está integrada por cinco cuentas bancarias. Dos son menores o iguales a 100 mil pesos, dos más están entre 100 mil y 500 mil pesos y otra es mayor o igual a 500 mil. Tiene también un fondo de inversión. Cuenta con joyas que valen unos 200 mil pesos; además de obras de arte, dos vehículos (una camioneta BMW 2013) y tres terrenos. En una de sus extensiones tiene una casa de 799.24 metros cuadrados valuada en 5.1 millones de pesos.
Los escándalos de corrupción con tramas interminables y la lenta impartición de justicia se convirtieron en el eje de las elecciones del próximo 1 de julio, que será el proceso más grande que hasta ahora haya vivido México con tres mil 400 cargos en disputa, entre ellos, la Presidencia de la República.
En febrero pasado, la organización Transparencia Internacional dio a conocer su estudio anual sobre la percepción de la corrupción en 180 países. México apareció más hundido que el año pasado. Cayó seis lugares al pasar del sitio 129 al 135. A nivel regional se colocó entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe. Según ese Índice, México obtuvo una calificación de 29 puntos, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado y 100 el mejor calificado en la materia.
¿Cuál es la responsabilidad de los candidatos frente a este paisaje? Los especialistas en materia electoral y en Combate a la Corrupción a los que se les puso bajo consideración este ejercicio de revisión coinciden en que desde ahora, la presentación de la fortuna debe ser clara, exhaustiva y hasta exagerada.
“La corrupción es tan amplia que se convirtió en un eje transversal de los demás problemas. Por ejemplo, la salud, la inseguridad o la competitividad. Es rampante y carcome todas las áreas”, indica Arturo Espinosa Sillis, el Director General de Strategia Electoral. Para este analista de las elecciones mexicanas, “la responsabilidad de los actores políticos en el contexto que vive el país es ser transparentes frente a los electores para mostrarles, para rendirles cuentas en los temas patrimoniales. Sobre todo cuando hay cuestiones que los ponen en duda”.
En 2015, después de una batalla de organizaciones civiles, el Presidente Enrique Peña Nieto vetó algunos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para impedir que la iniciativa 3de3 -que iba a obligar a los funcionarios y al Jefe del Ejecutivo a hacer públicos sus bienes, intereses e impuestos- fuera aprobada. Así, el 18 de julio de 2016, promulgó la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción sin esta obligatoriedad.
Fidel Ramírez Rosales, Director General adjunto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), habla de la declaración patrimonial de los funcionarios públicos y sus formatos, así como de su utilidad, tal como quedó después del veto presidencial.
“El objetivo de las declaraciones es buscar casos de enriquecimiento ilícito. Esto sucede a través de lo que se llama evolución patrimonial, que es un proceso poco conocido que lleva la Secretaría de la Función Pública”. Pero Ramírez Rosales pone acento en que los ciudadanos no cuentan con ningún mecanismo para revisar el patrimonio de los candidatos y ver por sí mismos, si este creció o disminuyó. Y todo, al final, depende de la voluntad de los mismos candidatos.
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