Tras la segunda fuga del Chapo Guzmán, el gobierno federal parece empeñado en enterrar la atención pública en el túnel que supuestamente utilizó el capo. Pero una investigación iniciada antes del escape con base en decenas de entrevistas a abogados y familiares de presos, personal penitenciario y exdirectivos de penales de máxima seguridad, revela que es imposible construir un túnel o salir de cualquier otra forma sin la complicidad de autoridades del más alto nivel. Esa información señala también a los actores que, dentro y fuera del penal, dejaron vía libre al Chapo Guzmán.
A las nueve de la noche del sábado 11, los presos del módulo de Tratamientos Especiales del penal de máxima seguridad del Altiplano fueron despertados violentamente por los guardias, que los sacaron de sus celdas, los desnudaron y les echaron encima a los perros. Los animales les olisquearon cada centímetro mientras los custodios registraban las celdas. Era una práctica común en cualquier día, en cualquier momento y sin aviso. Pero en la madrugada se enteraron de la fuga del preso 3578, ubicado en la celda 20: Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
El gobierno federal le informó a una comisión del Congreso que la alerta de fuga se dio en 15 minutos; sin embargo abogados y familiares de internos, entrevistados por Proceso, señalan que demoró varios minutos más. Reos de los módulos 4 y 5 comentan que a las 9:30 de la noche aún podían hacer las llamadas telefónicas reglamentarias. Aproximadamente una hora después corrió el rumor de que El Chapo había muerto. Se escuchaba mucho movimiento. A la media noche los internos escucharon que el primer helicóptero sobrevolaba la zona.
Uno de los presos más sorprendidos del módulo de Tratamientos Especiales fue Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, quien había regresado a ese penal tres meses antes, como resultado de una batalla de amparos, pues fue trasladado a la prisión federal de Puente Grande cuando El Chapo llegó al Altiplano.
La corrupción ya predominaba en ese penal y crecía. Por eso Treviño Morales peleó por volver. Existen datos sobre el deterioro en la seguridad del penal desde 2010, pero a raíz de la llegada del Z-40 en 2013 y del Chapo en 2014, la corrupción escaló a niveles de escándalo.
Todo esto ante la impasibilidad de los operadores del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el presidio, de los efectivos de la Policía Federal (PF), cuya División de Inteligencia es la responsable de manejar las cámaras y los micrófonos, así como de pasar lista a los reos.
Igual actitud mostró el personal del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (ODPRS), responsable de los penales federales, y de la Dirección General de Políticas y Desarrollo Penitenciario, ambos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Todas estas instancias dependen de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, y el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda.
En una investigación que inició antes de la fuga del Chapo, este semanario confirmó con testimonios de empleados, abogados y familiares de internos, que el consumo de droga y la corrupción en el penal del Altiplano era tal, que pese a los supuestos dispositivos para inhibir las señales telefónicas, en los módulos funcionaban aparatos celulares.
Por 150 mil pesos se podía comprar un celular “encajuelado”, es decir, introducido por un preso en su recto, envuelto en una bolsa de plástico. Quienes no alcanzaban ese privilegio tenían que pagar 25 mil pesos por una llamada y 10 mil por un mensaje de texto; el caso era que los capos pueden seguir manejando sus negocios delictivos desde la prisión.
El narcotraficante Gerardo Álvarez, El Indio, presume de tener en su nómina a la mitad del penal, principalmente directivos y custodios.
Y durante los siete meses que estuvo preso ahí El Z-40 era el amo. Así como pagaba a los abogados de los zetas presos, también hacía que sus defensores y operadores depositaran dinero para otros internos. Muchos de ellos, olvidados por sus familias, podían así comprar jabón, galletas, agua embotellada, papel de baño y otros productos. Los convirtió en sus incondicionales.
Ejercía el mando con dinero y una fuerte campaña de intimidación, que incluyó el asesinato del testigo protegido de la PGR con la clave Karen en las plazas Outlet Lerma, en las inmediaciones de Toluca. El propio Treviño Morales divulgó en la prisión que dio esa orden para mostrar su poder y dar un escarmiento (Proceso 2017).
Sin embargo, ni El Indio ni El Z-40 lograron escapar de esos muros. Para salir de ese penal corrupto se requería de otro nivel de complicidad.
