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| Las instalaciones de la Segob. Foto: Alejandro Saldívar |
A Carlos Meza, promotor de la libertad de expresión responsable
MÉXICO, D.F. (Proceso).- “El saber mata”, “El que nada sabe nada teme” y “Mientras menos sepas más feliz eres” son algunas de las frases que desestiman el valor del conocimiento, y que el ya clásico expresidente Vicente Fox hizo suyas. Actualmente los políticos mexicanos guardan las formas, aunque no son precisamente adictos a la lectura (salvo honradas excepciones). Incluso suelen alentar –o son alentados, para el caso es lo mismo– la edición de obras de aparente interés público. Es el caso de la colección Derechos del pueblo mexicano, financiada por la Cámara de Diputados y editada por Miguel Ángel Porrúa. Casi ningún mexicano la tiene y sólo puede consultarla en algunas de las principales bibliotecas del país. Veamos.
Primero. Como parte de un estudio que estoy elaborando sobre nuestro pasado en materia de política y “seguridad nacional”, llamaron mi atención unas tarjetas confidenciales de las áreas de investigación política de la Secretaría de Gobernación, encontradas en el Archivo General de la Nación, en la Ciudad de México. Hoy sería un escándalo censurar la compra de libros para educar y entrenar a funcionarios de cualquier área del gobierno. Pero no siempre fue así. Hace décadas y de acuerdo con las fichas secretas, se desató toda una pesquisa política cuando se sospechó que alguien había cometido el “pecado” de adquirir libros jurídicos para la biblioteca de Gobernación.
Resulta que el jefe del Departamento Consultivo y de Justicia de Gobernación, Salvador Cardona, le dirigió un memorándum muy molesto al subsecretario de Gobernación: “Me permito sugerir a usted la conveniencia de girar instrucciones al c. jefe del Departamento Confidencial para que mande practicar una investigación respecto a la inversión de la cantidad de 4 mil pesos que se dice se ha llevado a cabo para la compra de obras modernas de derecho intentando destinarlas a la biblioteca de esta Secretaría” (sic). Firma. 28 de agosto de 1934.
Segundo. Raudo y veloz, el Departamento Confidencial tardó sólo tres días en investigar este “lamentable” caso. El peligro de atentar contra la integridad de la ignorancia no admitía mayor demora. En un reporte confidencial el agente especial “X-176” se dirigió al subsecretario de Gobernación, con alivio: “Tengo el honor de informar a usted, como resultado de la comisión respecto de la inversión de la cantidad de 4 mil pesos que se dice se llevó a cabo para la compra de obras modernas destinadas a la biblioteca de esta Secretaría, que según informes obtenidos en las principales librerías de esta ciudad así como en la casa Andrés Botas, que es el editor de varias obras de derecho, que no ha llevado a efecto ninguna venta de libros para la Secretaría de Gobernación desde hace dos o tres años. Asimismo, el Departamento Administrativo me informó que no había habido ninguna erogación en este año ni en el pasado por ese concepto, teniendo registrada únicamente el 28 de julio próximo pasado una partida por mil 600 pesos para la compra de documentos para la historia de la independencia” (sic). La ignorancia había sido protegida una vez más. El agente X-176 había resuelto un grave caso, que pudo poner en riesgo de aprender a algunos funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
Tercero. No hay políticas públicas unívocas en el tiempo, aunque tampoco cambios tan absurdos como los que ocurren en nuestro país. Así como ayer se defendía con firmeza la ignorancia de los servidores públicos de Gobernación, hoy en día, aunque sea sólo en las formas, éstos deben tomar cursos de capacitación con periodicidad. Recuerdo los intentos realizados hace algunos años por una dependencia gubernamental, que intentó firmar un convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Fui requerido a la sesión en la que se debatió esa posibilidad. Lo que deseaba la dependencia, en síntesis, era que el IIJ UNAM tuviera “sensibilidad” para los cursos, porque había un problema: La plaza de subdirector de equis dirección general en realidad la tenía el chofer de la esposa del titular. Y pues “no se podía calificar igual”. Era tal la cantidad de absurdos que el doctor Jorge Fernández Ruiz –padre del derecho administrativo y coordinador de ese eventual proyecto–, educado pero enérgico, respondió: “Se equivocaron de institución. Aquí jamás aceptaríamos eso”. El doctor Fernández Ruiz hizo público lo que pensábamos y, en efecto, ahí terminó todo, aunque por desgracia la simulación y el gatopardismo siguen teniendo carta de naturalización en México.
evillanueva99@yahoo.com
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