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| ... Nicomedes Fuentes García, Arquimides Morales Carranza, José Enrique González Ruiz e Hilda Navarrete Gorjón, como integrantes de la Comisión de la Verdad ... |
En medio de la crispación social y la violencia en Guerrero, la defensora de los derechos humanos Pilar Noriega García y el exguerrillero Nicomedes Fuentes García, ambos integrantes de la Comisión de la Verdad (Comverdad) del estado, fueron víctimas de una agresión el 28 de enero en las inmediaciones de Chilpancingo.
Un par de horas antes del atentado que sufrió el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de esa ciudad, Pioquinto Damián Huato, Noriega y Fuentes recibieron amenazas de hombres armados mientras se trasladaban de Iguala a la capital guerrerense.
Actualmente presidida por el exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) Enrique González Ruiz, la Comverdad es un organismo público descentralizado y autónomo, creado en abril de 2012 con el objetivo de elaborar un informe sobre los hechos ocurridos durante la llamada guerra sucia en esa entidad entre 1969 y 1979, registrar a las personas afectadas y proponer medidas de reparación para ellas y sus familias.
Sobre la agresión a Fuentes y Noriega, González Ruiz dice en entrevista: “No sabemos si se trató de un asalto común o fue un intento de intimidarnos. No tenemos elementos para asegurar una cosa u otra, por eso exigimos al gobernador Ángel Aguirre Rivero que se investigue a fondo y se dé con los responsables”.
Guerrero es uno de los estados con mayor número de agresiones a defensores de los derechos humanos y activistas sociales, que además no han sido esclarecidas.
El 25 de noviembre del año pasado Éricka Zamora Pardo, de la Red Solidaria Década contra la Impunidad (Rsdiac), fundada por el obispo Raúl Vera, denunció que en 2011, cuando Aguirre Rivero asumió la gubernatura, 13 activistas habían sido ejecutados, “todos ellos con las mismas características de violencia extrema que podría haber sido provocada por el crimen organizado, y permanecen en la impunidad”.
González Ruiz, quien de 2008 a 2012 formó parte de la Comisión de Mediación (Comed) entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal para localizar a los desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, agrega: “Si lo que se quiere es darnos miedo, deberían saber que desde que aceptamos formar parte de la Comverdad sabíamos de los riesgos que corríamos, porque los perpetradores de las desapariciones y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Guerrero durante los años sesenta y setenta siguen activos, como policías, como políticos y como militares”.
El pasado 28 de enero, alrededor de las 18:00 horas, Nicomedes y Pilar circulaban por la carretera federal Iguala-Chilpancingo, a la altura del punto conocido como Casa Verde, muy cerca de Zumpango, en una vagoneta con el logotipo de la Comverdad.
Pilar Noriega relata: “Veníamos de recabar el testimonio de una persona cuyo padre formó parte de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR, el grupo guerrillero de Genaro Vázquez), que fue detenido y está desaparecido; de repente escuché un tronido muy fuerte, y en eso Nicomedes, quien manejaba la camioneta, me dijo: ‘Es un balazo’. Nos dimos cuenta entonces que del lado de Nico se nos había emparejado un carro compacto gris y unos hombres nos estaban encañonando para que nos detuviéramos”.
Según la declaración que al día siguiente hizo a reporteros el comisionado Fuentes –exintegrante del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas–, en el vehículo agresor viajaban al menos tres personas: el chofer y dos que sacaron medio cuerpo por las ventanillas para encañonarlos.
El correspondiente boletín de prensa de Comverdad resalta que la camioneta, conducida a unos 100 kilómetros por hora, golpeó dos veces el auto de los agresores y cayó en una cuneta. El vehículo fue detenido por una piedra. “Nos dijeron los policías que si no hubiera sido por eso nos hubiéramos volcado en el barranco, que está muy profundo”.
Después de eso los agresores se detuvieron unos momentos y siguieron rumbo a Chilpancingo. Nicomedes y Pilar temieron que volvieran y abandonaron la camioneta, atravesaron la carretera en dirección a Iguala y se adentraron en el cerro, donde pasaron la noche escondidos entre matorrales.
“En el monte no había señal de celular, pero fantaseamos que irían a buscarnos, porque para cualquier persona o policía que viera sobre la carretera una camioneta con el logo de la Comverdad abandonada y con las llaves puestas, era sin duda preocupante y tendría que generar preguntas sobre los ocupantes del vehículo.
“A las nueve de la noche escuchamos cómo se llevaban la camioneta; no quisimos ver, teníamos miedo. Nos enteramos después que la Policía Federal la sacó de la cuneta con una grúa, pero no se les ocurrió buscarnos”, dice Noriega.
En cuanto clareó, Nicomedes y Pilar salieron de su escondite y abordaron un vehículo de pasajeros que los llevó a Chilpancingo. Ahí fueron al Palacio de Gobierno para presentar una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del estado.
