La "censura indirecta" se aplica para desplazar a voces importantes del espacio público, dijo Lanza en entrevista para CNN.
Uno de los casos más “sonados” en México durante 2015 fue la salida de la periodista Carmen Aristegui y su equipo de la radio mexicana, indicó Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Tu despido, el despido de tu equipo, la rescisión intempestiva del contrato con la emisora donde estabas al aire en la Ciudad de México, eso lo consideramos uno de los casos emblemáticos donde podrían haber elementos decensura indirecta o censura sutil para desplazar a voces importantes del espacio público”, indicó en entrevista para Aristegui CNN, donde abordó el informe de la CIDH sobre la Situación de derechos humanos en México, el cual tiene un apartado sobre la libertad de expresión en el país.
El documento de la CIDH aborda “ataques contra la libertad de expresión”, como asesinatos, agresiones y detenciones de periodistas, pero apunta que hay más que eso, como el caso Aristegui:
“En el 2015, se presentaron otro tipo de afectaciones a la prensa que permiten observar la existencia de un contexto complejo para el ejercicio periodístico, no solo por el riesgo de agresiones y amenazas sino también por episodios como el ocurrido con la periodista Carmen Aristegui, quien puso en descubierto un caso de presunta corrupción que involucraba a altas autoridades en la compra de una lujosa casa utilizada por el Presidente de la República. Luego de esa y otras investigaciones, la periodista y su equipo fueron cesados por la empresa concesionaria de la emisora con la que mantenían un contrato, incluso cuando las mediciones indicaban que su programa tenía una alta audiencia. La empresa MVS alegó que Aristegui y su equipo habían utilizado la imagen y la marca de la empresa para fines no autorizados, en ocasión de adherir a la plataforma Mexicoleaks, destinada a conseguir información de fuentes confidenciales”.
¿Cómo se hizo el informe de la CIDH?
Lanza precisó que el informe “se basa no sólo en monitoreo permanente, sino de la información que recibimos del Estado, de la sociedad civil, de los periodistas, de las organizaciones sociales, familiares de las propias víctimas durante nuestra visita in loco (en el lugar) el año pasado”.
En lo respectivo a la libertad de expresión “se acotó a lo que tiene que ver con la violencia en México, generada por distintos factores y cómo eso impacta en la libertad de expresión. Esto tiene un dramático saldo de asesinatos, de agresiones, desapariciones, y otro tipo de ataques contra periodistas y medios de comunicación”.
También “monitoreamos cómo está funcionando el mecanismo de protección para periodistas, defensores de derechos humanos, y sobre todo la situación de impunidad de estos crímenes que refuerzan este círculo de violencia. Las cifras oficiales hablan al año 2013 de un 90% de impunidad de estos casos, y particularmente notamos deficiencias importantes en la procuración de justicia, en la identificación de los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, lo cual es uno de los factores que determina que esta situación se siga produciendo y no tenga fin”.
México, el más problemático
“México es uno de los lugares más complicados, el más problemático para ejercer el periodismo en América, esta situación no se ha detenido en los últimos años. Este año precisamente que no está dentro del informe, ya tenemos que lamentar otros tres asesinatos, por lo tanto ese es nuestro foco”, aseveró.
Recordó que “entre 2000 y 2015, las propias cifras oficiales, tanto de la Comisión de Derechos Humanos, como la Fiscalía Especializada en Crímenes contra la Libertad de Expresión, nos hablan de entre 103 y 107 asesinatos de periodistas registrados. En los últimos cinco años la propia relatoría ha registrado 55 asesinatos, a eso hay que sumar 20 desaparecidos y decenas de agresiones que tiene que ver con secuestros, ataques, ciberataques, que registramos anualmente”.
Indicó que “una de las necesidades que tiene México es mapear y generar estadísticas claras y transparentes sobre estas situaciones y a partir de ahí generar patrones para la investigación”.
La impunidad
Respecto a la impunidad señaló que “a veces se encuentra a los sicarios, a los autores materiales, quienes son contratados para la lamentable tarea, que es la peor forma de censura que puede darse en una sociedad. Hay un tema muy importante para actuar,hacemos un hincapié muy fuerte en la falta de coordinación que hay entre la procuración de justicia, la fiscalía a nivel federal, y la fiscalía a nivel estatal, somos críticos del papel que ha jugado la Fiscalía Especializada sobre Crímenes para la Libertad de Expresión”.
Lo anterior se debe a que dicha fiscalía “fue creada, eso es una cosa buena, a partir de las propias recomendaciones que en el pasado hizo la Relatoría para la Libertad de Expresión y otros organismos internacionales, también se aprobaron leyes a nivel federal para mover los obstáculos y que la fiscalía pueda atraer los casos que ocurren en las regiones… pero esta fiscalía ha atraído muy pocos casos y ha resuelto muy pocos de esos casos, en realidad casi ninguno sobre los temas que tienen que ver con los autores intelectuales”.
“Eso es, a juicio nuestro, porque a veces la propia fiscalía se pone obstáculos para investigar, y en otras ocasiones hay algunos tipos de conflictos de voluntad”.
Avances, recomendaciones y molestia
“México ha avanzado en instituciones para garantizar el derecho al acceso a la información pública a través de una serie de formas, primero la ley de acceso a la información, ahora un sistema nacional de acceso a la información pública, y la creación primero del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y luego su transformación a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lo cual es positivo para las garantías de este derecho”.
Sin embargo “en el punto vinculado a la información relativa a la guerra contra el narcotráfico, encontramos que las agencias de seguridad de orden militar no están registrando y proporcionando información sobre los episodios de combate, las muertes que ocurren en estas instancias, eso es uno de los puntos”.
Consideró que hasta ahora las las recomendaciones de la CIDH “han servido para que México avanzara en muchos campos como acceso a la información pública, mecanismos de protección para periodistas”.
Sin embargo, del último documento, las autoridades mexicanas reaccionaron con molestia, por lo que podría complicarse otra vista al país; sin embargo Lanza dijo que es “optimista”, y agregó que “lo que hemos realizado es documentar hechos, documentar informes y opiniones de las propias entidades públicas, y la sociedad civil; el contacto directo con los actores en este trabajo, y generar recomendaciones como se ha hecho a lo largo de los años”.
“Trabajamos estrechamente con los organismos del Estado… no habría razones para que no lo hiciéramos (la visita) de manera oficial”, adelantó sobre su trabajo este año.
No hay comentarios:
Publicar un comentario