XALAPA, Ver. (apro).- Víctor Manuel Arcos Suárez, exprecandidato del PRI a la alcaldía de Emiliano Zapata y empresario musical, demandó por la vía mercantil y administrativa a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y al gobierno de Javier Duarte por incumplimiento de contrato en la realización del Festival por la Paz efectuado en agosto pasado y que casi después de un año no ha podido ser liquidado.
Arco Suárez señaló que su empresa Hacienda Musical se ha visto perjudicada por un monto de casi 4 millones de pesos si a ello suma la contratación de diversos grupos musicales, hospedaje y traslado en avión de los artistas, así como el montaje de la escenografía para la realización del festival, aparte de los intereses moratorios que ha tenido que pagar derivados del contrato SSP-UA-142/14.
“El contrato se sufragaría con recursos federales, incluso mis contadores dicen que el monto ya fue deducido de impuestos, pues el gobierno (de Duarte) ya dio el contrato como pagado. Sin embargo, a mí no me han abonado un solo peso”, acusó.
La querella fue interpuesta en la Sala Regional zona Centro, Xalapa, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Arcos Suárez, quien presume su militancia priista, asegura que ya se cansó de hacer “antesala” en la oficina del titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita; en la Secretaría Particular del gobernador, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para exigir su pago y por el que debió absorber intereses moratorios de 70 mil pesos mensuales.
El Festival por la Paz fue realizado el pasado 26 de agosto bajo el contrato de la licitación simplificada LICTP-014-14, en el que actuaron el grupo puertorriqueño Merenglass, la Sonora Santanera y el grupo Jaleo, entre otros.
Arcos detalla que su empresa sufragó toda la logística, desde los boletos de avión, hospedaje y contratos individuales de los artistas hasta la renta de toldos y baños móviles.
“El contrato que firmé con el gobierno y con la SSP me exigía solvencia financiera y así lo asimilé”, explica.
Al igual que a su empresa, abunda, el gobierno de Duarte y la Junta Estatal de Mejoras tienen adeudos millonarios con otras agrupaciones musicales que han tocado en fiestas patronales y en distintas ferias de la región.
En la plaza Lerdo, renombrada plaza Regina Martínez, es común que una vez al mes grupos de banda, conjuntos de música cumbia y hasta “sonideros” se planten frente al Palacio de Gobierno para protestar por la falta de pagos correspondientes a conciertos que datan desde el primer año de la actual administración priista.
Víctor Manuel Arcos entregó a Apro copia de las tres facturas que el gobierno estatal y la SSP dieron como asimiladas dentro del contrato, y la de mayor costo es por un monto de un millón 852 mil 889 pesos y fue recibida con el folio Factura A3 con fecha del 25 de septiembre de 2014.
“El dinero para pagar esa factura ya fue depositado por el gobierno federal, ya fue deducible de impuestos y la SSP ya la dio por pagada, cuando no es así. Creo que la SSP está incurriendo en un delito”, expone.
En Proceso 2019 se publicó que la insolvencia en la entidad es tal, que miembros de las cámaras nacionales de Comercio (Canaco) y de la Industria de la Transformación (Canacintra), así como de la Coparmex y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) literalmente “acampan” en la Sefiplan para exigir la “liberación de sus saldos”.
El reportaje detalla en que los empresarios han aceptado “pagos chiquitos” mensuales que apenas equivalen a 15% de lo que el gobierno de Duarte les adeuda.
En esa coyuntura, hasta la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en Veracruz ha exigido, vía dos desplegados de prensa, el pago de 10 millones 47 mil 840 pesos por concepto de vehículos adquiridos el año pasado por dependencias como SSP, Obras Públicas y Medio Ambiente y cuyo último requerimiento reclamaron el mes pasado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario