Cuatro meses después de ser detenidos en Nicaragua en 6 camionetas con el logotipo de Grupo Televisa y 9.2 millones de dólares en efectivo, los 18 mexicanos encabezados por Raquel Alatorre Correa fueron declarados culpables por el delito de tráfico internacional de drogas, según la sentencia del juez Edgar Altamirano.
El desenlace de este juicio que llamó la atención de la prensa centroamericana y colocó a Grupo Televisa en un papel reactivo, a la defensiva, negando siempre que alguno de los detenidos tuviera alguna relación con el consorcio, aún tendrá otro episodio el 18 de enero.
El noticiario estelar de Televisa, conducido por Joaquín López Dóriga, informó de manera escueta en la emisión del 19 de diciembre, privilegiando la versión del juez Altamirano, quien consideró que los responsables “enmascaraban” el ilítico con el logotipo de la empresa de Azcárraga Jean.
Editorializando, López Dóriga afirmó que el juez nicaragüense en ningún momento pudo acreditar que los culpables trabajaran para la televisora “como falsa y dolosamente se ha repetido todas las mañanas desde hace meses”, en clara referencia al noticiero dirigido por Carmen Aristegui, en MVS Radio, sin mencionarla explícitamente.
Este es apenas el más reciente de los contrataques de Grupo Televisa frente a este episodio que ha despertado muchas dudas. López Dóriga no hizo referencia a los nombres de Amador Narcia, vicepresidente de información nacional, y de Claudio X. González, empresario vinculado a la televisora, que fueron mencionados en el desahogo de pruebas.
Raquel Alatorre Correa, la líder del grupo, declaró escuetamente que su última petición era “ser trasladada al Centro Penitenciario La Esperanza,”. Regresó a su silla, en la última fila del sitio donde se desarrolló el juicio público, y mantuvo su hermético silencio.
Juan Luis Torres, a quien se le identificó como el número 2 del grupo, fue más explícito. Afirmó que “desde el 20 de agosto, hemos estado detenidos, confinados, custodiados por militares y policías. No nos permiten ir al baño, comer. Estoy hablando con la verdad, mi dios es testigo. No respetaron nuestros derechos”.
En el juzgado estuvo presente el cónsul mexicano en Nicaragua, Germán Murguía, hablando constantemente por su teléfono móvil. La cancillería mexicana se destacó en todo este juicio por su papel de defensor de oficio de Grupo Televisa y no de los detenidos. Desde el principio, la Secretaría de Relaciones Exteriores negó cualquier vínculo entre la caravana y la empresa de comunicaciones.
Las 6 camionetas fueron decomisadas por las autoridades nicaragüenses. No estaban sólo “enmascaradas” con el logotipo de Televisa. También estaban equipadas con lo necesario para transmitir vía satélite y grabar. Las versiones de los inculpados fueron contradictorias. Lo mismo dijeron que viajaban para investigar a Carlos Slim que para hacer un reportaje sobre parques naturales en Costa Rica que para seguir una “pista” sobre narcotráfico.
El Litigio de Grupo Televisa
Inamovible, Grupo Televisa mantuvo una única versión en los 4 meses: no existe ninguna relación entre las camionetas, los detenidos y las presuntas llamadas telefónicas realizadas a directivos de la empresa.
Conforme se fueron desahogando algunas pistas del caso, incluyendo oficios presuntamente firmados por Amador Narcia, así como los registros vehiculares de las camionetas realizadas por gestores y representantes legales a nombre de Televisa, la empresa se enredó, pero no realizó ninguna investigación pública.
Por el contrario, decidió emprender su poder mediático en contra de los medios que cubrieron otros ángulos, especialmente, en contra de Carmen Aristegui, conductora de MVS Noticias, grupo adversario a Televisa.
Hace mes y medio, Grupo Televisa emitió un comunicado de 4 cuartillas para denostar la información proporcionada en las últimas semanas por la periodista Carmen Aristegui, y a defender a su vicepresidente de Información, Amador Narcia, quien el 8 de noviembre fue reconocido con el galardón Antena CIRT, otorgado por el organismo cúpula de los concesionarios de radio y televisión.
El 8 de noviembre Televisa enumeró 4 puntos “aclaratorios”. Acusó de “difamación” y “mentira” a la periodista Carmen Aristegui (mencionada 9 veces en el texto) y defendió a su vicepresidente de Información Nacional, Amador Narcia, quien ese mismo día fue mencionado de nuevo en el caso.
