JENARO VILLAMIL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante una jornada imparable de protestas ciudadanas en Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada, el gobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega, anunció este martes 17 que dio reversa a la Ley de Aguas que disparó el descontento cívico en la entidad fronteriza desde el 20 de diciembre.
El malestar se potenció con el gasolinazo del gobierno federal, al grado de registrarse manifestaciones de más de 40 mil personas en la capital Mexicali, bloqueos en Rosarito y protestas en los puentes internacionales.
En la página de Facebook “BC, Ya Basta”, se posteó el siguiente mensaje:
“#LeyDelAgua.-Acaba de anunciar Kiko Vega que va a dar marcha atrás a la Ley del Agua. Animo raza!, es gracias a todos ustedes que han salido a la calle a luchar por sus derechos! #LaGenteManda”.
La página “BC, Ya Basta” está vinculada a otra denominada “La República de Baja California”, con más de 145 mil seguidores en Facebook.
Ambas se han convertido desde el año pasado en el escaparate de una lenta, pero consistente rebelión cívica en contra de los partidos políticos, especialmente del PRI y del PAN, pero también contra todos aquellos discursos tradicionales que ignoran a los ciudadanos.
Si en la década de los 80 la alternancia periférica en México inició justamente en Baja California y en Chihuahua, tres décadas después estas dos entidades se convierten en el epicentro de una serie de movilizaciones y acciones de resistencia cívica que desconfían brutalmente de los partidos políticos tradicionales, del gobierno federal de Enrique Peña Nieto y del local de Kiko Vega.
Las movilizaciones en las últimas dos semanas han sorprendido a los observadores de otras partes del país, pero no a los habitantes de estas ciudades que conocen perfectamente la suma de agravios que van desde el IVA fronterizo, la inconformidad de los jornaleros de Ensenada del año pasado, la privatización del agua, las amenazas de reemplacamiento y ahora el “gasolinazo” que encendió la mecha del hartazgo.
El pasado viernes 13, ciudadanos de Mexicali bloquearon el Congreso local, el ayuntamiento y las oficinas de recaudación de rentas para dar a conocer un pliego petitorio a los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal demandando tanto la derogación de la ley del agua como del gasolinazo.
“Queremos la derogación total, no la caridad”, afirmó en entrevistas a la prensa local la joven Tania que participó en la protesta convocada por el Comité de Justicia Ambiental de Mexicali, el Frente Conciencia Civil Cachanilla, el Comité Local de la Nueva Constitución Ciudadana y Popular, la CNTE, el Congreso Nacional Ciudadano y la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores.
En los dos días siguientes, el sábado 14 y el domingo 15, las principales ciudades de Baja California se convirtieron en el epicentro de las protestas contra el gasolinazo y contra la medida de los “descuentos” de 20% en el pago del agua que anunció el gobierno estatal.
La apatía tradicional en Mexicali, una ciudad que puede llegar a 50 grados de temperatura en época de verano y a un frío seco en el invierno, se ha convertido en una primavera de la protesta que agarró desprevenida a la clase política que no está acostumbrada a seguir las convocatorias ciudadanas a través de las redes sociales y que cree que puede “administrar” el descontento con medidas como los descuentos.
La protesta el domingo 15 alcanzó el récord de 40 mil personas en Mexicali que se reunieron en la plaza central. Hubo consignas contra Peña Nieto, el gobernador Kiko Vega, los diputados locales que aprobaron la Ley del Agua y, especialmente, contra el PRI y el PAN.
“No más gasolinazos y no a la privatización del agua”, sintetizaron varias pancartas. Los cachanillas cantaron el Himno Nacional, siguiendo el ejemplo de Camargo, Chihuahua, y subieron una larga lista de oradores durante cinco horas que fueron desde una niña de 12 años hasta una doctora, estudiantes, maestros, profesionistas, personas de la tercera edad.
La protesta de Mexicali fue, con mucho, la más intensa de las movilizaciones que se registraron en 21 entidades este domingo pasado y que no han aminorado.
La Policía Estatal Preventiva intentó desalojar el pasado lunes 16 a la docena de manifestantes que mantuvieron “tomadas” las puertas del Palacio de Gobierno estatal en Mexicali.
Ese mismo día se sumaron explícitamente a las protestas ciudadanas organismos empresariales como la Canacintra y algunos integrantes de la Canaco.
“No concebimos cómo el Ejecutivo (Francisco Vega) mandó una ley sin haber hecho el trabajo que por obligación, por responsabilidad y respeto a la comunidad y a los sectores productivos debió haber hecho”, afirmó Juan Gallego Topete, líder de la Canacintra estatal.
Acorralado, Kiko Vega, quien también es señalado por escándalos de corrupción y desvío de recursos, anunció que daba marcha atrás a la Ley del Agua.
Los focos rojos en el gobierno federal se han encendido porque la rebelión cívica que viene de Baja California está expandiéndose a Chihuahua –donde organizaciones campesinas han bloqueado parcialmente el puente internacional–, pero también en Querétaro, Guerrero y Chiapas.
Ya no se trata sólo de brotes locales o de ciberactivismo de jóvenes que buscan alternativas independientes. Es una rebelión cívica que se quedó con el producto de la “gallina de los huevos de oro”.
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