MÉXICO, DF, (apro).- Ante la primera intervención directa de Naciones Unidas para esclarecer casos de desaparición, el director de I(dh)eAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, sostuvo que el gobierno de Enrique Peña Nieto está obligado a cumplir la recomendaciones de búsqueda exhaustiva y castigo a los responsables.
En su edición 2030, Proceso dio a conocer la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, en el sentido de admitir la solicitud de intervención en 147 casos ocurridos en Iguala de 2009 a 2014, de los cuales, por razones de competencia temporal, sólo aceptó tramitar 143, fijándose el 3 de noviembre como plazo para que el Estado mexicano informe sobre los primeros 27 expedientes de desaparición, ocurridos el año pasado.
Al señalar que, en el resto de los casos, el CED los agrupó por años (2013, 2012 y 2011) y que próximamente solicitará respuesta del gobierno mexicano, el abogado Gutiérrez Contreras recordó que la solicitud enviada el 2 de septiembre fue firmada por las organizaciones “Los Otros Desaparecidos de Iguala”, la Comisión Mexicana de Defensa u Promoción de Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y Red Nacional de Enlaces de Personas Desaparecidas.
A más de una semana de que el presidente del CED, Emmanuel Decaux, solicitara información de las primeras 27 víctimas, cuyos familiares son integrantes de “Los Otros Desaparecidos de Iguala”, el director de I(dh)eas apuntó que el gobierno de Peña Nieto tendrá que dar explicaciones sobre la ausencia de investigaciones judiciales.
“Todos los casos de la solicitud original tienen averiguaciones previas abiertas –explicó–, las últimas integradas hace cinco o seis meses ante la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, pero de acuerdo con la información a la que han tenido acceso los familiares, es que no ha habido ninguna sola acción de búsqueda e investigación de los hechos”.
Luego contó que el año pasado, después de que personal de la PGR acudió a Iguala para investigar la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el descubrimiento de fosas clandestinas con restos humanos, “familiares decidieron denunciar, aunque muchos casos no han sido denunciados porque había mucho temor y desconfianza de las autoridades del estado de Guerrero, por la corrupción existente y los vínculos entre autoridades estatales con la delincuencia organizada”.
En la carta firmada por Decaux y enviada al Estado mexicano se pide “tomar de inmediato las medidas que sean necesarias para investigar la suerte y el paradero de cada una de las personas desaparecidas” (las 27 incluidas en esta primera comunicación), protegerlas, liberarlas y entregarlas a sus familiares y representantes y, en caso de que “el paradero de alguna de estas personas no pueda ser aclarado”, informar al CED sobre las acciones gubernamentales y sus resultados.
Gutiérrez Contreras resaltó que el CED “ordena la protección a 13 personas que están encargadas de la búsqueda de fosas comunes, y también ordena que se garantice y se preserven los restos que se han encontrado en Iguala”.
Para el abogado, en el reconocimiento del esfuerzo de familiares en la búsqueda de fosas, “implica que para el CED está claro que en trance hay una total ausencia del Estado, que está rebasado, tan es así que son los familiares quienes han tomado la iniciativa de salir a los cerros a buscar a sus seres queridos”.
En el documento, el órgano de la ONU otorgó medidas cautelares para 13 personas con el fin de que puedan “seguir con sus actividades investigativas en plena seguridad”, y pidió al Estado resguardar los lugares donde podrían encontrarse “fosas comunes o restos humanos (…) para realizar las excavaciones y exhumaciones en estos lugares de conformidad con los estándares internacionales aplicables en la materia, incluyendo los protocolos de Estambul y de Minnesota”.
Juan Carlos Gutiérrez resaltó que aunque el Estado mexicano se ha negado a reconocer la “competencia del CED para conocer casos individuales”, no podrá evitar informar sobre los casos presentados por las organizaciones y los familiares de “Los Otros Desaparecidos de Iguala”, debido a que este “órgano especializado en desaparición tiene competencia para solicitar información y emitir medidas cautelares en casos graves, en casos en que no hay ninguna acción en materia de búsqueda e identificación, ni siquiera de protección en los familiares que se han tenido que abocar a realizar la búsqueda”.
El abogado explicó que las familias de las víctimas decidieron “explorar nuevas vías de llegar a la justicia, no sólo a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tomó el caso de los 43 normalistas, y puede tener un gran impacto a nivel internacional que la ONU entre a Iguala a analizar la situación de Los Otros Desaparecidos”.
Gutiérrez Contreras puntualizó que con la mirada de la ONU y la CIDH en Iguala, el gobierno de Peña Nieto está “obligado a responder a sus compromisos internacionales, en el caso concreto del CED, México firmó y ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ha ido a Ginebra a dar cuentas a nivel general sobre la situación, ahora va a tener que explicar las acciones concretas sobre casos concretos, que serán evaluados por el Comité”.
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