Un número telefónico a nombre de Amador Narcia apareció en los registros de llamadas y en las agendas telefónicas de los detenidos, especialmente de Raquel Alatorre Correa, la presunta líder de la “caravana” detenida el 20 de agosto, según la información publicada por el diario nicaragüense Confidencial.com .
De acuerdo a la información de este medio, los mexicanos portaban cinco teléfonos móviles inscritos en Nicaragua. De esos celulares realizaron más de 30 llamadas a números telefónicos que ya habían sido dados de baja, incluyendo uno que presuntamente era a la “oficina Televisa” (005215584217143) otro del “Lic. Amador Narcia” y uno más del consulado mexicano en Nicaragua, según complementó la información de MVS Noticias el 8 de noviembre.
Los directivos de Grupo Televisa promovieron que Narcia fuera galardonado con el premio Antena CIRT en la pasarela anual de los concesionarios ante autoridades y legisladores. Además del directivo de Televisa, fueron reconocidos el concesionario Francisco Aguirre Gómez, de Radio Centro, y Christian Martinoli, de TV Azteca.
Los “Papelitos” de Narcia
Proceso publicó en su edición 1875, del 7 de octubre, que recibió en la redacción de la revista la copia de dos cartas, firmadas por Amador Narcia Estrada, vicepresidente de Información Nacional de Televisa, dirigidas a las autoridades de Nicaragua y de Costa Rica, para que “brinden la ayuda posible para la función que los compañeros reporteros y personal técnico portadores de ésta, puedan realizar la labor correspondiente”.
Uno de esos oficios, en poder de Proceso y con el logotipo de Televisa, informa que una de las unidades es conducidas por Rodolfo Jiménez Camacho (con placas 886-XCR), cuya función es “grabar en diversas locaciones” de Nicaragua. El nombre coincide con uno de los detenidos en Nicaragua, quien dijo ser “conductor de unidad móvil”. Al ser detenido portaba un carnet de Televisa con folio B62271.2
Otro oficio, con fecha del 14 de agosto, dirigido a las “autoridades correspondientes” de Costa Rica, informa que una de las unidades es conducida por Julio César Alvarado Salas, con placas 444-XCJ, “misma que tiene la función de grabar en diversas locaciones”.
Los documentos detallan el equipamiento de ambas camionetas que es el ideal para la transmisión vía satelital, para grabar, reproducir, editar, mezclar audio. Incorporan un sistema de protección satelital GPS Kenwood Mod. KNA-631 N/S 5V001995, que poseen las unidades móviles de televisión comercial.
Grupo Televisa y Narcia consideraron apócrifos esos documentos y negaron cualquier vínculo con la caravana de los 18 detenidos. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario de la televisora afirmó: “Por supuesto, nada qué ver con el tema de las camionetas de Nicaragua. Ya se ha dicho varias veces. La alusión hace propicio reiterarlo”.
El 5 de octubre, en el noticiario nocturno de Canal 2, Televisa difundió que en enero de 2007 la policía preventiva de la Ciudad de México encontró en una bodega de la colonia Vallejo Poniente una camioneta “con falsos emblemas de Televisa”, la cual había sido adquirida en 2001, en Monterrey, Nuevo León, por Jesús Alvarado Torres, “quien tiene los mismos apellidos que Juana Alvarado Torres, líder de la banda detenida en Nicaragua con el nombre de Raquel Alatorre Correa”.
Es la segunda vez que el nombre de Amador Narcia apareció en un escándalo de Televisa con repercusiones internacionales. En diciembre de 2005, a raíz del tele-montaje de la detención de la joven francesa Florence Cassez y de Israel Vallarta, presuntos líderes de una banda de secuestradores, se mencionó que el acuerdo entre la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y Grupo Televisa fue a través de Narcia, sin que se enterara su jefe el vicepresidente de Noticias, Leopoldo Gómez, ni el reportero Pablo Reinah, asignado a la cobertura de esta “exclusiva”.
La detención de Cassez en el rancho Las Chinitas ocurrió después de un berrinche de Grupo Televisa porque las autoridades federales le “regalaron” a TV Azteca, la exclusiva de la liberación del director técnico del Cruz Azul, Omar Romano. Narcia negoció con la gente de la AFI que se les diera otra detención. Acordaron que la operación sería transmitida en el espacio del noticiero matutino de Carlos Loret de Mola y el reportero asignado sería Pablo Reinah.
Ante el escándalo detonado dos meses después por el montaje de la detención, Grupo Televisa decidió responsabilizar a Reinah y mantuvo a su jefe, Amador Narcia. Un litigio ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos le permitió a Reinah deslindarse de la responsabilidad exclusiva en el caso Cassez.