Noriega no especula sobre el móvil de la agresión, pero advierte que de la camioneta de la comisión fueron sustraídos documentos de trabajo. “Si se trató de delincuentes comunes, ¿para qué quieren material donde está nuestro trabajo? –se pregunta la defensora–; es preocupante porque se llevaron dos agendas, y Nico es muy minucioso al tomar notas de las reuniones. Había un documento que se iba a entregar el miércoles al Congreso. Nos dijo la policía que no había mochilas, y en una de ellas se quedó la laptop de Nico.
“Si hablamos de delincuencia común, lo interesante es que unos cheques que también se quedaron en la camioneta, hasta este día (30 de enero) no han sido cobrados.”
Acoso
La Comverdad ha registrado hechos inquietantes desde que arrancó sus labores. En julio de 2012 dos hombres armados y con uniformes de la Policía Federal allanaron la oficina del organismo en Acapulco. El mismo mes alguien rompió intencionalmente el cristal de una ventana de su sede en Chilpancingo.
La víspera de la agresión a Noriega y Fuentes, otra de las comisionadas, Hilda Navarrete Gorjón, reportó que alguien la siguió en la sierra de Atoyac cuando ella conducía una vagoneta, que también llevaba el logo de la comisión:
“Tenía un compromiso en San Juan de las Flores para documentar unos casos
–cuenta en entrevista–; antes de pasar el río vimos que no podíamos atravesarlo y decidimos regresar. Por el puente de Mexcaltepec se nos pegó un joven como de 30 años, en motocicleta. No nos quería alcanzar: si nos parábamos se detenía, y si avanzábamos lo hacía a distancia. Nos rebasó hasta que pasamos un retén militar que está antes de llegar a Atoyac.”
–cuenta en entrevista–; antes de pasar el río vimos que no podíamos atravesarlo y decidimos regresar. Por el puente de Mexcaltepec se nos pegó un joven como de 30 años, en motocicleta. No nos quería alcanzar: si nos parábamos se detenía, y si avanzábamos lo hacía a distancia. Nos rebasó hasta que pasamos un retén militar que está antes de llegar a Atoyac.”
Navarrete Gorjón, exdirectora del Centro de Derechos Humanos La Voz de los sin Voz de Coyuca de Benítez, dice por qué la inquietó tanto el incidente: “Aquí en la sierra han matado cualquier cantidad de gente desde motocicletas. A Rocío Mesino (dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur) la mataron precisamente en el puente de Mexcaltepec. Eran dos hombres que viajaban en motocicleta: el conductor y otro que se bajó y le disparó (el 19 de octubre de 2013)”.
Al respecto comenta Noriega: “El seguimiento a Hilda nos preocupa porque habíamos estado trabajando sin ningún incidente, hemos subido y bajado la sierra durante estos años sin problema. Creemos que la delincuencia organizada ya nos identifica, sabe qué estamos haciendo”.
Por eso señala que en estos últimos acontecimientos le preocupa la negativa de autoridades federales, sobre todo de la PGR, para colaborar con la Comverdad, a unos meses de que venza el plazo fijado por el Congreso de Guerrero para que rinda su último informe, el próximo 17 de abril.
“La PGR se ha negado a darnos acceso a las averiguaciones previas que integró la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), y argumenta que están abiertas, a pesar de que la Ley de la Comverdad establece que las autoridades locales, de las demás entidades de la República y federales, deben proporcionar información. Hasta ahora nos ofrecieron darnos acceso a un acervo reservado de la PGR, pero no nos dicen cuándo. Nuestro temor es que nos den permiso cuando estemos a punto de concluir nuestra labor o que estén rasurando los expedientes, lo que sería muy grave”, resalta Noriega.
El miércoles 29 el gobernador se reunió en la Casa Guerrero con integrantes de la Comverdad durante unos cinco minutos. Estuvieron presentes los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública y Protección Civil, Jesús Martínez Garnelo y Leonardo Vázquez Pérez, así como el procurador Iñaki Blanco Cabrera.
Según los funcionarios, es muy probable que la agresión proviniera de la delincuencia común, porque, dijeron, a la hora y en el lugar de los hechos todos los días hay asaltos a mano armada. González Ruiz cuenta que Aguirre Rivero coincidió con sus subalternos, pues “prefería pensar que lo que pasaron nuestros compañeros era un asunto de la delincuencia común”.
No obstante, el presidente de la comisión exige que se investigue la agresión: “La impunidad no es de ahora; hace más de 30 años que los perpetradores de la guerra sucia están paseándose tan campantes después de haber cometido crímenes de lesa humanidad, y son ahora funcionarios y políticos en activo, son policías, son militares en activo que nunca recibieron castigo”.
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