SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto (proceso.com.mx).- La jueza de control Norma Angélica Hernández Granados determinó vincular a proceso penal al velador Antonio Luna Hernández, ahora indiciado por el homicidio en razón de parentesco de sus tres hijos menores de edad y por tentativa de homicidio de su esposa, Juana Luna, quien afuera de la sala rompió en llanto cuando el abogado Rafael Heredia le comunicó la decisión.
“El señor Antonio y su familia estuvieron donde no tenían que estar. Fue una cuestión totalmente ajena a ellos lo que sucedió; estamos ante un gravísimo problema de miedo, de terror (sentido por) Antonio, la esposa, los hijos… El hecho de estar en una balacera es muy desagradable. Pueden pasar muchas cosas”, dijo el abogado, ahora defensor de Antonio, una vez que concluyó la audiencia.
Los cientos de balas (incluyendo las de armas de alto poder), las marcas en paredes y las ventanas rotas en la finca atestiguan hoy lo que debieron ser muchos minutos de este tiroteo, mientras la familia Luna Luna permanecía encerrada en el departamento del fondo y donde vivió su propio infierno.
En su calidad de indiciado, Antonio permanecerá en prisión preventiva en el Cereso de San Miguel de Allende durante todo el tiempo que dure el proceso judicial, en lo que se desahogue la investigación complementaria por la Fiscalía de la Procuraduría y por el defensor en los siguientes seis meses, plazo fijado por la jueza. Hasta el momento, el velador no ha declarado ante la Procuraduría ni ante la jueza.
“Son seis meses en los que desahogaremos muchas pruebas, las necesarias para demostrar la no responsabilidad (de Antonio)”, dijo Heredia, quien precisó que continuará con la defensa del velador sanmiguelense hasta el final, siempre y cuando éste y su familia así lo quieran.
“Para una vinculación a proceso podrían no ser suficientes (las pruebas presentadas por la Fiscalía) pero vamos a aceptar en este momento, porque deseamos acreditar que no es responsable”, ratificó el defensor, quien resaltó que no hubo suficientes argumentos jurídicos para apuntalar la acusación de intento de homicidio en contra de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGJE.
De manera apresurada, antes de que terminara formalmente la audiencia de vinculación a proceso, la Procuraduría de Justicia emitió un mensaje por Twitter en el que anunciaba ya la vinculación, lo que fue señalado por el Poder Judicial del estado como un acto que afecta el debido proceso en este caso.
Agentes ignoraban que había niños en el lugar
Agentes ignoraban que había niños en el lugar
Poco después de las 9 de la noche, en la sede de la Procuraduría de Justicia en la capital, el procurador Carlos Zamarripa Aguirre reveló datos de la carpeta de investigación que fueron presentados a la juez en la imputación de los cargos contra Antonio, señalado por el homicidio de sus hijos de 4, 8 y 11 años en una finca que cuidaba por las noches, en la salida a Dolores Hidalgo, la madrugada del sábado 14 de enero:
“Se ha especulado mucho en cuántos disparos tenían las víctimas. Cada uno de los menores presentó solamente un impacto de bala de arma de fuego, cada uno fue con la misma arma, los tres presentan ese impacto en el cráneo… Estaba por acontecer un hecho más, que no ocurrió porque ya no tenía balas el arma que había utilizado, la tenía apuntando a ella en la cabeza y accionó el gatillo, pero ya no tenía cartuchos”.
Antonio habría disparado los seis cartuchos del arma, según el dictamen pericial citado por el procurador, quien también reveló que Antonio ha intentado dañarse físicamente mientras está a disposición del juez, y dijo tener conocimiento de que uno de estos intentos ocurrió mientras se entrevistaba con personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado, cuando quiso lastimarse con la pluma que le dieron para firmar un documento.
En la rueda de prensa, Zamarripa señaló que los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) encontraron a Antonio y su familia en esas circunstancias después de que éstos se enfrascaron en un tiroteo contra un grupo armado que se encontraba en el primer inmueble dentro de la finca, un terreno bardeado con dos edificios, uno utilizado como salón de fiestas y un pequeño departamento al fondo, donde se encontraba Antonio con su familia esa noche.
Zamarripa dijo que se tuvo conocimiento por reportes de vecinos de que un grupo armado se encontraba en el lugar y hacía disparos, por lo que agentes de la AIC se presentaron al inmueble.
No obstante, no hubo ningún detenido de este grupo, lo que el procurador justificó señalando que éstos “lograron huir por al menos tres caminos que rodean al inmueble”.
A pregunta expresa, el procurador aseguró que los agentes que participaron en el operativo y el tiroteo con el grupo armado “por supuesto que no estuvieron enterados de que en esa finca había niños” y también que se identificaron oficialmente “mediante los comandos de voz que se utilizan en este tipo de operativos, para ordenar a quien estuviera dentro que saliera con las manos en alto.
Esto, en contraste con los señalamientos hechos por varios familiares de Antonio y Juana en el sentido de que en las distintas llamadas que hicieron a la Policía Municipal y al número de emergencias (la cuales se replican en el Centro estatal de comando y cómputo, el C5i) advirtieron que en el sitio había una familia con menores de edad encerrados en un baño mientras se desarrollaba el tiroteo.
Zamarripa también se mantuvo en su dicho sobre las distintas declaraciones que Juana Luna hizo a algunos medios sobre lo sucedido, en las que afirma que los agentes de la AIC le pusieron el arma a su esposo.
“La declaración de ella que obra en la carpeta es otra”, ratificó. En ésta, Juana habría dicho a los agentes que su esposo había disparado a los niños y la quería matar.
El funcionario incluso resaltó que entre la imputación de los cargos y la vinculación, no se ofreció la declaración de Juana por parte de la defensa de Antonio, ni se integraron las declaraciones públicas de Juana en las que ella señala a los agentes.
Sobre el propietario del inmueble donde ocurrieron estos hechos, mismo que no ha aparecido públicamente –ni con la familia Luna- el procurador dijo que está siendo investigado y que se recabará su declaración durante la investigación complementaria.
El propietario ha sido identificado como José Cipriano Sánchez Zavala y, según señalamientos de los familiares de Antonio, había rentado uno de los inmuebles de la finca al grupo armado desde días atrás.
En este punto, Carlos Zamarripa aclaró que la PGJE no tiene elementos para relacionar a Antonio con las actividades del grupo delictivo, “pero tampoco lo podemos descartar, es parte de la investigación”.
Por ahora, mientras permanezca en prisión preventiva, Antonio contará con medidas cautelares solicitadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos para garantizar su integridad física, ante los intentos de dañarse, además de que ha ofrecido apoyo psicológico a la pareja y a los familiares.
La PEDH ha solicitado la comparecencia de los agentes de la PGJE y de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado, corporación que también acudió al lugar del tiroteo y cuya participación no ha sido aclarada públicamente por el Secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca.
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