Operación PRIMazo .- Julio Hernández López

 Edomex y Coahuila: augurios

 Los Moreira y su continuidad

 Miroslava y la impunidad institucional

LEJOS DE LA JUSTICIA. Las investigaciones más recientes sobre el asesinato de Miroslava Breach Velducea revelan que al menos tres hombres la acechaban desde las primeras horas de la mañana del jueves pasado. Uno era el halcón. A las 6:54 alertó a los otros, que viajaban en un Malibú color gris. El desenlace es conocido: ella recibió ocho impactos de bala que le causaron la muerteFoto Carlos Ramos Mamahua

M

ás que el cumplimientode un protocolo, la toma de protesta de Alfredo del Mazo Maza, como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado de México, significó una demostración de poder extrapartidista, de abierto involucramiento de gobiernos e instituciones para adelantar a los mexicanos, desde esa entidad y en el presente año, lo que el poder priísta pretende para los mexicanos en los comicios del año venidero, sobre todo con relación al relevo presidencial.

La cada vez más descarada operación en favor del primo del actual ocupante de Los Pinos (la Operación PRIMazo) es una temprana advertencia de los métodos que pretende utilizar el poder federal en 2018 y un crudo adelanto de los pocos límites que ese poder respetará en el intento de quedarse con los cargos a elegir, marcadamente en lo que respecta a la Presidencia de la República.

La presencia de gobernadores y secretarios de Estado en Toluca, para acompañar este domingo a Del Mazo Maza a la hora de rendir protesta como abanderado tricolor, sólo ha sido una confirmación del abierto proceso de inversión de recursos públicos, provenientes de diversas partidas presupuestales, para apoyar el proyecto de continuidad familiar en el estado de México que ha trazado Enrique Peña Nieto. Con una desfachatez absoluta, el gobierno federal ha programado múltiples visitas de miembros del gabinete presidencial para anunciar obras, programas y servicios que luego son ligados, por un amplio equipo de mapaches electorales, a un sistema de control de futuros votantes.

A pesar de las malas calificaciones que en general se otorgan a Peña Nieto, y de la indignación generalizada de los mexicanos contra políticas y políticos del PRI, los estrategas del gobierno federal pretenden quedarse con dos gubernaturas clave, la del estado de México y la de Coahuila, y dejar la de Nayarit como una posibilidad de pago al Partido Acción Nacional. La del estado de México es una contienda fundamental para el priísmo, por la cuantía del padrón electoral pero, en especial, por la oriundez del actual habitante de Los Pinos y de una buena parte de la élite del gobierno federal.

Una cuestión de honor político, aseguran algunos, añadiendo que Peña Nieto no puede dejarse ganar esa gubernatura, porque eso lo colocaría desde ahora como aspirante a una cantada derrota en las elecciones presidenciales venideras. Al costo que fuera, la mexiquense es una batalla que tiene que ganar el ex gobernador Peña Nieto, a la vez que el actual, Eruviel Ávila, debe empeñar cuanto sea necesario para ofrendar tal victoria a Los Pinos, en aras de que él mismo pueda mantener expectativas políticas que algunos miembros de su grupo extienden hasta la misma posibilidad de que otro ex gobernador mexiquense, el mencionado Eruviel Ávila, llegara a ser el candidato presidencial priísta.

En Coahuila también se pretende enviar a la nación entera el mensaje de que el peor dinosaurismo priísta puede seguir adjudicándose elecciones. El actual gobernador, Rubén Moreira, apoya al ex presidente municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, con la intención de mantener la perniciosa continuidad política que subsiste a pesar de los enfrentamientos entre miembros de la misma facción (el ex gobernador Humberto Moreira ha sostenido un ácido pleito con su hermano, Rubén, al que aquel dice abiertamente haber puesto en el cargo).

Una combinación salvaje de dinero público, recursos oscuros, manipulación mediática, reparto de regalos de toda índole y un cinismo político a prueba de todo, se registra en Coahuila (como en el estado de México; como se pretende hacer en 2018 en todo el país) con la intención de que el PRI tenga probabilidades de mantenerse en el poder, a pesar de la contienda cerrada que se dará en la entidad mexiquense, con Morena y Delfina Gómez como opción creciente y Josefina Vázquez Mota y el PAN como propuesta palera, al igual que el PRD y, en la entidad norteña, sin una verdadera oposición viable, pues el PAN de Ricardo Anaya concedió la candidatura a gobernador a Guillermo Anaya, un compadre de Felipe Calderón, en un movimiento predestinado a la derrota adjudicable al margarito-felipismo, y una candidatura de Morena, con Armando Guadiana, que lo único que busca es aumentar el volumen de votos en favor del partido lopezobradorista, sin expectativas reales de triunfo.

En el caso coahuilense parece insostenible que el PRI esté en condiciones de seguir en el poder, luego del desproporcionado endeudamiento público, el predominio de los cárteles del crimen organizado, la desaparición de miles de personas y los hallazgos de restos de ellas en diversas fosas. Grotesco también resulta el manoteo político del ex gobernador Moreira, ahora aspirante a diputado local, por la vía plurinominal, por conducto de un partido que él ha apoyado de manera expresa para que le sirva de vía rumbo al Congreso local, el partido joven. Moreira ya no será postulado por el partido que dirigió a escala nacional, el Revolucionario Institucional: ahora será opositor, un ciudadano independiente que pelea contra los frenos del sistema a la lucha democrática. México, creo en ti.

El asesinato de Miroslava Breach corre el riesgo de diluirse entre los cargados archiveros de la presunta justicia mexicana, como un caso más que en su momento puede llegar a contar con la aprehensión y consignación de algún ejecutor material, pero nunca con el castigo verdadero de los factores políticos y de poder (el crimen organizado o el crimen político organizado, o la sabida conjugación constante de ambos factores) que posibilitan u ordenan este tipo de acciones.

La ejecución de la reconocida corresponsal de La Jornada ha provocado, en varias partes del país, expresiones de protesta por parte de un gremio usualmente desunido. Pero nada parece cambiar el curso institucional que en México permite y la impunidad a este tipo de agresiones contra activistas, luchadores sociales, defensores de derechos humanos y periodistas. ¡Hasta mañana!

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