Mexicana: esclarecimiento necesario

En coincidencia con la decisión de la juez encargada del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Edith Alarcón, de abrir una nueva convocatoria a potenciales inversionistas de la aerolínea, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió un punto de acuerdo en el que solicita a la Comisión Federal de Competencia investigar presuntas prácticas monopólicas de Grupo Aeroméxico, principal beneficiario de la larguísima agonía a que ha sido sometida su anterior competidora. En tanto, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un grupo de trabajadores de Mexicana se manifestó para exigir a las autoridades que expliquen los avances de las demandas en contra del empresario Gastón Azcárraga –antiguo propietario de la aerolínea– y de Andrés Conesa, ex presidente de la concentradora gubernamental de acciones Cintra, por las presuntas irregularidades durante y después del proceso de reprivatización de la empresa.

El impasse en que se encuentra la más antigua línea aérea del país desde hace más de dos años, y la falta de avances en los prolongados esfuerzos por revivirla, resultan particularmente exasperantes si se toman en cuenta las afectaciones que ese periodo de espera ha producido para los trabajadores –a quienes en un principio incluso se responsabilizó de la situación financiera de la aerolínea y quienes han carecido, en todo este tiempo, de una fuente de sustento estable–; para el público usuario de los servicios de transportación aérea, que han tenido que padecer incrementos hasta de 40 por ciento en los boletos de avión y ha quedado a merced de una mayor concentración en ese mercado y para el país en su conjunto, que ha perdido presencia y competitividad internacional en el terreno de la aeronáutica civil.
Tales afectaciones contrastan con la escandalosa impunidad que gozan los responsables del desastre que afronta la aerolínea, empezando por su anterior propietario, Gastón Azcárraga, cuya conducción empresarial fue tan turbia y cuestionable que consiguió, en cosa de cinco años, llevar a la compañía de una situación de bonanza económica a una de quiebra. No menos grave ha sido la inacción de las autoridades de la pasada administración federal, que primero toleraron tales manejos y posteriormente declinaron emprender una investigación seria para esclarecer las presumibles responsabilidades mercantiles, civiles y penales incurridas.

Por lo demás, la apertura de una nueva convocatoria para potenciales inversionistas de Mexicana obliga a recordar que la falta de solución al larguísimo conflicto de la empresa aérea no se debe a la ausencia de grupos o individuos interesados en capitalizarla, ni a la falta de voluntad de los trabajadores, sino a los persistentes obstáculos impuestos desde oficinas de funcionarios gubernamentales, entre los que pueden inscribirse los episodios de hostigamiento de autoridades contra potenciales inversionistas, denunciados en su momento por trabajadores, por el anterior juez del concurso, Felipe Consuelo Soto, y por los propios empresarios.
Ahora que la administración federal entrante ha asumido el compromiso público de recomponer las distintas rutas de catástrofe heredadas por su antecesora, lo menos que cabe esperar es que emprenda las acciones de esclarecimiento necesarias para despejar, o confirmar, la sospecha de que en los últimos dos años ha existido la consigna de impedir que Mexicana vuelva al espacio aéreo; para hacer visibles los motivos de este encarnizamiento contra la empresa y sus trabajadores y para determinar qué intereses inconfesables y qué complicidades político-empresariales se han conjurado para evitar la reactivación de la línea aérea.