En julio de 2014 y febrero de 2015 Guzmán Loera había vulnerado los esquemas de seguridad en el penal del Altiplano, como lo hizo en el de Puente Grande antes de su primera “fuga” (Proceso 1968, 1969 y 2000).
Fuentes del reclusorio federal afirman que, tras la recaptura de Guzmán Loera, el presidente Enrique Peña Nieto dio instrucciones para poner ahí otro círculo de seguridad a cargo del Ejército y con vigilancia permanente del Cisen. De acuerdo con la información recabada, ninguna de esas instancias hizo su trabajo. El Chapo pudo huir gracias a funcionarios del gobierno federal dentro y fuera del penal, y con el apoyo de Ismael Zambada García, El Mayo, quien nunca dejó de ser su aliado e incluso fue el responsable de enviar al grupo de abogados encabezado por Oscar Gómez para atender todas sus necesidades. Gómez también fue abogado de su hijo, Vicente Zambada.
“Todo se escucha y todo se ve”, comenta sobre el sistema de seguridad del Altiplano un exfuncionario de alto nivel en el área de penales federales.
Los responsables de la “fuga”
Antes del segundo escape del Chapo algunos funcionarios tenían información sobre sus actos corruptores y por lo tanto la tarea de darle seguimiento. Sin embargo, permitieron que su poder en la prisión siguiera aumentando. Uno de ellos es Ramón Pequeño García, quien era jefe de la División de Inteligencia de la PF.
Él era el responsable de las cámaras de seguridad y micrófonos, que se ubican en el centro de control y en las celdas, incluida por supuesto la de Guzmán Loera.
Un exfuncionario de alto nivel del sistema penitenciario federal, quien pidió el anonimato por precaución, explica que todas las cárceles de alta seguridad en México tienen un esquema de redundancia para “vigilar al que vigila” en caso de corrupción. La celda de Guzmán Loera no sólo era monitoreada en el centro de control del Altiplano, sino a través de Plataforma México por el equipo de Pequeño García.
En el video difundido por Gobernación es evidente la conducta irregular del Chapo al meterse en el área de regadera en horas prohibidas, vestido y con zapatos. Si el policía federal en el Altiplano no lo vio –argumenta la fuente–, en la Plataforma México hay otro equipo monitoreando que debió haberlo detectado. De lo contrario, dice, hay una clara complicidad.
Asimismo, los pases de lista le corresponden a la PF. El último es a las nueve de la noche, y los llamados “delfines” o “corzos” –elementos de la división de Pequeño García– están en todos los pasillos desde las 8:15.
Pequeño García es uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y fue acusado con su equipo de recibir pagos del crimen organizado, particularmente del Cartel de Sinaloa y sus aliados.
En noviembre de 2012 Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, quien fuera aliado del cartel de Sinaloa por muchos años y luego de los Beltrán Leyva, denunció que él personalmente y otras organizaciones criminales pagaron sobornos a Pequeño García. Pero éste fue despedido apenas el martes 14, tras el escape de Guzmán Loera.
Sólo su equipo tenía acceso al Centro de Control del penal, y pese a que hay sistemas de videovigilancia y grabación de audio, ninguno dio pie a medidas preventivas, aun cuando había señales de que el capo había corrompido a todo el penal. Menos aún fueron eficaces el día en que el famoso recluso se fue de la cárcel.
En el Altiplano la PF graba las conversaciones de los internos con sus familiares y con los abogados. Esta reportera tiene transcripciones de las pláticas de Alfredo Beltrán Leyva con uno de sus abogados, en los que se queja de la poca actividad de su otro defensor, Américo Delgado, quien fue ejecutado en Toluca en 2009.
Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad, fue subsecretario de la SSP cuando García Luna era el titular. Pequeño García entregaba un reporte diario sobre las tareas de inteligencia realizadas en los penales federales de alta seguridad. Si por esa vía le dio informes reales a Rubido, éste debió actuar de inmediato para evitar que El Chapo controlara la prisión.
El titular del Cisen es Eugenio Ímaz, que trabajó con Osorio Chong cuando éste fue gobernador de Hidalgo; pero durante los primeros dos años del sexenio, hasta hace cinco meses, el responsable del área de inteligencia –y de esas tareas en los penales federales– era Gerardo Elías García Benavente, hombre de confianza del subsecretario Luis Enrique Miranda, a quien llama compadre, y que se ostenta como amigo del presidente “Enrique”.
