(14 de febrero, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Desde que se anunciaron las llamadas “reformas estructurales” de Peña Nieto, éstas fueron blanco de una ola de críticas fuertes, emanadas de diversos sectores de la sociedad por considerar que atentaban contra el desarrollo del país, privilegiaban sólo a algunos y perjudican al pueblo en general.
Avaladas por el PRD en el pacto por México, las reformas fueron aprobadas a lo largo de 2014 y parte de 2013, con la maquinaria legislativa priista que en ambas cámaras utilizó todo el aparato para decretarlas con la anuencia de la mayoría de los legisladores.
En este punto, algunos diputados y senadores considerados de izquierda mantuvieron su postura en contra de las “reformas” de Peña, sin embargo no fue suficiente ante lo que denominaron: “el carro completo del partido gobernante”.
No obstante, la promesa de mejora y desarrollo de las reformas aún no se observa y por el contrario, mantiene a México sin moverse.
Reforma laboral sin resultados
En este sentido, la reforma en materia laboral, criticada por eliminar derechos de los trabajadores, introdujo la figura de los contratos a prueba, mismos que otorgan la posibilidad a los patrones de emplear a personal por periodos de uno a hasta 6 meses; en relación, cabe recordar que al finalizar este tiempo, los patrones no estarán sujetos a continuar con el contrato de trabajo ni pagar algún tipo de indemnización por las labores emprendidas por el trabajador. De igual forma, esta nueva legislación incluye la contratación vía outsorcing, en donde las compañías adquieren la posibilidad de contratar al personal a través de un tercero- como las agencias de recursos humanos- liberando así de responsabilidades a las empresas.
La versión oficial del gobierno afirmaba que al aprobar esta nueva legislación se buscaría proteger los derechos de los trabajadores, así como impulsar la creación de empleos y mejorar las condiciones de estos. La principal crítica de los especialistas entorno a esta nueva ley se centra en que la reforma pone como sujeto principal a las empresas y patrones, vela por sus intereses y deja en segundo lugar los derechos de los trabajadores, diluyendo las garantías conseguidas para la clase proletaria durante años de lucha social.
A pesar de las promesa de empleo de la reforma, en recientes fechas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha dado a conocer que al termino de 2014, la cifra de desocupación a nivel nacional se ubicó en 2 millones 284 mil personas -4.4%-, lo cual representa 0.2% menos que el 2013. No obstante, expertos han aclarado que esta reducción en la tasa de desempleo, no se debe a una mayor creación de plazas laborales y ni un aumento en la contratación de personal, sino a una disminución en el número de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que se traduce en una menor cantidad de personas solicitando empleo.
De igual forma, este organismo informó que a diciembre de 2014 la cifra de trabajadores del sector informal alcanzó los 28.9 millones de personas, lo que equivale al 57.9% de la población ocupada. Asimismo, se detalló que el número de trabajadores que perciben salarios bajos aumentó, en donde 6 millones 709 mil trabajadores reciben como pago menos de un salario mínimo.
Aunado a estas condiciones desfavorables para los trabajadores, en donde la tendencia de los sueldos es a la baja, el fenómeno de la inflación en los precios de los productos de la canasta básica hace aparición. De acuerdo a expertos, debido a factores como: el incremento en los precios del dólar, así como la caída en los costos del petróleo, podrían generar un 20% de aumento en el valor de los productos de consumo básicos.
La energética; el despojo de la nación
La reforma energética, como es sabido, abre el mercado a la participación de capital privado y en palabras de sus principales opositores “pone en manos de extranjeros la riqueza petrolera de la nación, privatizando lo que es de y para los mexicanos”.
Con la aprobación de las leyes secundarias de esta reforma, afirma el senador de la república Alejandro Encinas, se consumó el despojo de los hidrocarburos, pues al transferir las actividades sustantivas del sector, como la exploración y la extracción, los privados se apropiaran de la mayor parte de la renta petrolera.
De igual forma manifestó que al quitar a Pemex y CFE su carácter de Paraestatal y convertirlas en empresas productivas del Estado, se convierten en propiedad exclusiva del gobierno federal y no del pueblo mexicano.
“La avaricia y la voracidad no tiene límites, el gobierno actual no acepta ni escucha las demandas del pueblo, por ello no nos sorprendió que la maquinaria autoritaria del ejecutivo, en complicidad con la Suprema Corte, no permitiera a los mexicanos ser consultados sobre la aprobación de la reforma en materia energética”, dijo.
Asimismo apuntó que al estipular a la actividad petrolera como estratégica para la nación, se abre la puerta a la ocupación de las tierras al poner a esta industria extractiva como preferente sobre cualquier otra ocupación del suelo.
“Se establece un proceso para la adquisición de tierras, con el fin de que las compañías negocien con los dueños legítimos; en caso de no haber acuerdo, las empresas podrán pedir la intervención de la autoridad federal, quien, de no llegar a un convenio podrá expropiar, declarar una servidumbre legal de hidrocarburos o la ocupación temporal, legalizando así el despojo de la tierra”, comentó.
La reforma energética, en los últimos meses ha estado amenazada por la caída importante en los precios del crudo en el mundo. Esta situación, hace que los proyectos en México no sean atractivos ni rentables para las compañías, lo que obliga al gobierno a replantear la estrategia; con esto, una de las reformas estrella de Peña se podría venir abajo.
Ante esta situación del desplome en los precios del crudo, de acuerdo a estimaciones de analistas del sector, el precio por barril deberá estar por encima de los 60 dólares para que puedan ser rentables los proyectos de extracción de energéticos. Cabe recordar que en semanas previas se informó sobre la importación de 100 mil barriles de crudo de Estados Unidos, acción que impulsó aún más las críticas en contra del plan petrolero de la nación.
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