CIUDAD DE MEXICO (apro).- “Pecadores sí, corruptos jamás”, exclamó el Papa Francisco en la homilía de la misa que celebró en El Vaticano el viernes 29 de enero, exactamente dos semanas antes de iniciar su visita pastoral a México, un país capturado por la corrupción que nace en la cúspide del Estado que encabeza Enrique Peña Nieto.
En esa homilía, en la capilla de la Casa de Santa Marta, como lo expone también en el libro El Nombre de Dios es Misericordia, del vaticanista Andrea Tornielli, el Papa afirmó que los corruptos no sienten, a diferencia de otros pecadores, la necesidad de pedir perdón, porque les basta el poder sobre el que se basa su corrupción:
“Hay que hacer una diferencia entre el pecador y el corrupto. El primero reconoce con humildad ser pecador y pide continuamente el perdón para poderse levantar, mientras que el corrupto es elevado a sistema, se convierte en un hábito mental, en un modo de vida”.
Más allá de los matices entre lo espiritual y lo terrenal, la corrupción es uno de los temas que ha marcado el pontificado de Jorge Mario Bergoglio, el religioso argentino que está sacudiendo las estructuras de la iglesia católica, y no podría omitirla si su anfitrión en México la simboliza y sobre todo si anida en las estructuras del poder político, económico, mediático y eclesiástico.
No es casual que en víspera de la visita del Papa, prevista para este viernes 12, Peña remueva al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, involucrado en el escándalo de corrupción de la trasnacional española OHL, de la que fue uno de sus principales consejeros y operadores.
Pero esta noticia, que parecería buena, en realidad es nociva: A Lozoya lo sustituye José Antonio González Anaya, concuño de Carlos Salinas, casado con Gabriela Girard Rivero, hermana de Hipólito, cuya empresa Constructora y Edificadora GIA+A tiene jugosos contratos de obra y concesiones carreteras, hospitalarias y hasta de cárceles.
Otro cuñado de Carlos Salinas y del nuevo director de Pemex, Jerónimo Marcos, está al frente de la empresa que administra fideicomisos para fondear, entre otros polémicos contratistas, al tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista favorito de Peña Nieto, constructor y financiero de la Casa Blanca, propiedad de Angélica Rivera.
GIA+A, no hay que olvidarlo, era parte del grupo empresarial encabezado por China Railway Construction Limited que ganó la licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro que antes de su cancelación preveía una inversión por 50 mil 820 millones de pesos y que involucraba también a la Constructora Teya, de Hinojosa Cantú.
Hinojosa Cantú también vendió una residencia al secretario de Hacienda Luis Videgaray en Malinalco, Estado de México, en otra turbia operación financiera, con el sello de la corrupción del gobierno de Peña.
Y justo a unos días de la visita del papa Francisco a México, el semanario Proceso publica en su edición de esta semana, junto con el portal Aristegui Noticias, una maciza investigación de Jenaro Villamil sobre otro emblemático acto de corrupción al más alto nivel político y eclesiástico: La fraudulenta boda de Peña y La Gaviota.
En la maquinación para anular el primer matrimonio de Rivera interviene el poder político con Peña como gobernador del Estado de México, el mediático con Televisa y el eclesiástico con el cardenal Norberto Rivera, capaces de todo para consolidar el proyecto de corrupto y corruptor que se instaló en México en 2012.
En este contexto está en curso una idea de ciudadanos para que la iniciativa 3 de 3 se convierta en una iniciativa de ley ciudadana y los servidores públicos obligación jurídica –no simple buena voluntad– de presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
El siguiente paso es reunir 120 mil firmas para materializar este esfuerzo que, aunque parece fácil por su cantidad, es clave para la otra etapa: Que el Congreso procese, sin regateos, esta iniciativa ciudadana que, al margen de ideologías, es una herramienta para combatir la principal enfermedad nacional de México…
Apuntes
La llegada de González Anaya a Pemex fortalece al presidenciable José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social, precisamente el encargado de comprar como secretario de Hacienda de Felipe Calderón el avión que costará a los mexicanos 7 mil 500 millones de pesos y que a Peña le urge estrenar…
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado
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