 |
| Las tierras expropiadas en San Francisco Xochicuautla, Edomex. Foto: Benjamin Flores |
TOLUCA, Edomex. (apro).- Pese a tratarse de una zona considerada como Santuario del Agua y reserva ecológica, el gobierno federal pretende pagar a 28 pesos con 60 centavos el metro cuadrado de las tierras expropiadas en San Francisco Xochicuautla, para dar paso a la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, una obra adjudicada a la empresa Autovan, filial de Higa.
El decreto expropiatorio publicado el pasado 9 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), prevé, en su Resultando Quinto, que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto de la indemnización mediante avalúo con número genérico G-09590-ZNC y secuencial 03-15-150 de 19 de marzo de 2015, con vigencia de un año contado a partir de la fecha de su emisión.
En él se asignó el valor unitario de 286 mil pesos por hectárea, de tal manera que por las casi 38 hectáreas a expropiar se pagará a los comuneros la cantidad total de 10 millones 850 mil 440 pesos.
La asociación civil change.org advierte que el proyecto de Autopista Naucalpan–Aeropuerto de Toluca (también llamada Interlomas-Aeropuerto), pretende destruir más de 600 mil metros cuadrados de bosque, afectando la producción de 250 millones de litros de agua por año.
Además de promover el amparo correspondiente contra el decreto expropiatorio, a la lucha de Xochiacuautla se han sumado padres de familia de los 43 desaparecidos y tres asesinados de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa y familiares de los presos políticos de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenancingo.
El decreto por el que se expropia “por causa de utilidad pública una superficie de 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común, de la comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción”, asegura que los días 5, 8, 9, 10 y 12 de junio se llevaron a cabo diversas asambleas con los representantes de la Comunidad para realizar las consultas que conforme a derecho se requerían, por tratarse de una comunidad indígena.
La comunidad consultada, asegura el documento, “se pronunció por aprobar la construcción y operación de la Autopista Toluca-Naucalpan y autorizaron a la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, a través del SAASCAEM, a continuar con el proyecto de expropiación correspondiente”.
No obstante, José Luis Fernández, vocero de los comuneros, asegura que el decreto expropiatorio es ilegal porque nunca se realizó la consulta referida, pues no hubo una convocatoria ni asamblea.
Las firmas con que pretenden demostrar la asamblea, acusó, fueron obtenidas mediante engaños, cuando a los vecinos se les ofreció convertirlos en beneficiarios de programas sociales.
En 2013, un total de 14 pobladores fueron encarcelados acusados de impedir que se realizaran las obras de la autopista; en noviembre del 2014, otros ocho fueron detenidos tras un enfrentamiento con la policía que resguardaba las obras.
Pese al amparo promovido este viernes, el decreto advierte que la superficie expropiada se encuentra ocupada por el SAASCAEM y no es susceptible de actividades agrícolas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario