Hay dos Estados de México: uno, el que colinda con la capital del país, donde sus habitantes recorren hasta tres horas hacia sus centros de trabajo; y otro, el de los de pueblos originarios, al norte de la entidad, donde se vive del campo. Una mayor expansión económica, actualmente en 2.3 por ciento promedio, permitiría generar 166 mil empleos formales al año y no sólo 58 mil, que representa menos del 35 por ciento de lo necesario para el estado. Sin embargo, de acuerdo con activistas y economistas, el PRI no ha mostrado voluntad política para implementar políticas económicas más allá de los programas sociales, y ha apostado por “un sistema clientelar muy poderoso”.
Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).– Los mexiquenses dicen que vivir en el Estado de México es como estar en el Mordor [“país negro”, en El Señor de los Anillos]. La entidad está concebida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como un depósito de dádivas y de despensas no sólo en periodos electorales, también al instalar megaproyectos. El progreso económico no va más allá de la transformación de la naturaleza en planchas de concreto y trabajos precarios, acusaron colectivos, organizaciones, pueblos y personas de la entidad.
Y si alguien rechaza sus dádivas o se niega a su corrupción, hay bala, tolete o gas lacrimógeno, añadieron.
Así han vivido los mexiquenses por más de 80 años: el llamado Grupo Atlacomulco ha gobernado “traficando” con sus necesidades por casi un siglo.
“Hay dos Estados de México. No sirve de mucho que el mayor crecimiento se esté dando en Naucalpan o Ecatepec, cuando eso no llega al de pueblos originarios”, dijo el economista por el Colegio de México (Colmex), Carlos Brown Solà.
El asunto, expuso, es “la voluntad política para ir más allá de las dádivas y programas sociales”. Para mejorar el bienestar y calidad de vida se necesitan alternativas de política pública que no sólo alivien sino ayuden a los 8 millones 269 mil mexiquenses a salir de la pobreza. Pero el enfoque es “con tintes claramente electorales” cada tres y seis años.
“Se necesita mayor conectividad logística y económica entre el estado; detonar procesos locales para cortar la dependencia tanto a los programas sociales –que deben tener un enfoque productivo– como a los envíos de gente que migra a la zona metropolitana, a otros entidades o a Estados Unidos. También se requiere una política industrial para la región, lo que demanda infraestructura y reunirse con empresarios”, determinó Brown Solà.
De los 125 municipios, los habitantes de las zonas que colindan con la capital del país, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca, Tlanepantla, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán o Ixtapaluca, gastan tiempo y dinero en trasladarse a su trabajo. Además, durante esos trayectos corren riesgo por la inseguridad en el transporte público, expuso Aldabi Olvera, miembro de Semillero Itinerante del Estado de México formado por pobladores, campesinos académicos y periodistas.
En contraste, al norte del estado, los mexiquenses de pueblos originales como los nahuas, otomíes, mazahuas, tlahuicas o matlazincas viven del campo y defendiendo su agua y bosques amenazados por los megaproyectos que “contrastan con sus formas de vida”. Ayer, el Presidente Enrique Peña Nieto inauguró una planta de Peñafiel en Tecámac, pese a que “hay mucha oposición de los sistemas autónomos de agua potable”, ejemplificó Olvera.
“El PRI tiene toda una estructura clientelar poderosísima que no sólo está activa en tiempos electorales, sino para implementar megaproyectos y tener un desarrollo económico que contrasta con el modo de vida en esas comunidades y partes urbanas”, dijo.
Para la implementación de la autopista Toluca-Naucalpan en Xochicuautla, pueblo otomí que batalla contra el grupo Higa, la empresa “actuó como partido político”. El también periodista y habitante del Estado de México acusó que hubo reparto de dinero y planfletos, y se compró a comuneros, lo cual rompe relaciones familiares y genera conflictos internos.
Lo mismo ocurrió con las empresas aeroportuarias en San Salvador Atenco, ejemplificó.
“Es un contraste entre un modelo de desarrollo y un modo de vida de conservación de la naturaleza. De esta gran geografía de despojo de agua y territorios ningún candidato o candidata está hablando”, acusó el miembro de Semillero Itinerante respecto a las campañas rumbo a la guberantura de la entidad que se celebrarán el 4 de junio.
Hace 10 años el Gobierno mexiquense, con Enrique Peña Nieto, implementó el proyecto “Ciudades del Bicentenario”. Busca crear poblados autosuficientes y competitivos que puedan albergar infraestructura, vías de comunicación y recibir incrementos poblacionales significativos. Estas ciudades –proyectadas para los municipios de Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, Zumpango, Tecámac y Huehuetoca– se presentan como alternativas de vivienda, empleo y acceso a educación, salud, comercio y recreación sin tener que desplazarse grandes distancias.
No obstante, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) ha señalado que bajo ese discurso desarrollo y competitividad económica, se ha despojado a diversas poblaciones de sus bienes naturales, lo que constituye “una violación grave” a su derecho a la vivienda, al agua, a una vida digna, a la salud, a un medio ambiente sano y a la participación en la toma de decisiones.
Hace más de 50 años, por ejemplo, los habitantes del municipio de Coyotepec construyeron con mano de obra y recursos propios un sistema de agua. Es autónomo y sólo la comunidad tiene derecho a administrar el líquido que abastece a cerca de 50 mil personas. Pero hace tres años autoridades municipales y estatales se los han intentado arrebatar para instalar desarrollos mobiliarios o empresas.
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