TOLUCA, Edomex. (proceso.com.mx).- El escultor Jesús Nonato y su familia tuvieron la mala fortuna de caminar, como un día normal, en las calles de Metepec y atravesarse, sin proponérselo, entre la camioneta blanca de Isael Montoya, titular de la Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (Igispem), y dos autos negros de los cuatro guaruras que lo custodiaban.
Familiares y testigos indicaron que el pasado día 5, aproximadamente a las 17:00 horas, la familia del artista atravesó Paseo San Isidro, casi esquina Galeana, entre la camioneta blanca del director del Igispem y los dos autos negros de sus guardaespaldas.
Este hecho molestó a los custodios, quienes agredieron verbalmente a los transeúntes provocando su reacción también con palabras altisonantes.
Los guaruras descendieran de sus vehículos, dos de ellos con armas de cargo, y auxiliados de ellas pusieron a los transeúntes contra la pared, dispararon e hirieron en el pie a uno de ellos y en el brazo a otro.
Mientras los tenían sometidos, prestos, arribaron policías estatales para remitir a Nonato Barrón, tres de sus primos y la esposa de uno de ellos a la Subprocuraduría de Metepec.
Por intentar defenderlos, la mujer fue acusada de alterar el orden público, pero liberada tras pagar una fianza.
A los hombres, primero los retuvieron durante cinco horas, acusados de organización delictiva en su modalidad de robo de vehículos.
Después, fueron remitidos al penal de Santiaguito por agresiones e intento de robo de vehículo.
La tarde de este domingo se celebrará la audiencia en la que el juez de control determinará si se les vincula o no a proceso, mientras familiares y la comunidad intelectual de Toluca demandan al gobernador Eruviel Ávila se revise su caso y se haga justicia.
Jesús Nonato es un artista oriundo de Metepec, especializado en mármol, con exposiciones internacionales. Actualmente varias de sus obras se exhiben en el Centro Cultural Mexiquense.
En tanto, la Igispem es la dependencia creada para investigar y sancionar las malas conductas de los servidores de las áreas de seguridad pública, procuración de justicia y readaptación social.
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