A la luz de los resultados, el desempeño de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Hacienda ha sido un fracaso. Su mal manejo de las finanzas nacionales –en lo único en lo que no ha fracasado es en su propósito de desmantelar a Pemex– tiene a la economía nacional al borde del colapso, a las puertas de una de sus peores crisis. Y los dedos que señalan a este funcionario favorito de Peña Nieto no vienen sólo de la oposición o de la ciudadanía… ahora lo hace hasta el Banco de México. Aparentemente ya nadie cree que haya una adecuada conducción financiera.
Las quejas contra Luis Videgaray Caso, el secretario de Hacienda, se multiplican. “Es omiso, no hace caso, se le dice una cosa pero le entra por un oído y le sale por el otro”, resume una fuente del más alto nivel del Banco de México.
En efecto, no sólo el banco central, sino el Fondo Monetario Internacional, empresas calificadoras, grupos privados de análisis, grandes empresarios, inversionistas poderosos y la prensa extranjera han sido insistentes en señalarle –directamente, por escrito o por terceras personas– que la situación económica del país va de mal en peor.
Y esto se debe, en gran medida, a la labor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que actúa tarde y, a veces, con indolencia.
Los grupos mencionados acusan que se está incurriendo en un endeudamiento excesivo y peligroso; que el gasto público, siempre opaco en su ejercicio, en nada contribuye al crecimiento económico; que se manipulan las cifras económicas; que se prometieron recortes en el gasto y se realizaba lo contrario; que el gobierno hizo “guardaditos” para los periodos electorales… que Videgaray se cruzaba de brazos frente a la tormenta que se avecinaba con el desplome del precio del petróleo y el alza vertiginosa del tipo de cambio.
Y sí: el secretario de Haciendo vio cómo durante su gestión el precio del petróleo, que él recogió en 101.96 dólares por barril, se derrumbó a menos de 20 dólares.
Nada hizo para aprovechar los generosos ingresos petroleros de los primeros años de la administración. Sólo gastar y gastar. Y siguió haciendo lo mismo, sin esos ingresos, pero endeudando más al país.
Videgaray también vio que el tipo de cambio de 13.9 pesos por dólar –con el que él inició– voló en algún momento del mes pasado hasta tocar los 20 pesos por dólar en ventanillas bancarias y los 19.4 pesos el dólar interbancario el 11 de febrero pasado, según el Banco de México.
Sin confianza
De todos los llamados que se le hicieron, desde todos los frentes, el Banco de México fue el que puso el grito en lo más alto.
Desde principios del año pasado, en todas las reuniones de su Junta de Gobierno –en las que se analiza la economía mundial y la nacional, y a partir de ello se define la tasa de interés de referencia–, el Banco de México insistió en que las autoridades fiscales –Hacienda, pues– deberían esforzarse más en lograr “un marco macroeconómico sólido”.
En la reunión del 4 de febrero pasado, ante el poco caso que hacía Videgaray, el Banco fue más severo: la depreciación del peso, junto con el desplome del petróleo y el frenón de la economía internacional, estaban creando las condiciones para que se diera una crisis similar a las vividas en décadas pasadas: alta inflación, sobreendeudamiento, desbalance fiscal, desempleo, huida de capitales… desconfianza total.
En esa reunión –a la que, como siempre, no fue Videgaray, sino el subsecretario Fernando Aportela– se pusieron los puntos sobre las íes: la depreciación del peso ha sido inusitada, mayor a la de cualquier otra moneda de países emergentes, y aún podría seguir cayendo el peso.
También se recordó que ya son muy bajos los niveles de confianza empresarial, que la industria de la construcción está muy débil y que persiste el riesgo de nuevos descensos en la producción petrolera.
Y se insistió en que ya era muy alta la incidencia de los bajos precios del petróleo sobre el comportamiento del peso, y que eso reflejaba “el efecto adverso de Pemex sobre la producción industrial y la todavía alta dependencia de los ingresos fiscales respecto de los petroleros, comprometiendo a su vez las finanzas públicas”.
Sin mencionarlo, por supuesto, le reclamaron a Videgaray “la expansión del gasto corriente por arriba de lo presupuestado y la ausencia de un mayor ajuste en 2015”.