Las Caravanas de las Autoridades
En el expediente del caso Nicaragua lo único que ha quedado claro es que, antes de iniciado el juicio contra los 18 detenidos y que fueran desahogadas las investigaciones ministeriales, las autoridades federales y capitalinas han respaldado la versión inicial de Grupo Televisa: ninguna de las camionetas le pertenece y ninguno de los integrantes de la caravana tiene algún vínculo con la empresa.
A pesar de la serie de indicios y versiones contradictorias, desde el principio el embajador de México en Nicaragua, Rodrigo Labardini, envió un comunicado al juez el 23 de agosto asegurando que los detenidos “no son empleados, técnicos, presentadores o periodistas de la empresa Televisa, S.A”.
Rodrigo Zambrana, fiscal del ministerio público de Nicaragua, incorporó esa comunicación del embajador como “prueba documental”, provocando una airada protesta del equipo de abogados defensores, encabezado por Johana Fonseca (ver Proceso No. 1873).
No sólo el embajador y la cancillería en su conjunto, también la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Procuraduría General de la República han respondido al guión que, desde un inicio, estableció Grupo Televisa en este caso: las camionetas no son de la empresa y los detenidos no han trabajado o recibido pago alguno del corporativo.
Ni siquiera la hipótesis de que un grupo del crimen organizado se hubiera infiltrado al interior de la televisora o hubiera utilizado el logotipo y los nombres de apoderados y funcionarios de la empresa para registrar las camionetas ha sido plenamente acreditado por las autoridades ministeriales, a pesar de indicios documentales y testimonios de, por lo menos, cinco de los 18 detenidos.
Primero se negó la posibilidad de cualquier relación entre Televisa y las 6 camionetas. Luego, se divulgó que Televisa sería propietaria al menos de una de las seis camionetas Chevrolet tipo Van (ver Proceso No. 1871). Más tarde se determinó que las 6 fueron registradas con documentación a nombre de Televisa. Y la PGJDF informó que existen, al menos, registros de 10 camionetas “irregulares” a nombre de la televisora, además de las 6 incautadas en Nicaragua.
El procurador capitalino Jesús Rodríguez Almeida aseguró que se tienen 10 vehículos “que obtuvieron la documentación de manera similar” a las seis camionetas detenidas en Nicaragua. Informó que analizan si estas unidades tienen relación con la denuncia hecha en 2007 cuando fue encontrada una camioneta con logotipos de Televisa y con equipos de comunicación muy similares a las unidades móviles de esta empresa.
Televisa negó desde el 19 de septiembre, a través de El Noticiero de Joaquín López Dóriga, que tuviera algún vínculo con los trámites de alta vehicular realizados “con documentación apócrifa” en las oficinas de la Secretaría de Transporte y Vialidad. Mencionó que Raquel Alatorre Correa utilizó ilegalmente un poder notarial para realizar los trámites vehiculares.
Un día después, el 20 de septiembre, la versión de Noticieros Televisa fue la siguiente: “Estas camionetas fueron posteriormente registradas a nombre de Televisa utilizando documentación apócrifa presumiblemente sustraída de los archivos de la Setravi, en los que destaca una copia de un poder notarial vencido a favor del gestor que Televisa utiliza normalmente para realizar los trámites. El gestor ha declarado ante las autoridades que investigan el caso que no identifica los vehículos. El poder notarial no lo usa desde 2008”.
El reportero Homero Campa publicó en Proceso No. 1873 que, de acuerdo con los documentos del expediente, los trámites de registro de las seis camionetas Chevrolet los realizó Armando Tavera Sánchez, representante legal de Televisa.
El 30 de septiembre, el titular de la Setravi, Armando Quinterio, afirmó que los funcionarios involucrados en la documentación irregular de las camionetas podrían ser sujetos a una sanción administrativa, pero que “todos los involucrados son personas de base, sindicalizados, y hasta ahora no hay ningún funcionario público ni del más bajo nivel involucrado”.
El 7 de noviembre, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos, acabó por validar también la versión de Grupo Televisa.
De acuerdo con las investigaciones del ministerio público federal “no existen elementos” que refieran que las camionetas pertenecen a Grupo Televisa, “lo que es una clara prueba de que fueron adquiridas por una persona de sexo femenino que se encuentra detenida en Nicaragua, además de que la empresa ya ha acudido a acreditar que no son suyas las camionetas”.
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