La víctima fue absuelta de los delitos contenidos en una causa penal abierta en su contra; la comisión ordenó a Semar reparar integralmente el daño.
La primera recomendación del año emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue dirigida a la Secretaría de Marina (Semar) por la tortura, detención arbitraria y cateo ilegal contra un hombre a quien colocaron bolsas de plástico en la cabeza, le quemaron las plantas de los pies y le arrancaron piel.
Los hechos sucedieron en Culiacán, Sinaloa, donde fue la víctima fue detenida por elementos de la Marina y llevado ante un Ministerio Público y posteriormente fue absuelta por instancias judiciales de las imputaciones en su contra contenidas en una causa penal.
Detenido ilegalmente y amenazado por marinos para revelar información
De acuerdo con lo asentado en una queja recibida por la comisión, durante la madrugada del 14 de noviembre de 2014 elementos del Ejército y la Marina ingresaron violentamente y con el rostro cubierto al domicilio del agraviado, sin ningún mandamiento judicial.
Los soldados y marinos llamaron por un apodo a la víctima, quien no reconoció el sobrenombre y fue golpeado y amenazado para que confesara “dónde estaban los demás”, según un comunicado de la CNDH.
“En presencia de una de sus hijas, de un año de edad, la esposa del agraviado recibió dos cachetadas de uno de los uniformados, por preguntar por qué golpeaban a su marido, en tanto otros elementos sacaron de la recámara a los otros dos hijos de la víctima, que entonces tendrían 3 y 7 años”, indicó la comisión.
El hombre —de quien no se reveló la identidad— fue despojado de sus pertenencias y atado de las extremidades para ser trasladado en una camioneta blanca, donde fue insultado, amenazado y golpeado nuevamente con un palo y con la mano abierta contra su cabeza.
“Los marinos le mostraron fotografías en una tableta electrónica y fue llevado a varios domicilios de la ciudad para que les dijera en cuáles vivían las personas retratadas. Al no proporcionarles la información que deseaban, lo trasladaron a una casa donde lo torturaron, cubriéndole la cabeza con bolsas de plástico, además de quemarle y arrancarle la piel de las plantas de los pies“, aseguró el organismo.
Después de ser llevado a un destacamento de marinos ubicado junto al parque “Ernesto Millán Escalante”, de la ciudad de Culiacán, fue subido a otro vehículo en el que permaneció sentado por horas y volvió a ser golpeado y amenazado.
“Los elementos de la Marina le dijeron que sería revisado y le ordenaron decir que las lesiones habían sido causadas por una caída; una mujer médico naval examinó y curó sus heridas, emitiendo su valoración médica. Otro marino le dijo que por no cooperar, él se encargaría de que permaneciera varios años en la cárcel”, continuó.
La víctima no fue puesta a disposición de Ministerio Público de inmediato, sino hasta después de nueve horas de su detención, cerca de las 12:20 horas, cuando fue trasladado a instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
Semar deberá reparar el daño, según la recomendación
La CNDH determinó que la Secretaría de Marina deberá reparar el daño causado al hombre y pidió a la dependencia que se utilicen equipos de grabacion durante los operativos.
“Se vulneraron los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio y a la privacidad; a la libertad, seguridad personal e integridad personal de la víctima”, aseguró la CNDH.
El hombre fue absuelto de los delitos que se le imputaban y, tras conocer la queja presentada por su esposa, la comisión determinó la existencia de violaciones a los derechos humanos cometidas por marinos y este martes solicitó a Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, que se repare integralmente el daño causado a a la víctima, a su cónyuge y a sus tres hijos.
También solicitó que la Semar que colabore en la averiguación previa que se instruyó ante la PGR. “Además, recomienda capacitar en materia de derechos humanos a los servidores públicos de la SEMAR; elaborar o actualizar un protocolo para que todos los elementos de la Secretaría empleen en los operativos cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio, así como inscribir a los agraviados en el Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso a sus derechos y beneficios en términos de la Ley General de Víctimas”.
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