Valga el paréntesis: el asesor parlamentario Juan Moreno Pérez, doctor en historia económica y experto en programación financiera, recuerda que en enero de 2015 la SHCP anunció que aplicaría un recorte presupuestal “preventivo” por 124 mil 265 millones de pesos.
Sin embargo, el gasto realmente observado durante el ejercicio fiscal no sólo no se redujo, sino que resultó superior en 197 mil 297 millones de pesos a lo aprobado por la Cámara de Diputados.
El especialista sugiere que, con ese anuncio, Videgaray quería dar la imagen de ser muy responsable. Sin embargo, el experto detectó que lo que se hizo en realidad fue flexibilizar el manejo del gasto público, tanto en sus montos como en sus calendarios de ejercicio para ajustar de manera discrecional el gasto público.
“Esa flexibilización permitió a Hacienda expandir fuertemente algunos gastos durante la primera mitad del año, consiguiendo influir de manera muy importante en la jornada electoral del mes de junio (de 2015). Con ello, los partidos afines al Ejecutivo pudieron conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados.”
Videgaray aprovechó el recorte, abunda Moreno, para cancelar proyectos de inversión, ya aprobados, en los que públicamente se había señalado que había conflictos de interés. El ejemplo más claro fue la cancelación del tren rápido a Querétaro, concesión que se había otorgado a una empresa de Grupo Higa, el contratista favorito de Peña Nieto –asociado con inversionistas chinos–, que edificó la famosa Casa Blanca y que le vendió a Videgaray, con enormes facilidades, su casa de campo en Malinalco.
Del recorte anunciado en enero del año pasado, la mitad se aplicaría a Pemex, unos 62 mil millones de pesos. Pero –sigue el análisis de Moreno, maestro por la Universidad de California en Los Ángeles–, “al cierre de 2015 Pemex reporta un ajuste de sólo 20 mil 619 millones de pesos en su gasto”.
Eso no es lo más grave, explica: “Hacienda permitió que Pemex cerrara el ejercicio de 2015 quedándose con 95% de los ingresos petroleros generados en diciembre, y los reportara como ingresos propios. Con ello eludió el cumplimiento del anunciado recorte al gasto, aparentando que se había cumplido con la meta de déficit público. Como subproducto de esa operación, los ingresos públicos participables (a estados y municipios) se redujeron en 36 mil 52 millones de pesos”.
El Banco de México lo tenía claro y en su última junta de gobierno acusó: en 2015 el ajuste al gasto fue muy menor al anunciado y, por el contrario, se expandió el gasto corriente. Y ratificaron: “Es fundamental mantener un marco macroeconómico sólido en México”.
Dice la minuta de esa reunión, difundida el 18 de febrero: “La mayoría concordó que para hacerle frente a los retos globales actuales, además de contar con una política monetaria flexible que permita hacer modificaciones al ritmo que sea pertinente, se requieren esfuerzos en diversos ámbitos.
“En particular, apuntó que será necesario llevar a cabo los ajustes requeridos en las finanzas públicas, incluyendo a Pemex, para absorber el choque a los ingresos públicos.
“Un miembro destacó que, ante la coyuntura actual, es claro que algunas empresas petroleras en otros países ya han hecho ajustes significativos para reducir su gasto y algunos proyectos de inversión, situación que sería deseable ver en México.
“Algunos agregaron que es muy importante el ancla de la política fiscal, dada la complejidad de los factores externos y el entorno en donde quizá hay poco espacio para que el tipo de cambio real de las economías emergentes se aprecie.
Por su parte, otro miembro subrayó que “el alto nivel de la inversión de no residentes en valores gubernamentales en pesos podría cambiar abruptamente si los fundamentos internos no se perciben lo suficientemente sólidos”.
En palabras llanas: si los tenedores de bonos y otros instrumentos de inversión mexicanos no ven que la economía esté funcionando, que hay inestabilidad, desconfianza e incertidumbre, optarán por llevarse sus dólares a otra parte.
En la Junta, también pidieron a Hacienda aplicarse más en las reformas estructurales, “en particular en el sector de hidrocarburos”.
Lo que está en juego
Pemex, pues, está en la mira. ¿Pero por qué?
Responde Jonathan Heath, el mayor de los expertos en análisis macroeconómico del país:
“En Pemex está el mayor boquete. Gasta lo mismo cuando el precio del crudo ronda los 25 dólares por barril que cuando estaba en 100.”
