Borge nombra a implicado en detención ilegal de Lydia Cacho como Jefe de la Policía en Cancún
Jaime Alberto Ongay en la toma de posesión como Jefe de la Policía de Benito Juárez, Cancún. Foto: Por Esto!
Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– El Gobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, nombró a Jaime Alberto Ongay Ortiz, uno de los involucrados en la detención arbitraria de la periodista Lydia Cacho, el 16 de diciembre de 2005, como Jefe de la Policía en el municipio de Benito Juárez, Cancún.
De acuerdo con el diario PorEsto!, el pasado 30 de julio, el mandatario estatal ordenó separar de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (SMSPyT) al capitán Arturo Olivares Mendiola, a quien se le acusa de brindar protección al Cártel del Golfo, desde su anterior cargo de jefe de la Policía Judicial del Estado en la zona norte de Quintana Roo.
En un acto cívico, Jaime Alberto Ongay Ortiz se presentó ante el personal de Seguridad Pública Municipal, tras recibir el mando de manos del capitán Arturo Olivares Mendiola, quien ahora será el nuevo subsecretario de la Coordinación de las Policías Municipales en la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo.
“Vengo con la mejor de las intenciones, con el mejor de los esfuerzos para laborar con ustedes, unirme con este equipo de trabajo que está día con día dando resultados y para eso estoy aquí, para unirme a una maquinaria que está funcionando y yo vengo hacer parte de ella”, dijo Ongay Ortiz ante los elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública.
El nuevo responsable de la seguridad en Benito Juárez se presentó ante los mandos y elementos, al tiempo de manifestarles su beneplácito por esta encomienda.
El diario Noticaribe señala que Ongay estuvo involucrado en la detención de Lydia Cacho el 16 de diciembre de 2005.
En ese año, integrantes de la Policía Judicial del estado de Puebla, en contubernio con elementos de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, detuvieron a la periodista en la ciudad en Cancún sin estar legalmente habilitados para ello.
Durante el traslado de Quintana Roo a Puebla, Cacho estuvo incomunicada y fue torturada. A la periodista se le acusó de difamar en su libro Los demonios del edén al empresario de Puebla, Kamel Nacif, quien presuntamente tenía nexos con una red de pederastas.
Después de 20 horas de detención en Puebla, la también activista fue liberada al depositar una fianza de 6 mil dólares, aunque posteriormente un juez del Distrito Federal la absolvió.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual concluyó que existió una complicidad de autoridades de los gobiernos de los estados de Puebla y Quintana Roo para vulnerar los derechos fundamentales de Lydia María Cacho Ribeiro.
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