Hay informes internacionales que muestran que nuestro país ha vivido un deterioro muy grave en materia de diversas violaciones a derechos humanos, dijo Alberto Athié.
(Foto: Karina Maciel)
Durante varios meses se han llevado a cabo una serie de estudios, consultas, investigaciones de gabinete, acerca de tantos procesos de inconformidades y quejas en México; ya hay amparos contra el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, porque sus recomendaciones o acciones no protegen sus derechos sino incluso van contra los derechos humanos por lo que junto con organizaciones no gubernamentales buscan un juicio político, comentaron Alberto Athié, defensor de los derechos humanos y Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
En entrevista para Aristegui CNN, Athié dijo que hay informes internacionales que muestran que nuestro país ha vivido un deterioro muy grave en materia de diversas violaciones a derechos humanos fundamentales, desapariciones forzosas, acciones de militares y marinos, por ejemplo el informe de la ONU indica que hay mil 695 denuncias y abusos cometidos por el Ejército y 495 por la Armada, de las cuales solo la CNDH ha emitido 25 recomendaciones.
Con toda la información “invitamos a una serie de abogados constitucionalistas, expertos, internacionalistas y obviamente a las organizaciones que han trabajado en todos esos procesos de amparo… algo jurídicamente muy bien sustentado, llegamos a la conclusión de que era absolutamente justificable hacer este paso, que es inédito en la historia de México, pedir un juicio a quien debería defender, proteger los derechos humanos de los ciudadanos”, indicó Athié.
“Hicimos una evaluación ciudadana con expertos de su proceder, es una evaluación nuestra, obviamente porque somos los primeros afectados, tenemos contacto con el Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad, son miembros de esta solicitud, en opinión de Javier Sicilia: si la comisión existiera no hubiera habido el movimiento como lo hicimos, no hubiera habido una ley de víctimas, no tendríamos necesidad de una comisión de víctimas”, enfatizó.
En tanto Edgar Cortez aseveró que “entregamos un documento en la Cámara de Diputados, suscrito con toda la argumentación, lo que viene es un proceso interno en el Congreso donde se formen las comisiones que tienen que analizar y dictaminar. Es una medida contra un órgano que legalmente en México es un órgano autónomo y lamentablemente en México se ha planteado a un órgano autónomo como si fuera equivalente a no tenerle que rendir cuentas a nadie”.
Se recurrió al juicio político “porque no hay muchas maneras de llamar a cuentas al presidente de la CNDH, prácticamente no hay, el informe anual que presenta es como un ritual, un informe político, después de examinar las posibilidades decidimos llamarlo a rendir cuentas”, precisó.
Agregó que “este proceso está en la víspera de que se concluya el período para el cual fue electo y nombrado Raúl Plascencia como presidente, que se concluye el 15 de noviembre, entonces estamos ya en el proceso que esperamos pronto tendrá abrirse términos de determinación si Raúl Plascencia es ratificado o no y en el caso de que no la posibilidad de que se elija a alguien nuevo, este también es como un elemento que esperamos que llame a la Cámara de Diputados y el Senado a considerarlo en términos del desempeño de la institución y a tomar una decisión de cual tiene que ser el futuro de la institución y a tomar una decisión”.
Caso Tlatlaya
En cuanto al caso en el que militares asesinaron a 22 personas, Athié señaló que “quienes realmente se pusieron a investigar qué es lo que estaba pasando con mayor profundidad fueron periodistas de los Estados Unidos y Human Right Watch”, más que la CNDH.
El presidente de la CNDH dijo dos cosas muy preocupantes, que se trató de un enfrentamiento ‘pero estamos investigando en seis semanas tengo la respuesta’, o sea, ¿cómo es posible que haciendo una investigación y ya tenga una respuesta donde está a favor de un enfrentamiento, abundó Athié.
El manejo de la institución para fines que no tienen nada que ver con los derechos humanos, ese es el problema con Tlatlaya, indicó.