Entonces, asegura, “necesariamente el recorte tiene que ser en inversión. Pemex tiene años buscando pozos petroleros rentables, pero sin éxito. Le dan mucho dinero a Pemex pero está haciendo un despilfarro total. La idea es que Pemex ya no busque esos pozos, sino que se hagan las subastas para que le entre el sector privado”.
Y no hay de otra, dice Heath: “Nunca se creó un fondo, no se guardó dinero en las épocas de vacas gordas para usarlo en momentos complicados. El Fondo (Mexicano del Petróleo) que se hizo ahora con la reforma energética debió hacerse hace unos 10 años”.
Videgaray pareció escuchar finalmente los reclamos del Banco de México y de otras instituciones. Trece días después de la Junta de Gobierno mecionada, anunció, junto con el gobernador de Banxico, Agustín Carstens, las medidas que supuestamente calmarían la volatilidad del tipo de cambio: se recortarían 132 mil millones de pesos al gasto público, de los cuales 100 mil millones se aplicarían en Pemex.
El recorte en la petrolera quedará así: tenía aprobado un gasto programable de 478 mil 272 millones de pesos para este año, pero quedará en 378 mil 272 millones de pesos, una reducción de 21%.
De ese total, al gasto corriente (que era originalmente de 185 mil 204 millones) se le quitarán 8 mil millones de pesos.
El grueso del recorte será en el gasto de inversión: se le quitan 92 mil millones de pesos (92% del total del recorte), y pasa de los 293 mil 68 millones de pesos aprobados por la Cámara de Diputados a 201 mil 68 millones.
Un dato relevante es que en el presupuesto original, el gasto corriente significaba 38.7% del gasto programable, mientras que el gasto de inversión era de 61.3%. Ahora, el gasto corriente significa 46.8% y el de inversión baja a 53.2% del total del gasto programable.
Es decir, el gasto productivo se achica, mientras que el improductivo –sueldos, pensiones, prebendas al sindicato, gastos de oficina y otros– cobra un mayor peso relativo.
El desglose del recorte en el gasto de inversión es indicativo de lo que se quiere con Pemex: una empresa estatal supeditada al capital privado.
Las áreas sacrificadas serán las de exploración y producción y la de transformación industrial (refinación, petroquímica, producción de gasolinas).
A la primera, que era la que le dejaba la mayor renta al país, se le quitan 49 mil 500 millones de pesos (53.8% del total del recorte).
El recorte en el área de Transformación Industrial, y que viene en línea con la decisión de adelantar la importación de gasolinas, anunciada recientemente, no es menos grave.
A su presupuesto original de 56 mil 770 millones de pesos, se le recorta 64.8%, equivalente a 36 mil 800 millones de pesos (40% del recorte). Para completar los 100 mil millones de pesos del recorte total, 5 mil 700 millones se aplicarán en diversas áreas aun no especificadas.
En conferencia de prensa realizada el 29 de febrero, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, dijo que la empresa –que “no tiene problemas de solvencia sino de liquidez”– saldrá “fortalecida”, aunque registrará una baja en la producción diaria de 100 mil barriles de crudo.
El recorte, continuó, servirá también para cumplir con el “mandato presidencial” de emplear todas las facilidades y oportunidades que da la reforma energética para hacer viables los pozos poco rentables, ya sea con contratos de nuevo tipo y asociaciones con privados, nacionales y extranjeros, más atrevidas.
En su última aparición pública, el jueves 3 –para la presentación del informe sobre el comportamiento de la inflación y la economía en general durante el último trimestre del año pasado–, Carstens volvió a la carga, de nuevo, contra la Secretaría de Hacienda.
Dijo lo que se tiene que hacer para que México salga del pasmo económico y deje de depender tanto del exterior:
“Deben reforzarse las medidas que puedan generar un mayor crecimiento interno, muchas de ellas asociadas a las reformas estructurales, y que de esa manera México se distinga del resto de los países emergentes; que generemos nuestras propias fuentes de crecimiento y que nos podamos desligar de esta influencia tan negativa que está ejerciendo sobre nosotros y otros países el pobre crecimiento mundial”.
Una parte fundamental, dijo, es la confianza. Pero la confianza debe alimentarse “a través de darle certeza a los mexicanos de que se van a mantener condiciones macroeconómicas sólidas”.
Sólo resta que haga caso el secretario de Hacienda.
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