Nunca un presidente de la República había sido tan vapuleado desde los organismos de derechos humanos. Todos los comisionados que vinieron se fueron después de hacer fuertes reclamos. Otros recibieron al gobierno y a éste no le fue tampoco bien. Para completar el cuadro, el Departamento de Estado del vecino del norte ha dicho a las claras que no pudo acreditar ante el Congreso de su país que se estuviera mejorando el respeto a los derechos humanos en México, por lo cual no había podido obtener la autorización para ejercer unos cinco millones de dólares para el actual año fiscal estadounidense. El gobierno de México declaró que no admitía calificaciones extranjeras pero no explicó que ya las había aceptado cuando firmó la Iniciativa Mérida y después la mantuvo vigente. Nomás le falto a Peña que se le acercara un can con propósitos nada edificantes.
Más allá de las incomodidades del gobierno mexicano, la cuestión estriba en la situación de los derechos humanos en el país. Una sucesión de hechos indica que el gobierno no sólo viola tales derechos sino que deja de cumplir con sus obligaciones para proteger a la gente, las cuales son elementos básicos de toda función gubernamental.
Uno de los voceros del gobierno, Campa Cifrián, ha dicho que la Procuraduría General de la República es la encargada de todo lo relacionado con el caso Iguala. Lo dijo como una forma de no dar importancia al hecho de que la Seido ya no seguirá con las pesquisas sino otra subprocuraduría, justamente la que tiene a su cargo el respeto a los derechos humanos. Pero el punto no estriba en esto. Campa se equivoca. El problema es que la policía que depende de la Secretaría de Gobernación no es interlocutor de nada relacionado con la violencia ni la crisis de derechos humanos en el país, a pesar de que la Constitución le permite investigar los delitos. ¿Dónde está la policía? La verdad es que no existe sino para vigilar, para patrullar, para perseguir delitos en flagrancia. México no tiene policía, esa es la verdad.
En tanto esta situación siga igual, la PGR no podrá hacer nada pues carece de fuerza, sólo tiene unos abogados en funciones de fiscales y unos investigadores que jamás podrán abarcar la función policial en toda su dimensión.
Mientras que Peña es señalado dentro y fuera del país como un presidente incapaz de brindar garantías y proteger los derechos humanos de la población mexicana, la policía a su cargo directo se esconde, no da la cara, es como un turista que se pasea por la Costera de Acapulco pero es incapaz de averiguar los asesinatos, secuestros y extorsiones que ocurren a dos cuadras de su perímetro de vigilancia. Lo mismo ocurre en todas las ciudades y zonas rurales.
La Policía Federal ha sido un fracaso rotundo. Si se debe perseguir a Guzmán Loera, es la DEA la que le localiza y la Armada la que le persigue sin éxito, quizá porque alguien le avisó antes. La policía federal y el comisionado de seguridad ni siquiera sabían que el tal Chapo era perseguido cuando la prensa de Estados Unidos ya había informado al mundo, no sólo de la persecución sino de la nueva evasión y de las lesiones del perseguido. Todo es una vergüenza.
Por todo esto y más se ha producido una lluvia de acusaciones y reclamaciones contra Peña Nieto en todo el ámbito de la lucha a favor de los derechos humanos. Por eso también mucha gente dentro de México espera alguna definición gubernamental al respecto. Pero nada. No hay ningún plan nuevo sino un seguir en las inercias y justificaciones. Cuando se le pregunta al gobierno mexicano cuándo retirará al Ejército y la Armada de la lucha contra los narcotraficantes la respuesta es sencillamente que nunca porque no se le ve final a la crisis de violencia que azota al país. Pero Peña Nieto no intenta una explicación al respecto. En realidad, en lugar de tratar de dar alguna satisfacción a sus interlocutores en Washington y Nueva York, lo que tampoco hace bien, Peña debería ofrecer exactos razonamientos a los mexicanos y mexicanas que, dígase lo que se diga, viven la crisis de violencia como si la sintieran en carne propia por la sencilla circunstancia de que cualquiera puede ser víctima.
Sí, le ha llovido a Peña. El mayor problema sin embargo es que él ni siquiera lo siente. Sigue exactamente igual que antes.
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