Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la nueva Ley General de Aguas, la cual ha sido calificada por organizaciones civiles como un intento gubernamental para privatizar el recurso y favorecer el uso de agua en la técnica del fracking para extracción de shale gas, y con beneficios adicionales para empresas comercializadoras y hasta constructoras.
Las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y Agua Potable y Alcantarillado aprobaron con 31 votos de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM), un dictamen que nunca fue consensuado con las organizaciones de la sociedad civil.
Cabe mencionar que no se registraron votos en contra ni abstenciones porque los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), abandonaron la sesión con el argumento de que no podían convalidar este despojo a los mexicanos.
“Muchos pensaban que lo peor que el PRI podía hacer era mandar a Carmen Salinas de plurinominal, pero de verdad es 100 veces peor lo que están haciendo aquí. Carmen Salinas es una niña de pecho comparada con lo que ustedes están haciendo en esta Cámara de Diputados el día de hoy”, afirmó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena.
Uno de los que abandonó la sesión fue el propio presidente de la Comisión de recursos Hidráulicos, el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa.
Los legisladores denunciaron que el dictamen aprobado este miércoles no fue elaborado por los legisladores, sino que fue enviado directamente desde las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
También acusaron un albazo de parte del PRI y del PAN, porque el dictamen fue distribuido a los legisladores de oposición apenas dos horas antes de que iniciara la reunión de las comisiones unidas.
Más importante aún, el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que el dictamen “pretende concesionar los trasvases (infraestructura para desviar agua de una cuenca a otra) a compañías privilegiadas del sexenio peñista, como grupo HIGA, en detrimento de los derechos preferentes de los pueblos y comunidades indígenas, como es el caso del pueblo Yaqui [en Sonora] y el Acueducto Independencia [en Monterrey, Nuevo León]”.
ACUSAN PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
Los diputados de oposición rechazaron la nueva Ley General de Aguas, la cual acusaron de ser privatizadora, donde desaparece de facto el derecho humano al agua al considerarlo una mercancía.
La Diputada perredista Aleida Alavez aseguró que el dictamen elimina el ámbito de la asignación (sólo se queda para suministro de agua potable) y se sustituye por el de concesión, lo que implica que todo el proceso de gestión y administración del agua podrá privatizarse por la vía de la concesión por 30 años.
“No podemos permitir que la iniciativa privada controle a quién se le da el vital líquido, de acuerdo a su situación económica”, afirmó la también vicepresidenta de la Cámara de Diputados.
La oposición detalló que no se incluyeron 10 puntos básicos que eran demandas de diversas organizaciones de la sociedad civil y defensoras de pueblos originarios:
* Reconocimiento de los derechos preferentes sobre el agua que tienen los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.
*Garantizar la participación social amplia en todos los órganos y organismos de administración y gestión del agua.
*Garantizar el derecho humano al agua y sus mecanismos de exigibilidad.
*Contar con una política pública amplia e instrumentos de aplicación adecuados.
*Establecer las áreas de importancia sociohídricoambiental, particularmente la protección de los humedales.
*Incluir los dictámenes de impacto sociohídrico para obras y actividades hidráulicas, así como las evaluaciones de costo-beneficio sociohídricoambiental.
*Garantizar presupuesto anual destinado a la gestión y administración del agua, equivalente al 0.7% del PIB y 5% del presupuesto anual.
*Incluir el régimen de asignaciones aún vigente y limitar el régimen de concesiones.
*Prohibir las transferencias y otorgarlas sólo por cinco años prorrogables de acuerdo con la disponibilidad del agua y condiciones ambientales del entorno y cuando exista estrés hídrico se cancelarán las concesiones y permisos.
*Crear la Procuraduría de Justicia Hídrica y la Contraloría Social, así como evitar que la Conagua tenga más atribuciones que las que debe tener un órgano desconcentrado.
El dictamen aprobado por unanimidad fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y se espera que sea discutido y aprobado este jueves en la sesión del Pleno de San Lázaro.
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