García Benavente también trabajó en la PF. Actualmente ostenta el cargo de coordinador general de Contrainteligencia, y Daniel Santos Gutiérrez Córdova es el coordinador general de Inteligencia, pero en el interior del Cisen se afirma que García Benavente controla esas dos áreas y le reporta directamente a Miranda.
La investigación también arrojó que Juan Ignacio Hernández, titular del ODPRS y exsubprocurador de Quintana Roo, lo mismo que Celina Oseguera, directora general de Políticas y Desarrollo Penitenciario, extitular de la Agencia Federal de Investigación, fueron advertidos de que el Altiplano era una bomba de tiempo. No hicieron nada. El día de la “fuga”, Oseguera no estaba en su puesto; argumentó que fue a cuidar una propiedad que tiene en Colima ante la alerta emitida por el volcán.
Valentín Cárdenas, director general del Altiplano, lleva 20 años trabajando en cárceles federales. Era el responsable directo del presidio y en su escritorio tenía seis u ocho monitores de las áreas de mayor riesgo, como Tratamientos Especiales y Medidas Especiales. Es tal su responsabilidad que debe vivir en el penal; sólo sale cada 15 días.
Personal vinculado a las actividades del Altiplano afirma que Cárdenas siempre fue muy servicial con Guzmán Loera, su familia y abogados, siempre dispuesto a atender cualquier petición suya.
Cuando El Chapo llegó a la prisión de alta seguridad, hubo un reacomodo de jefes de plaza por módulo. Por ejemplo, se obtuvo información de que al regresar Treviño Morales al Altiplano, mandó golpear a La Barbie.
El director técnico, Librado Carmona García, junto con el jefe del Centro de Observación y Clasificación –presuntamente, su compadre– es el responsable directo de haber asignado la celda 20, en Tratamientos Especiales: la de Guzmán Loera.
Esto llama la atención porque la 20 es la celda más cercana a la colonia Santa Juana. Se afirma que las reubicaciones de los presos son decididas por Carmona García “ante el mejor postor”, a veces sin razón, para extorsionar a los internos: son llevados al área de Medidas Especiales, donde el único contacto es con el guardia, no hay llamadas ni visitas, no se puede comprar en las tienditas. Las autoridades del penal “le ponen el precio al aislamiento”.
El senador Alejandro Encinas fue parte de la comisión bicamaral que hizo el recorrido por el penal del Altiplano tras el escape de Guzmán Loera, Al preguntarle si la celda 20 es donde siempre había estado el capo, señaló que eso afirmó Gobernación, pero nunca le mostraron un documento. De igual forma, el gobierno les dijo a los legisladores que la PF y los directivos del penal emitieron la alerta de fuga 15 minutos después de la huida, pero tampoco presentó pruebas de eso.
El ostentoso control del capo
En el Altiplano hay ocho módulos divididos en las secciones A y B. Existe un cuerpo de Seguridad Penitenciaria y la de Guarda y Custodia. La primera se encarga de la seguridad interna, de sacar y meter a los internos de sus estancias, trasladarlos a locutorios, enfermería, visita familiar o íntima. La segunda se encarga de vigilar que no haya ataques externos, que los visitantes no introduzcan cosas prohibidas o que ingresen personas sin permiso o con documentos falsos.
Una de las fuentes consultadas afirmó que el túnel por el que escapó Guzmán Loera, según el gobierno, es imposible de construir “a menos que las tres compañías lo permitieran”: la Policía Federal y los cuerpos de Seguridad Penitenciaria y Guarda y Custodia.
De acuerdo con los datos obtenidos, tras la llegada del Chapo la situación empeoró. El capo no sólo vulneró los sistemas de seguridad en el penal y en el juzgado donde se llevaban a cabo sus audiencias, sino también en el exterior.
Desde hace seis meses el líder del Cártel de Sinaloa formó un equipo de colaboradores que se desplazaban en un automóvil Tsuru de color claro y modelo reciente, sin rótulos ni marcas distintivas. Se le veía rondando las inmediaciones del penal y dejando paquetes o sobres en tienditas cercanas a la entrada principal de la prisión, en Santa Juana: la colonia donde se construyó la casa adonde desemboca el túnel. El equipo de abogados de Guzmán Loera, incluido Óscar Gómez, también dejaba sobres con mensajes o dinero.