Edgar Cortez señaló que “el de Tlatlaya es uno de los capítulos que tiene la demanda de juicio político: el uso a modo de los casos, administrarlos en función de la conveniencia política. Sería el caso más reciente, da un plazo de seis semanas para fijar una respuesta que van a coincidir con su reelección o no. El Ejército Mexicano ha sido uno de los temas donde la CNDH ha sido omisa, misiva, poco proactiva en cuanto a vigilar lo que está pasando. La CNDH tiene amplias facultades, tiene la facultad de ser proactiva.”
En entrevista para Aristegui CNN, Athié dijo que hay informes internacionales que muestran que nuestro país ha vivido un deterioro muy grave en materia de diversas violaciones a derechos humanos fundamentales, desapariciones forzosas, acciones de militares y marinos, por ejemplo el informe de la ONU indica que hay mil 695 denuncias y abusos cometidos por el Ejército y 495 por la Armada, de las cuales solo la CNDH ha emitido 25 recomendaciones.
Con toda la información “invitamos a una serie de abogados constitucionalistas, expertos, internacionalistas y obviamente a las organizaciones que han trabajado en todos esos procesos de amparo… algo jurídicamente muy bien sustentado, llegamos a la conclusión de que era absolutamente justificable hacer este paso, que es inédito en la historia de México, pedir un juicio a quien debería defender, proteger los derechos humanos de los ciudadanos”, indicó Athié.
“Hicimos una evaluación ciudadana con expertos de su proceder, es una evaluación nuestra, obviamente porque somos los primeros afectados, tenemos contacto con el Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad, son miembros de esta solicitud, en opinión de Javier Sicilia: si la comisión existiera no hubiera habido el movimiento como lo hicimos, no hubiera habido una ley de víctimas, no tendríamos necesidad de una comisión de víctimas”, enfatizó.
En tanto Edgar Cortez aseveró que “entregamos un documento en la Cámara de Diputados, suscrito con toda la argumentación, lo que viene es un proceso interno en el Congreso donde se formen las comisiones que tienen que analizar y dictaminar. Es una medida contra un órgano que legalmente en México es un órgano autónomo y lamentablemente en México se ha planteado a un órgano autónomo como si fuera equivalente a no tenerle que rendir cuentas a nadie”.
Se recurrió al juicio político “porque no hay muchas maneras de llamar a cuentas al presidente de la CNDH, prácticamente no hay, el informe anual que presenta es como un ritual, un informe político, después de examinar las posibilidades decidimos llamarlo a rendir cuentas”, precisó.
Agregó que “este proceso está en la víspera de que se concluya el período para el cual fue electo y nombrado Raúl Plascencia como presidente, que se concluye el 15 de noviembre, entonces estamos ya en el proceso que esperamos pronto tendrá abrirse términos de determinación si Raúl Plascencia es ratificado o no y en el caso de que no la posibilidad de que se elija a alguien nuevo, este también es como un elemento que esperamos que llame a la Cámara de Diputados y el Senado a considerarlo en términos del desempeño de la institución y a tomar una decisión de cual tiene que ser el futuro de la institución y a tomar una decisión”.
Caso Tlatlaya
En cuanto al caso en el que militares asesinaron a 22 personas, Athié señaló que “quienes realmente se pusieron a investigar qué es lo que estaba pasando con mayor profundidad fueron periodistas de los Estados Unidos y Human Right Watch”, más que la CNDH.
El presidente de la CNDH dijo dos cosas muy preocupantes, que se trató de un enfrentamiento ‘pero estamos investigando en seis semanas tengo la respuesta’, o sea, ¿cómo es posible que haciendo una investigación y ya tenga una respuesta donde está a favor de un enfrentamiento, abundó Athié.
El manejo de la institución para fines que no tienen nada que ver con los derechos humanos, ese es el problema con Tlatlaya, indicó.
Edgar Cortez señaló que “el de Tlatlaya es uno de los capítulos que tiene la demanda de juicio político: el uso a modo de los casos, administrarlos en función de la conveniencia política. Sería el caso más reciente, da un plazo de seis semanas para fijar una respuesta que van a coincidir con su reelección o no. El Ejército Mexicano ha sido uno de los temas donde la CNDH ha sido omisa, misiva, poco proactiva en cuanto a vigilar lo que está pasando. La CNDH tiene amplias facultades, tiene la facultad de ser proactiva.”
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