El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hizo suya la solicitud de atracción del amparo promovido por el diputado constituyente Javier Quijano, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
El también abogado explicó que el amparo pasará a estudio de la Primera Sala, donde se turnará a alguno de los ministros que la integran para que elabore un proyecto de dictamen. Debido a que el Poder Judicial entrará en receso a partir del 15 de diciembre, lo más probable es que el caso se resuelva en la primera quincena de enero de 2017.
Quijano Baz detalló que el pasado 15 de septiembre, durante la sesión de instalación de la Asamblea Constituyente, expresó ante el Pleno que los 28 representantes que designó la Cámara de Diputados y el Senado de la República, violaban el artículo 125 constitucional.
Éste señala que: “Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un estado que sea también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos, el que quiera desempeñar”
Por ello, promovió un juicio de amparo indirecto que fue turnado al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, que lo desechó al no admitirla a trámite; por lo que presentó un recurso de queja que lleva el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
Paralelamente, el diputado constituyente por Morena solicitó a la SCJN la atracción del caso, y fue entonces cuando, este miércoles 23 de noviembre, el ministro Zaldívar Lelo de Larrea, decidió hacer suya la petición.
En entrevista con Aristegui Noticias, Javier Quijano aceptó que existen varios escenarios ante el fallo que eventualmente pueda emitir la Corte: que se elimine a estos 28 constituyentes y la Asamblea quede integrada sólo por 72; que los senadores y diputados pidan licencia al cargo que ocupan a nivel federal para quedarse exclusivamente como asambleístas, y que se establezca una prórroga al plazo del 5 de febrero para promulgar la Constitución local.
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