CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mayoría de la gente no lo sabe, porque al gobierno le conviene, pero Joaquín El Chapo Guzmán no es narcotraficante. Y nunca lo ha sido.
Jurídicamente, El Chapo Guzmán nunca ha sido sentenciado en México por delitos contra la salud.
Es más, en más de dos décadas ha recibido 20 sentencias absolutorias en acusaciones de delincuencia organizada, tráfico de mariguana y cocaína, homicidios y portación de arma reservada a las Fuerzas Armadas.
Hoy El Chapo Guzmán Loera tiene, además de dos procesos de extradición, 10 procesos penales abiertos, pero hasta ahora en ninguno se le puede considerar –en definitiva– como narcotraficante.
A casi un cuarto de siglo, los gobiernos de Carlos Salinas (PRI), Ernesto Zedillo (PRI), Vicente Fox (PAN), Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI) han sido incapaces de acreditar, ante el Poder Judicial, que El Chapo es narcotraficante.
La información es en sí misma de escándalo y la obtuvo Jorge Carrasco, reportero de Proceso, en una amplia consulta en los registros judiciales, en los que consta que El Chapo ha sorteado en los tribunales las acusaciones de narcotráfico, pese a que, en México y Estados Unidos, es sabida su actividad criminal como jefe del Cártel de Sinaloa.
Como lo acredita Carrasco en la edición del semanario de la semana pasada, después de la primera fuga de El Chapo del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001, al inicio del gobierno de Fox, prácticamente no volvió a ser molestado ni por la vía judicial.
No podía ser de otro modo: Fox dejó ir a El Chapo deliberadamente.
Calderón tampoco se afanó en una sólida persecución legal, y hasta mediados de su sexenio, apenas lo consignó por cargos que tampoco pudo acreditar. Uno de sus acusadores fue el entonces procurador Eduardo Medina Mora, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El propio Calderón, como ha sido probado, encargó al general Mario Arturo Acosta Chaparro reunirse con El Chapo y otros narcos para disminuir la violencia.
Y el gobierno de Peña, que recapturó al capo en febrero de 2014 después de 13 años y lo reaprehendió en enero pasado a medio año de fugarse por segunda vez del penal mexiquense del Altiplano, tampoco ha logrado una sentencia firme en su contra como narcotraficante.
¿Cómo es que cinco gobiernos del PRI y del PAN no han sido capaces de probar ante los tribunales la conducta criminal de Joaquín El Chapo Guzmán? ¿Ha sido –y es– por ineptitud o corrupción, o por ambas? Los grandilocuentes discursos de aplicar todo el peso de la ley contra quien delinque han sido sólo demagogia.
Y, a la luz de esta inoperancia contra un criminal de la talla de El Chapo –y de otros que siguen fugitivos como Ismael El Mayo Zambada y Juan José El Azul Esparragoza, cobra sentido el pacto de impunidad al más alto nivel del Estado para que no pase nada.
En medio de tantas complicidades, del mundo criminal imbricado con el político y el económico, no son increíbles las acusaciones de la hija de El Chapo, Rosa Isela Guzmán, contra el gobierno de Peña por un supuesto pacto a cambio de financiamiento político-electoral.
“Por lo que corresponde al gobierno de la República, ni treguas ni alianzas ni pactos con el crimen. Los hechos así lo demuestran”, aseguró el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, a nombre de Peña.
Nadie les cree nada…
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado
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