La terminación del programa radiofónico de Carmen Aristegui ocurrió, hace ya casi un año, después de la publicación del reportaje "La casa blanca de EPN".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó en su informe sobre la “situación de derechos humanos” en México, un apartado del Relator Especial para la Libertad de Expresión,Edison Lanza, que expone “ataques contra la libertad de expresión”, como asesinatos, agresiones y detenciones de periodistas.
Pero apunta que hay más que eso, como el caso Aristegui-MVS:
“En el 2015, se presentaron otro tipo de afectaciones a la prensa que permiten observar la existencia de un contexto complejo para el ejercicio periodístico, no solo por el riesgo de agresiones y amenazas sino también por episodios como el ocurrido con la periodista Carmen Aristegui, quien puso en descubierto un caso de presunta corrupción que involucraba a altas autoridades en la compra de una lujosa casa utilizada por el Presidente de la República. Luego de esa y otras investigaciones, la periodista y su equipo fueron cesados por la empresa concesionaria de la emisora con la que mantenían un contrato, incluso cuando las mediciones indicaban que su programa tenía una alta audiencia. La empresa MVS alegó que Aristegui y su equipo habían utilizado la imagen y la marca de la empresa para fines no autorizados, en ocasión de adherir a la plataforma Mexicoleaks, destinada a conseguir información de fuentes confidenciales”.
En su informe, la CIDH indica que “en el contexto de impunidad generalizada que existe, los crímenes contra periodistas no son la excepción”.
“En un contexto de constantes agresiones a la prensa transmiten el erróneo mensaje de lainexistencia de sanciones para quien agrede a la prensa, dejando desprotegidos a periodistas y comunicadores”, sentencia.
Y establece que “los actos de violencia e intimidación que sufren los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, constituye el principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión en México”.
Refiere que en muchos casos los periodistas optan por la autocensura.
Y subraya: “La Comisión ha señalado que la violencia contra periodistas o trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación que se comete a causa del ejercicio de su profesión, no solo afecta la voz de estas personas, en particular al violar su derecho a la libertad de expresión, sino que vulnera el derecho de las sociedades en general a buscar y recibir todo tipo de información e ideas de manera pacífica y libre”.
Ver informe a partir de la página 173
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