Las tienditas alrededor del penal también sirven como servicio de correspondencia. Abogados, familiares o empleados de los internos pueden dejar mensajes en papel, dentro de sobres cerrados, por 10 pesos; la persona que los recoge paga otros 10 pesos.
A través de ese sistema no sólo Guzmán Loera sino también El Z-40 y El Indio sobornaron al personal penitenciario. Todo esto bajo la supuesta vigilancia de la PF y del Ejército, en dos cercos de seguridad colocados a raíz de que fue recluido Guzmán Loera. Los testigos afirman que ni la operación del Tsuru ni la entrega de sobres era discreta, pues se realizaba de día y frente a quienes debían vigilar el exterior.
“La PF y el Ejército estaban ahí como el parapeto perfecto”, dijo uno de los informantes consultados. No supervisaban los vehículos por más llamativos u ostentosos que fueran.
Personas involucradas con los internos narran que desde hace dos meses había una nueva forma de meter teléfonos celulares a las celdas: en las televisiones a los que los reos tienen derecho, siempre y cuando el consejo se los autorice. Que dejaran pasar los aparatos costaba 5 mil dólares. Al menos tres de los narcotraficantes más importantes contaban ya con sus teléfonos mediante esa modalidad.
Un suceso que mostró la falta de seguridad en el penal fue el de abril pasado, cuando la Comisión Nacional de Seguridad informó que en el área de prácticas judiciales del penal una mujer con papeles falsos entró a ver al Chapo Guzmán, por lo que el organismo responsable de los penales federales iba a presentar una denuncia ante la PGR. Hace un mes se supo que la presunta visitante fue Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local panista de Sinaloa.
De acuerdo con los entrevistados, después de ese incidente se hizo mucho más rígido el ingreso al penal; se exigía estampar las huellas digitales. Pero la medida duró cerca de 15 días.
Las fuentes añaden que uno de los puntos de mayor relajación en el sistema de seguridad del penal es cuando los presos van a juzgado. Es cuando el abogado, con documentación apócrifa, puede hacer que una persona confiable para el interno entre para conversar con él. Ahí no hay micrófonos y es una práctica común porque los juzgados son los que autorizan la entrada de las personas.
Esto recuerda la situación que predominaba en la prisión federal de Puente Grande antes de la huida de Guzmán Loera en enero de 2001: diversas voces dentro y fuera del penal advirtieron de la corrupción y el control del capo, quien recibía comida de los mejores restaurantes de Guadalajara, prostitutas, cocineras o internas en su celda. También tenía una red de presos a su servicio y hasta un secretario particular.
El expediente judicial del caso, del cual tiene copia Proceso, revela que desde 1999 Jorge Enrique Tello Peón, entonces subsecretario de Seguridad Pública de Gobernación; Miguel Ángel Yunes, director general de Prevención y Readaptación Social, y Enrique Pérez Rodríguez, subdirector de Prevención y Readaptación Social, contaban con informes directos sobre el pleno control que Guzmán Loera ejercía en el penal.
Personas como Guadalupe Morfín, entonces presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, y Antonio Aguilar Garzón, supervisor de seguridad y traslados dentro del penal, dieron información precisa, pero fueron ignorados. Las consecuencias son conocidas.
Cuando ocurrió la primera fuga, Tello Peón era responsable de los penales federales en la recién creada Secretaría de Seguridad Pública y Pérez Rodríguez fue nombrado director general de Prevención y Readaptación Social.
Las sanciones por aquel escape del Chapo nunca llegaron a los altos niveles de gobierno, pese a las pruebas contundentes de negligencia o complicidad. Unos cuantos custodios y directivos de Puente Grande fueron encarcelados, y liberados poco a poco por falta de pruebas o condenados a penas cortas, y aun en estos casos nunca pisaron una cárcel de máxima seguridad, sino penales locales del Distrito Federal, en los que gozaron de privilegios.
Uno de los últimos en salir fue Leonardo Beltrán Santana, nada menos que el director del penal cuando ocurrió la primera fuga, a quien la SSP a cargo de García Luna le concedió la preliberación por buena conducta en junio de 2010, tras cumplir nueve de los 18 años a que estaba condenado.
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