La actualización, por medio de una ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para su ejecución administrativa y judicial, como arma autoritaria –casi neofascista– pero de plano antidemocrática, en manos del presidente de la República (y que estrenará Enrique Peña Nieto), dice: autorización, del Congreso de la Unión, es para anticiparse, adelantando vísperas para ahogar policiaca y militarmente las protestas que se ven venir.
Esto, porque los estragos de la crisis económica ocasionados por un sinnúmero de motivos, entre ellos el recorte al gasto público, la quiebra de Petróleos Mexicanos, la devaluación del peso, el desempleo, más los recientes despidos en los gobiernos y las empresas, con un largo etcétera, indudablemente obligarán a los mexicanos más activos y los que de inmediato sufren las consecuencias, a salir a las calles de todo el país para exigir soluciones, no para el futuro, sino para el ahora y el aquí, en el presente.
Son los 55 millones de pobres quienes no podrán resistir las embestidas de la contracción económica de una recesión que lleva visos de una profunda depresión, porque no tienen en su mayoría dinero para consumir lo más indispensable: alimentos; con todo y que de los casi 4 mil municipios, en 1 mil 500 les venden el litro de leche a un peso. Pero es el resto de sus necesidades, cuyas soluciones no caerán del cielo para cubrirlas, las que anuncian reclamos a los gobernantes.
Ese panorama estallará a más tardar después de las elecciones de este junio con las 12 gubernaturas en disputa, para lo cual el peñismo quiere tener a nano la suspensión de derechos con la supresión de las garantías procesales (sobre todo amparos), para dejar en total estado de indefensión a los mexicanos que alcen la voz en manifestaciones que confronten a los gobiernos.
No estamos en vísperas de una nueva revolución, no obstante “el empobrecimiento de los más pobres y el enriquecimiento de los más ricos” (escribe el historiador de la biografía del Napoleón, aquel que empezó revolucionario, desmanteló las monarquías preconstitucionales, abogó por la democracia y terminó autócrata e invasor y monarca destituido).
En el caso mexicano el presidencialismo peñista quiere concluir su mal gobierno de centro-derecha, emprendiendo las represiones contra las revueltas sociales por hambre. La reglamentación del Artículo 29 constitucional es para afilar el autoritarismo contra la población. Ni siquiera los que tienen un empleo fijo y los que se ocupan transitoriamente, podrán resistir los vendavales que vienen.
Así que estamos ante la suspensión de derechos y garantías en el corto plazo, para hacer de las ciudades cárceles para mexicanos que se decidan a protestar. Y los que no acaten esa suspensión, recibirán represiones policiacas y militares, sin que puedan ser auxiliados por los tribunales. Se implantará el Estado de excepción o Estado policiaco, mejor conocido como golpe de Estado por la misma élite en los tres poderes de lo que es un Estado democrático y republicano con imperio de la Ley.
Reglamentar el Artículo 29 constitucional en esos términos, implica autorizar un gobierno federal autocrático, que es mucho más grave que el tradicional régimen autoritario. Al enterarnos de que tal reglamentación está en marcha, debemos darnos por enterados de que “sobre aviso no hay engaño”.
Nos llevan por la fuerza a una situación extremadamente grave, en donde no hay derecho ni al pataleo cuando nos estén ahogando a golpes y sangre para impedir las protestes. Los últimos años del peñismo serán de una gran violencia desde los poderes estatales, como los mexicanos no la han vivido a pesar de hechos como los sucedidos en 1968, y de ahí hasta Ayotzinapa; lo que abarca medio siglo defendiendo los derechos humanos. Pero ahora nos avisan que esos derechos serán legalmente suspendidos, para que los gobernantes puedan sortear la explosión de la crisis económica que anuncia devastaciones por más empobrecimiento masivo. Y hambre.
Álvaro Cepeda Neri
Contralínea 487 / del o9 al 14 de Mayo 2016
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