“La resolución de la Universidad Panamericana evidencia con claridad esta clase de irresponsabilidad solipsista: sí hubo plagio, pero no haremos nada al respecto”, lamenta Luis Fernando Granados en su artículo ‘Fraude Autoral, Ficción Académica’.
En su texto, publicado este lunes en el portal El Presente del Pasado 2.0, Granados señala que el plagio “es el despojo de un bien ajeno, o sea un robo, y es también la atribución interesada de una propiedad, o sea un fraude”.
“Estamos ante un delito —robo de algo que tiene dueño, apropiación de una cualidad inalienable (la autoría)—, y que además ese delito ya está tipificado en las leyes de nuestro país. Así que no se trata de un ‘error’ metodológico ni de una falta ‘ética'”, indica el investigador.
“Dice el artículo 424 del código penal federal: ‘Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa: […] A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras protegidas por la ley federal del derecho de autor’ (fracción III; mis cursivas). Y dice el artículo 427 del mismo código: ‘Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa, a quien publique a sabiendas una obra substituyendo el nombre del autor por otro nombre.'”
Por su parte, el profesor Pedro Salmerón Sanginés, del Departamento Académico de Ciencia Política del ITAM, publicó en el mismo medio su artículo ‘Doce Momentos’, en el cual realiza una recopilación de situaciones que han exhibido a Peña Nieto.
“…En el México de Atenco, Tlatlaya, Iguala y Nochixtlán el plagio de una tesis de licenciatura será visto (está siendo presentado) como un pecadillo de juventud, cuando que otros países el descubrimiento de plagios académicos ha provocado la renuncia inmediata de altos funcionarios. Pero no, no es peccata minuta…”, sentencia.
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